Una de las acciones legales interpuestas por la Procuraduría General de la Nación, a petición del Ministerio de Educación, es la inconstitucionalidad de siete artículos del pacto colectivo del 2022 —actualmente vigente—, bajo el argumento de que otorgan a los sindicalistas funciones que corresponden exclusivamente a la autoridad ministerial. La Corte de Constitucionalidad decidió no suspenderlos de manera provisional.

Sin embargo, la interpretación de la cartera de Educación apunta a que esta resolución no afecta la actual negociación. El viceministro Técnico, Francisco Cabrera, dijo a Prensa Libre que la resolución provisional de la Corte aplica al pacto vigente, lo cual no incluiría al que actualmente está en discusión, pues “no se puede dictaminar sobre algo que todavía no existe y que no tiene vida legal”.

Entonces, lo que decida la CC no evita que dichos artículos vuelvan a discutirse y que se modifiquen durante la negociación del nuevo pacto colectivo.

Esos apartados ya fueron puestos sobre la mesa, pero no se alcanzaron acuerdos respecto de su contenido con los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), entre ellos Joviel Acevedo, por lo que el debate se dejó para el final.

El funcionario consideró que estos artículos deben seguir en discusión, aunque eso prolongue la negociación, pues lo “importante” es contar con un nuevo pacto colectivo sin “ilegalidades”, como ocurre con el vigente.

“La resolución de la Corte es provisional; hay que esperar la decisión final al respecto. Si finalmente la Corte dice que esos artículos no son inconstitucionales, eso no impide que se vuelvan a discutir en el marco del pacto, pero tampoco impone que puedan quedar tal como están”, dijo.

Cabrera dice que el diálogo está abierto, pero el STEG debe ceder. “La idea de una mesa de negociación es que se encuentren acuerdos. El sindicato tendrá que considerar que, si quiere lograrlos, hay algunos de esos aspectos que deben ser discutidos y modificados”, agregó.

Poder administrativo

Entre estos siete artículos que la PGN señaló como inconstitucionales están los relativos a las juntas mixtas —artículos 45, 46 y 47—, que son un mecanismo para resolver, mediante la mediación y el diálogo, los conflictos laborales antes de que lleguen a los tribunales. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Educación sostienen que dichas juntas han asumido atribuciones que solo le competen a la cartera.

Si la decisión final de la Corte de Constitucionalidad es que no son inconstitucionales, ese argumento ya no podría emplearse en la mesa para volver a abordar esos artículos, aunque pueden pedir al sindicato que se discutan nuevamente para alcanzar un punto de acuerdo sobre su redacción, dice el Mineduc.

Además de estos siete artículos, hay alrededor de ocho que impactan en el presupuesto del Ministerio, cuya discusión también se dejó para el final.

En ese contexto, los representantes del STEG podrían volver a plantear un mayor incremento salarial. El Ministerio ya otorgó un aumento del 5%, que comenzó a aplicarse en junio, pero esta propuesta puede discutirse, aunque el Ministerio “no está obligado” a aceptarla, indicó el viceministro.

Cabrera tampoco descartó que el Mineduc solicite a la PGN interponer más recursos legales para que los docentes reanuden las clases. Hasta ahora se han presentado 12 acciones en distintos juzgados.

“Sí, vamos a seguir por la vía legal y tratando de que se cumpla (la ley)”, indicó, y añadió que, junto a la Procuraduría, analizan con frecuencia los recursos que pueden presentar.

Caravana se acerca

La caravana de maestros afiliados al STEG que salió de Huehuetenango el pasado martes se aproxima a la capital para unirse a los sindicalistas que pernoctan en la Plaza de la Constitución. Mientras que el Mineduc suma más de 7 mil 500 actas levantadas contra docentes que no se han presentado a las escuelas a impartir clases.

Una vez agotado el proceso administrativo —los docentes sancionados presentan pruebas para justificar su ausencia—, los faltistas tendrán 10 días de suspensión sin goce de salario. Esa es la situación de 50 maestros, a quienes se les descontará en el pago de julio los días no trabajados. Los demás casos reflejarán la reducción salarial en agosto.

Los docentes acumulan 39 días efectivos de huelga —hasta este 18 de julio—, pero el Mineduc aclara que la ley solo permite descontar lo equivalente a 10 días no laborados. El descuento se aplica sobre el salario total y el monto varía según el grado escalafonario de cada maestro.

Si el paro continúa, en agosto se podrá aplicar nuevamente la sanción correspondiente a 10 días no trabajados. En paralelo, podría iniciarse un proceso de destitución si persisten en ausentarse de las aulas.

La postura del Mineduc es que los maestros deben regresar a clases, cuando ya anunció que el ciclo escolar se extenderá para compensar el tiempo perdido.

Mientras tanto, los sindicalistas que vienen en caravana exigen una mesa de diálogo nacional para abordar no solo la mejora salarial del gremio y los programas de apoyo —como aumentar a Q10 la cuota de alimentación escolar por estudiante y proporcionar un vaso de leche, uniformes y zapatos para cada uno—, sino también el costo de la canasta básica, los combustibles y la energía eléctrica.

Al respecto, la cartera señaló que mantiene activas cuatro mesas de discusión con los sindicalistas, por lo que “el diálogo ha estado presente siempre”.