“Para prevenir, se debe contar con un plan integral de mitigación de riesgos antes de que llegue el problema”, destaca José Istupe, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), quien agrega que dicho plan es necesario para evitar la vulnerabilidad de las carreteras durante la época lluviosa. Istupe resalta que, para crearlo, es necesaria la colaboración interinstitucional que permita determinar las áreas vulnerables durante el invierno.

Covial señala que Guatemala está categorizada como uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Juan Laureano, vocero de Conred, explica que, durante la época de lluvias —a la cual el país ya se está adentrando—, todo el territorio nacional se encuentra en riesgo.

Según Laureano, las principales carreteras del país —específicamente la ruta al Atlántico, la ruta al Pacífico, la ruta Interamericana y la carretera a El Salvador— tienden a registrar, durante el invierno, inundaciones, derrumbes y deslizamientos. Esto se debe, explicó Laureano, a la falta de evaluaciones técnicas y análisis de campo que permitan determinar la calidad de los suelos.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de Camagro, señala que actualmente existe un riesgo inminente debido al inicio de las lluvias, el cual podría agravarse en las próximas semanas. “Esto pone en riesgo la conectividad, incrementa los costos de emergencias, reparación y transporte”. Caballeros destaca que se tienen identificados 120 tramos en condiciones críticas, sin importar la época del año, los cuales representan más del 50% de la red vial total.

¿Qué se necesita?

La razón por la cual la estabilidad de la red vial es compleja, según Covial, se debe a que las carreteras están construidas en medio de accidentes geográficos, tales como montañas, volcanes y ríos. Carlos Steiger, analista de competitividad del sector logístico de Agexport, señala que es necesario analizar los puntos de riesgo para su respectivo mantenimiento, lo cual —según Steiger— es clave para minimizar el impacto de las condiciones climáticas.

Para el desarrollo de este plan integral, Istupe destaca que debe contener tres puntos esenciales:

• Tener la información clasificada de todas las unidades de infraestructura afectadas por la red vial. Esto —según el director de Covial— quiere decir que toda la información debe enfocarse exclusivamente en el daño que puede provocar en cada región.
• Contar con un plan de acción para la mejora de los puntos anteriormente identificados. Istupe señala que es necesario contar con la obra planificada antes de que se desarrolle el problema; es decir, actuar antes de que llegue la temporada de lluvias y se presenten deslaves, hundimientos e inundaciones.
• Dar seguimiento. No se trata de un plan de un solo gobierno, sino de una estrategia que se fortalezca en el tiempo, para reducir los problemas que actualmente se presentan.

Istupe argumenta que, para crear un plan de esta magnitud, es necesario involucrar a instituciones públicas, como el Insivumeh y el Ministerio de Ambiente, para proporcionar datos relevantes, además de las municipalidades y gobernaciones que tienen a su cargo la red vial. También recalca la necesidad de participación de los actores privados.

Laureano aseguró que, para evitar el aumento de zonas vulnerables en el país, es necesario fortalecer las políticas públicas y la infraestructura: “Que esto también conlleve a estudios técnicos demostrados por expertos, que efectivamente la zona en donde se pueden realizar las construcciones sea segura para evitar cualquier tipo de emergencia”.

Según Istupe, se están realizando acercamientos con diferentes unidades para comenzar a recopilar la información.

Mantenimiento

Caballeros menciona que, por segundo año consecutivo, las carreteras no están recibiendo mantenimiento. “Estamos ya en el sexto mes del año y la ejecución del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones no supera ni siquiera la cuarta parte de su presupuesto”, destaca la directora ejecutiva de Camagro.

Según Caballeros, el estado crítico de 120 tramos se debe a la falta de mantenimiento durante el 2024 y los primeros seis meses del 2025.

De acuerdo con Istupe, a nivel nacional se registran 78 limpiezas activas, además de proyectos en proceso de adjudicación para dar cobertura a nivel nacional. Asimismo, el director de Covial señala que entre las licitaciones pendientes se encuentran trabajos de bacheo, señalización y limpieza.

Caballeros destaca que lo que el país necesita son acciones y planes que se cumplan en su totalidad. “Programas de mantenimiento que se ejecuten en los tiempos previstos y de manera adecuada”, afirma, y agrega que es necesaria la garantía de ejecución financiera y física de las obras.

Efectos en la productividad

El primer impacto —según Steiger— se refleja en los tiempos de movilización de la carga. “Un deslave, derrumbe o inundación en la ruta puede provocar horas de retraso”, afirma Steiger, quien menciona que esto genera el riesgo de no llegar puntualmente a las terminales portuarias y de no alcanzar la salida programada de los buques, en temas de exportación.

Caballeros menciona que el impacto directo de las carreteras en mal estado, específicamente para el sector agropecuario, se evidencia en los efectos negativos sobre los corredores principales de producción agrícola. Esto —según Caballeros— incrementa los costos logísticos y reduce el interés de los productores, ya que deben gastar más recursos en transporte, mantenimiento y combustible.

“Esto deteriora la competitividad del país de manera general”, afirma Caballeros, quien asegura que tanto los productores agropecuarios como los transportistas y comerciantes se ven afectados.

En ese sentido, Caballeros explica que el impacto negativo se genera tanto en la producción como en la disponibilidad y calidad de los productos en el mercado nacional.

Otros sectores vulnerables

Otras zonas calificadas como vulnerables —según Laureano— son las partes bajas del país, especialmente en la costa sur y la Boca Costa. Entre estos sectores también se incluyen departamentos como Suchitepéquez y Escuintla.

Asimismo, Laureano menciona que se registran departamentos como Petén y Quetzaltenango, ya que en época de lluvias suelen emitirse alertas por inundaciones. “Precisamente porque existen construcciones en lugares en donde no deberían haber”, reafirmó Laureano.

Durante este año, Istupe asegura que se han atendido 109 emergencias a nivel nacional, en los 22 departamentos del país. Entre dichas emergencias se incluye el retiro de árboles, rocas, y la atención en puentes y bóvedas. Los departamentos con mayor atención —según Istupe— son Santa Rosa, Quetzaltenango y El Progreso.