En el análisis de ALas845 conversamos sobre el tema, “Créditos, deudas y responsabilidades: claves para unas finanzas sanas”.

La discusión giró sobre la información financiera que debe conocer un ciudadano antes de solicitar un crédito, los efectos de no atender adecuadamente las obligaciones crediticias, y las implicaciones de la Ley de Tarjetas de Crédito en la relación entre usuarios y entidades bancarias.

Hugo Rafael Oroxom Mérida, contador Público y Auditor, con Maestría en Administración de Empresas y Finanzas, fue el invitado en el espacio para dialogar sobre qué debe conocer un ciudadano antes de endeudarse.

Al inicio, el experto explicó que el efectivo prestado por los bancos, deviene de los mismos depositantes. “El dinero que los bancos prestan no es de los accionistas, sino que son de los depositantes. Si son bancos extranjeros, son fondos ajenos. En Guatemala se tiene un requisito de patrimonio del 10 %”, dijo.

Según Mérida, en el país existen alternativas para solicitar financiamiento y citó el caso de las cooperativas. “La normativa aplica solo a instituciones bancarias supervisadas por la Superintendencia de Bancos (SIB). Los requerimientos son parecidos. El destino de los créditos productivos es alrededor del 58% del total de la cartera”, explicó.

Sobre los requisitos para solicitar financiamientos, señaló que durante la pandemia autoridades liberaron a los bancos para solicitar los parámetros que consideraran. “Cuando un crédito está en el rango de un millón a 5 millones sí se requiere la presentación de estados financieros. Conforme suban los créditos se requieren datos más estrictos”, resaltó.

El experto señaló que en ese momento los bancos fueron liberados para analizar a sus clientes. “El estado de ingresos y egresos es algo fundamental para los bancos, además de su estado patrimonial, son requerimientos que se siguen manteniendo. El reglamento ya no exige A, B o C. Ha sido muy responsable la banca”, acotó.

En relación a los montos de créditos, el experto dijo que al 31 de mayo, el saldo de cartera de créditos de todo el sistema financiero nacional asciende a Q336 mil millones. Para el sector productivo son Q191 mil millones. Para personas individuales, siempre en sector productivo, son Q21 millones”, explicó.

Mérida agregó que un crédito en el área productiva está muy dirigido al crecimiento. “Las instituciones se basan mucho en el flujo, porque al final son informaciones históricas, pero lo que se vuelve relevante es cómo se proyecta uno en el futuro, y cómo le digo al banco cómo le pagaré el crédito. Por ejemplo, hay proyectos nuevos, pero obviamente no hay información histórica. El reglamento lo que pide es un estudio de factibilidad del proyecto, para evaluar la capacidad de pago de ese crédito. Como el dinero al final es de los depositantes, no son recursos propios los que se prestan, pues se debe percatar de que el crédito se le devolverá”, dijo.

El experto señaló que cada año el banco analiza el proyecto al que ha prestado y evalúa si hay un riesgo, o si éste ha crecido, la normativa le exige a reclasificar el crédito en otra categoría. “Se trata de que el banco empiece a reconocer pérdidas. Estas repercuten en las utilidades de los accionistas. Un ejemplo, es que un banco desde un inicio puede dar un crédito en E, pero la norma le dice que lo puede dar pero con su dinero, sin dar el de los accionistas y el de los ahorrantes; al final uno puede hacer con su dinero lo que le plazca”, explicó.

Mérida indicó que en cuanto al lavado, los bancos cuando conceden el crédito tienen la información financiera de un deudor, y si es más de Q5 millones, existe la opinión de un auditor. “El reglamento de la Junta Monetaria y la SIB le pide a los bancos que hagan visitas a las empresas, reduciendo el riesgo de que sean de cartón. En el repago de las deudas, ya entran las normas contra el lavado. Si determina que no es usual por los flujos de los fondos, si el deudor dijo que iba a ser en 10 años, pero paga la deuda en dos, el banco está obligado a pedir el sustento de esta operación, y que la persona lo fundamente. Si no se argumenta, el banco está obligado a notificar a la SIB la operación sospechosa”, narró.

En cuanto a los errores que se cometen más al pedir un crédito, el experto dijo que en el país no hay una normativa para no “sobre endeudarse”. “La SIB tiene un sistema de un riesgo crediticio. Se va a incorporar la información de las cooperativas a la cual no tenían acceso. Allí puede surgir que alguien se sobre endeude”, añadió.

En relación de las tarjetas de crédito, la normativa tiene una “aceleración” por ser créditos de consumo, resaltó. “Cuando llegan a 180 días de mora, el banco debe reconocer el 100 % de las pérdidas. Estos tienen más riesgo que los dados como créditos productivos. De las utilidades del banco debe cargar la pérdida”.

Sobre el convenio de pago, Mérida dijo que éste cambia las condiciones de la tarjeta de crédito. “Son convenios que le permiten a un tarjetahabiente poder salir. Es una medida que se incorporó para quienes se sobre endeuden. Lo que hay que recordar es que la forma en que se están atendiendo sus deudas, es del conocimiento de todo el sistema financiero. El banco debe conocer cómo esa persona está solventando sus deudas”.

El experto recomendó que antes de solicitar un crédito, un principio general es “no gastar más de lo que le ingresa”. “En proyectos de futuro también se evalúan de los ingresos futuros. En el tema de las tarjetas, uno de los temas sicológicos, es que si uno no ve el dinero, sino un plástico, lo mejor es tener un presupuesto”, añadió.

También dijo que se pueden conocer las tasas de interés en cada uno de los bancos, que están obligados a hacerlos públicos. “En el caso del deudor, si tengo flujos estacionales, debo decírselo al banco para que pueda pagar conforme a periodos. A mayor plazo la cuota es nivelada. Además, ver si se pueden hacer pagos anticipados de la deuda sin castigos, porque hay quienes sí sancionan”, finalizó.

La entrevista completa: