“Es un golpe más a la confianza de la población”: supuesta sustracción de Q56 mil pone en foco custodia de evidencias del MP
La supuesta sustracción de Q56 mil 450 que estaban bajo custodia como evidencia llevó a la captura de una oficial de la Fiscalía en Escuintla y puso bajo cuestionamiento los controles para el resguardo de pruebas.
El Ministerio Público (MP) informó este viernes 2 de octubre sobre la captura de Jennifer P., oficial de Fiscalía y encargada de un almacén de evidencias, durante dos allanamientos efectuados con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia Hunapú, zona 5 de Escuintla. La mujer tenía una orden de captura por los delitos de incumplimiento de deberes y peculado por sustracción, debido a que, según la investigación, habría omitido entregar al fiscal encargado Q56 mil 450 que custodiaba como evidencia y el efectivo ya no fue localizado cuando fue requerido como medio de prueba.
El caso fue abordado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde los participantes centraron el análisis en los mecanismos para custodiar evidencias, los filtros internos y las consecuencias que situaciones de este tipo pueden representar para la confianza en las instituciones de justicia.
Uno de los comentarios calificó el hecho como “un golpe más a la confianza de la población”, mientras otro planteó que el caso evidencia la necesidad de revisar los procedimientos para impedir que una sola persona pueda tener control sobre material probatorio sin suficientes mecanismos de supervisión.
Cuestionan controles sobre la custodia de evidencias
Durante la discusión se señaló que el resguardo de dinero, objetos u otros elementos incorporados a una investigación requiere controles que reduzcan el riesgo de pérdida, sustracción o alteración.
“No puede ser posible que solamente una persona sea la encargada cuando se debiese tener una serie de filtros precisamente para evitar contaminar la evidencia o este tipo de tentaciones”, se afirmó en el programa.
Los participantes indicaron que el caso debería servir para revisar los procedimientosde supervisión, responsabilidades y filtros aplicados al personal encargado de evidencias.
Advierten impacto en investigaciones y confianza institucional
Los participantes también hicieron énfasis en que la desaparición de un elemento bajo custodia no se limita al valor económico de lo perdido, porque puede afectar el desarrollo de la investigación en la que debía utilizarse.
Otra de las intervenciones sostuvo que situaciones de este tipo “atentan contra la integridad del sistema de justicia, de la labor que hace el Ministerio Público” y planteó la necesidad de fortalecer los controles institucionales.
“Cómo se entorpece un proceso que estaba en desarrollo y que ahora el Ministerio Público tendrá que encontrar otro mecanismo para poder llevar todas las piezas de esta investigación ante un juez”, se expuso durante el programa.
Según el MP, Jennifer P. tenía bajo su responsabilidad la suma de Q56 mil 450 como parte de una investigación y habría omitido las acciones necesarias para poner el dinero a disposición del fiscal encargado. La Fiscalía le atribuye además su presunta sustracción porque, al momento de solicitar el efectivo para incorporarlo como medio de prueba, este no fue encontrado. La investigación deberá establecer las circunstancias en las que desapareció el dinero y las responsabilidades correspondientes.
*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.