Las próximas semanas serán determinante para Guatemala, con procesos políticos de alto impacto institucional, presiones económicas externas y decisiones clave en el sistema de justicia que marcarán el rumbo del país en los próximos meses.

Uno de los hechos más relevantes será la toma de posesión de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), prevista para el 14 de abril, en medio de expectativas por posibles acciones legales que intenten frenar la transición.

El magistrado suplente electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Luis Fernando Bermejo, considera que el proceso avanza conforme a lo previsto. Señaló que observa “voluntad política del Congreso” para cerrar las etapas, luego de emitir el decreto de integración y programar la juramentación.

Bermejo explicó que únicamente resta que se cumplan los actos legales correspondientes para la toma de posesión, por lo que el proceso de transición “va caminando” hacia el relevo de la magistratura.

Elección firme

Asimismo, afirmó que, en el caso del Colegio de Abogados, la elección de magistrados está firme y no fue impugnada conforme al reglamento electoral del gremio.

Indicó que, aunque se han presentado acciones de amparo por actores externos, estas no tendrían efecto sobre el resultado. “La elección está firme y no debería variarse”, sostuvo, al tiempo que descartó la existencia de impedimentos legales para asumir el cargo el 14 de abril.

Agregó que algunos recursos buscaban frenar la integración de la CC o la juramentación de la magistrada Astrid Lemus; sin embargo, esos actos ya se concretaron, por lo que, a su criterio, dichas acciones quedarían sin materia.

Sobre otras designaciones, como las provenientes del Consejo Superior Universitario, indicó que las impugnaciones habrían sido desestimadas en su mayoría y que las acciones de amparo presentadas han sido suspendidas o no representan un obstáculo jurídico.

En ese sentido, consideró que no existe razón legal para impedir la toma de posesión de los magistrados y que el proceso debe concluir con la transición institucional prevista para el 14 de abril.

Reformas

En el Legislativo, el Congreso de la República de Guatemala continuará con la discusión de reformas a la ley contra el lavado de dinero, un tema que ha generado debate por sus implicaciones en controles financieros, persecución penal y cumplimiento de estándares internacionales.

El Congreso tiene que priorizar para evitar que el país caiga en una lista gris a escala internacional, es la reforma a la ley antilavado que apenas pasó en su primera lectura. La Superintendencia de Bancos explicó a los diputados Jefes de Bloque que la propuesta busca renovar la ley para combatir el lavado de activos, exigencia que de no cumplirse podría afectar en temas financieros, incluidas las remesas de la comunidad migrante.

Hasta ahora la propuesta apenas se encuentra en un primer debate, quedando pendiente la segunda lectura, tercera lectura y la redacción final, en donde cada uno de los artículos debe de ser sometido a votación.

Elección de fiscal general

Otro proceso que avanzará en abril es la selección de candidatos a fiscal general del Ministerio Público. La comisión de postulación tiene previsto integrar y presentar la nómina de seis candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) el viernes 17 de abril.

La comisión de postulación se encuentra en la fase de evaluación de aspirantes, en medio de denuncias de presiones y disputas políticas. El proceso es considerado estratégico, ya que definirá quién dirigirá la política criminal del país en los próximos años y tendrá influencia directa en investigaciones de alto impacto.

Usac continúa proceso

En el ámbito académico, la Universidad de San Carlos de Guatemala mantiene en desarrollo el proceso de elección de rector, un tema que ha estado marcado por conflictos internos, impugnaciones y cuestionamientos sobre la legitimidad del procedimiento.

La elección en la universidad estatal tiene implicaciones políticas indirectas, debido a su participación en instancias clave como la designación de magistrados y otros procesos de segundo grado.

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), llevará a cabo el próximo 8 de abril, las elecciones a Rector, período 2026-2030.

Presión por combustibles

En lo económico, el país continúa enfrentando precios elevados de los combustibles, un factor que impacta directamente en el costo de vida.

La volatilidad está ligada al contexto internacional, particularmente a tensiones geopolíticas como el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que incide en los mercados energéticos y mantiene incertidumbre sobre los precios del petróleo.

Este escenario presiona la inflación y afecta sectores como transporte, alimentos y producción, lo que mantiene en alerta tanto a autoridades como a consumidores.

Para Pablo Alejandro Solórzano, analista del Observatorio Legislativo, el actuar de los diputados se enfocó en temas políticos, priorizando quizá necesidades partidarias más que el bien colectivo y social.

“Las decisiones que han tenido que tomar se basan precisamente en intereses que tienen que ver de cara a sus futuras decisiones políticas, sus futuras participaciones y en un año preelectoral estamos viendo cómo el Congreso de la República se está ordenando políticamente, lo cual lo ha hecho improductivo”, dijo.

Pero tras el descanso de la Semana Santa, Solórzano estima que los diputados no deberían de seguir dejando de lado las propuestas que buscan mitigar el aumento a los combustibles.

“Creo que sería importante abordar el tema económico en relación con la situación actual. Obviamente los temas del país que han estado en la mesa y que no han avanzado a pesar de los consensos”, señaló.

Pocos resultados

Este año la décima legislatura del Congreso está bajo la presidencia del diputado Luis Contreras, del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), luego que nuevamente la alianza oficialista ganara la elección del órgano político.

Pero, aunque el Congreso ha cumplido con la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y con los procesos que le competen para la renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC), los analistas ven pocos resultados para la población en general.

Este año la actividad legislativa también peligra por los escenarios del año preelectoral, lo que podría significar una baja en la cantidad de decretos y la calidad de la legislación, según los analistas.