A las puertas de los procesos de elección de las principales autoridades del sistema de justicia y orden democrático en 2026, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, lanzó este martes una recomendación al Estado de Guatemala y a todos los actores involucrados en los procesos o que tendrán un papel decisivo en esos nombramientos.

En una declaración oficial difundida desde Ginebra, la experta dijo que la elección de las nuevas autoridades es un “paso clave” para poner fin a la criminalización de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, y que ello se lograría al garantizar que los nombramientos de las autoridades se basen en el “mérito y la integridad”.

“Guatemala se encuentra en una encrucijada crucial”, afirmó Satterthwaite al referirse al inicio del ciclo de designaciones que, durante la primera mitad de 2026, renovará cinco magistraturas titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como la elección de la próxima persona que será fiscal general y jefe del Ministerio Público. Se trata, subrayó, de instituciones “cruciales para la salvaguardia de la gobernanza democrática, los derechos humanos, el orden constitucional y el Estado de derecho”.

La relatora sostuvo que su visita a Guatemala en mayo de 2025—una misión de 12 días en la que se reunió con autoridades, operadores de justicia y organizaciones de la sociedad civil— le permitió confirmar “el carácter sistemático de la criminalización y su amplio impacto” sobre jueces, fiscales, abogados, líderes de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas.

En ese contexto, recalcó que la selección de personas “de probada integridad” para los cargos clave de 2026 sería “paso decisivo para eliminar de una vez por todas la instrumentalización de su sistema judicial”.

PERFIL DE CANDIDATOS BAJO ESCRUTINIO

En su pronunciamiento, Satterthwaite llamó a evitar la repetición de escenarios ya conocidos en el país, donde personas vinculadas a “abusos de poder o a graves violaciones de derechos humanos” han logrado acceder a cargos de alta relevancia institucional.

“Como medida mínima”, afirmó, “todas las personas contra las que existan denuncias creíbles de conducta incompatible con las normas de derechos humanos, especialmente aquellas que hayan tenido autoridad para tomar decisiones en los casos de criminalización, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se haya llevado a cabo una investigación independiente y exhaustiva”.

2026 y lo que está en juego para la ciudadanía: por qué importa quién ocupe los cargos que se disputarán

Las instituciones que se renovarán en 2026 desempeñaron un papel determinante durante la crisis política de 2023, cuando el MP, bajo la dirección de María Consuelo Porras, intentó frenar la transición presidencial que llevó al poder a Bernardo Arévalo.

RESPONSABILIDAD DE TODOS LOS INVOLUCRADOS

En una entrevista concedida a La Hora durante su visita al país, Satterthwaite ya había advertido sobre el deterioro de los procesos de selección de altas autoridades. “Estos mecanismos fueron concebidos para ser representativos y participativos”, explicó entonces, “pero hemos visto cómo han sido distorsionados por esfuerzos de influir, manipularlos y controlar resultados que no son los que prevén las leyes”.

En su declaración desde Ginebra, la experta insistió en la responsabilidad de todos los actores involucrados en los nombramientos. “Es deber de cada actor relevante cumplir con sus responsabilidades con la máxima rigurosidad”, afirmó, y llamó a que los procesos se desarrollen conforme a las normas vigentes, tomando en cuenta las lecciones aprendidas y las recomendaciones formuladas por mecanismos internacionales de derechos humanos.

Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU: necesidad de reformas, Comisiones de Postulación, criminalización y reserva judicial

Uno de los puntos señalados por Satterthwaite es la protección de quienes participan en estos procesos. La relatora pidió al Estado adoptar medidas para resguardar tanto a las personas candidatas como a los integrantes de las Comisiones de Postulación, y para evitar interferencias indebidas de “grupos y redes de corrupción”.

La preocupación de la ONU se sustenta, además, en un informe presentado por la relatora el pasado 23 de mayo, tras concluir su misión en Guatemala. En ese documento, Satterthwaite concluyó que, pese a que la fiscal general negó cualquier participación en la criminalización de operadores de justicia y periodistas, “los hechos apuntan a una realidad muy distinta”. El informe identifica al menos siete patrones recurrentes, entre ellos acusaciones vagas y desproporcionadas, detenciones arbitrarias, uso indebido de la prisión preventiva, acoso en línea y una erosión sistemática de las garantías procesales.

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