El juicio contraMaría Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle, señalados por la muerte de la estudiante Melisa Palacios, fue programado para diciembre del 2027, según una resolución judicial dada a conocer este martes 27 de enero. El proceso deberá esperar cerca de dos años.

La fecha fue fijada tras un largo trámite judicial, en el que se presentaron múltiples recursos, entre ellos recusaciones a jueces, reclasificación del delito y traslado de judicatura, ya que originalmente el caso se ventilaba en un juzgado de Chiquimula.

“Se convoca a los sujetos procesales y se programa la audiencia para inicio del debate oral y público para el día catorce de diciembre del dos mil veintisiete, a las 9 horas, en la sala de audiencia ubicada en el nivel 13 de la Torre de Tribunales”, se lee en la resolución.

El 5 de enero del 2025, el Ministerio Público (MP) presentó los 209 medios de prueba que utilizará durante el juicio por el asesinato de Melisa Alejandra Palacios Chacón.

La joven universitaria desapareció el 4 de julio del 2021 en San Jorge, Zacapa, y fue localizada sin vida un día después en Río Hondo.

Según el MP, los medios fueron seleccionados tras un análisis técnico y objetivo para incluir únicamente pruebas pertinentes, útiles y relevantes.

Entre ellos figuran ocho peritos en medicina forense, quienes declararán sobre la causa de muerte, determinada como una hemorragia subaracnoidea derivada de un traumatismo craneoencefálico.

También intervendrán peritos toxicológicos, quienes confirmarán la presencia de acetaminofén en el organismo de la víctima, sustancia mencionada en mensajes enviados por ella antes de fallecer. Asimismo, declararán peritos químico-biólogos que analizaron prendas y otros indicios recolectados.

El MP ofreció 26 testigos, entre ellos familiares de la víctima. Su madre relatará las circunstancias de la desaparición, el hallazgo del cuerpo y aspectos relacionados con su vestimenta. También declararán amigas y conocidos que aportarán detalles sobre la relación entre Melisa Palacios y Fernanda Bonilla.

Se presentarán testigos que habrían recibido videollamadas de Bonilla el día de los hechos, además de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del MP que participaron en el levantamiento del cuerpo y otras diligencias iniciales.

Entre los medios documentales figuran informes redactados por agentes de investigación criminal y técnicos especializados en perfilación de víctimas, análisis de cámaras de videovigilancia, redes sociales, posicionamiento GPS y registros telefónicos.

Uno de los documentos clave es el análisis de un teléfono celular entregado voluntariamente por Bonilla, que incluye 15 folios y un CD con imágenes y conversaciones de WhatsApp.

Se ofrecieron 126 pruebas documentales, como actas de procesamiento de escena, informes del Inacif y 65 fotografías que documentan el levantamiento del cuerpo y la individualización de indicios. También se incluyen informes sobre indicios embalados y hallazgos en prendas de vestir.

En cuanto a evidencia material, el MP presentó 18 pruebas físicas, como ropa, una piedra con manchas de sangre, celulares, tarjetas SIM y memorias SD, que serán exhibidas en el debate oral. Además, se incorporarán 31 pruebas visuales, como discos con fotografías y archivos digitales.

Defensa impugna pruebas

Saúl Zenteno Téllez, abogado defensor de Bonilla, manifestó su oposición a varias de las pruebas por considerarlas abundantes, innecesarias, impertinentes o ilegales. Citó el artículo 183 del Código Procesal Penal, que establece la inadmisibilidad de pruebas obtenidas por medios prohibidos, en especial aquellas relacionadas con comunicaciones privadas, al considerar que podrían vulnerar derechos constitucionales de su defendida.

Carol Yesenia Berganza, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “C”, admitió los 209 medios de prueba que serán utilizados durante el juicio contra María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle.