Una reducción de al menos cien mil personas en situación de inseguridad alimentaria en Guatemala registrada durante este año, reportada por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases (CIF), constituye un dato alentador. Sin embargo, se trata de apenas la punta del volcán de este desafío social, económico y humanitario, pues la reducción fue de 2.7 millones a 2.6 millones de guatemaltecos bajo amenaza nutricional. Sin embargo, vale la pena examinar cuáles han sido las prácticas, los métodos y también los contextos en los cuales se han logrado estas mejoras en comunidades del país.

Los departamentos de Huehuetenango y Alta Verapaz siguen teniendo las cifras más altas de riesgo alimentario y, por ende, de desnutrición infantil, crónica y aguda. En los primeros ocho meses del año se reporta el deceso de 32 niños menores de 5 años, a causa de cuadros prolongados de inanición o deficiente ingesta nutricional. Durante el mismo período del 2024 iban 39 fallecidos, con lo cual también se observa una leve baja en mortalidad, aunque, ciertamente, no debería morir ni un solo niño más en Guatemala, tratándose de un país con tanta producción de alimentos que incluso alcanzan para la exportación a naciones vecinas.

En efecto, el Reporte Global de Crisis Alimentaria 2025 sigue incluyendo a Guatemala entre los 65 países en seguimiento. Por su carácter global, tiene datos un poco más antiguos que los CIF, antes citados. Sin embargo, trazaba para el 2025 una reducción de riesgo para unas 300 mil personas. Era solo una proyección, pero debería ser también una meta, el siguiente objetivo, para todas las entidades involucradas. Las buenas prácticas, la comunicación comunitaria y los aportes de la iniciativa privada merecen imitarse.

Es necesario resaltar que Guatemala no se encuentra, ni por asomo, entre los países con peores situaciones de inseguridad alimentaria. Por supuesto, de no arrastrar esta situación, no estaríamos entre los 65 monitoreados. Pero en este grupo hay naciones con verdaderas debacles e inenarrables cuadros de hambruna. Varios países africanos, tres sudamericanos y, por supuesto, Haití, además de la Franja de Gaza, padecen emergencias alimentarias por factores como la guerra, migración masiva, devastación climática o la descomposición del aparato productivo.

En el caso guatemalteco, según el informe global, un 18% está en riesgo alimentario; es decir, de no completar la ingesta necesaria de nutrientes, y 300 mil personas se encuentran en emergencia alimentaria, que significa no tener acceso ni siquiera a una ración de comida al día. Las principales causas son la pobreza en ciertas regiones y las pérdidas de cosechas, que encarecen el precio de alimentos y los hacen prohibitivos para grupos vulnerables de población.

El abordaje de la desnutrición lleva ya más de dos décadas como una creciente “prioridad” de los gobiernos, y en cada período se han registrado más fiascos que avances. Crece más la burocracia de los entes que la inversión directa en las comunidades. Poco a poco se han ido corrigiendo algunas de estas rémoras que, literalmente, cuestan vidas. Proyectos nutricionales como Guatemaltecos por la Nutrición y otros, muy focalizados, auspiciados por la iniciativa privada, iglesias, voluntarios e incluso migrantes, son faros del ejemplo positivo. Es tiempo de que políticos y delfines dejen de vociferar demagogias y se sienten a tomar nota de la tarea pendiente, de los abordajes funcionales y los errores o negligencias, que no solo han sido onerosos sino mortales.