La renovación de autoridades avanza con la juramentación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como con los últimos pasos para conformar la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público.

Como se indicó en la columna anterior, son designaciones fundamentales para el próximo proceso electoral. Sus decisiones influyen en la transparencia, la independencia judicial y la integridad de las elecciones del 2027.

En ese contexto, una CC independiente es esencial para resolver disputas y proteger los derechos fundamentales, mientras el MP coordinará la persecución penal ante la posible comisión de delitos electorales. A menos de un año de que se inicie el proceso electoral, los nuevos magistrados del TSE son los funcionarios que afrontarán los retos más importantes en las elecciones generales.

El TSE es una institución con 23 direcciones y 61 dependencias, que debe gestionar un presupuesto que le permita cubrir los altos costos del empadronamiento masivo, la logística electoral y los sistemas informáticos, entre otros. Cuenta con 1,473 empleados permanentes, además de contratar y capacitar personal adicional para las elecciones generales. A ello se suma la administración y fiscalización de un sistema multipartidista que cuenta con 27 partidos políticos inscritos y 24 comités en proceso de formación. Además, debe establecer reglas claras para todas las organizaciones políticas. En este sentido, es vital reformar los reglamentos recién publicados de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

La desinformación por medio de noticias falsas y el uso de IA generativa en las campañas políticas son un reto que requiere estrategias de comunicación efectivas, educación cívica y capacidad de reacción por parte de la institución.

El TSE necesita un proceso de recuperación, principalmente en la Dirección General de Informática. Un software de gestión electoral adquirido o creado de forma transparente y eficiente es fundamental para la fiscalización en tiempo real y la legitimidad de los próximos procesos.

A partir de los hechos ocurridos en el proceso del 2023 y de la erosión de la confianza en la institución, el mayor desafío del TSE es recuperar la legitimidad y la confianza, mientras cumple un estrecho cronograma electoral, administra los limitados recursos con los que cuenta y aplica la justicia de forma independiente al sistema de partidos políticos.

Las decisiones que tome el pleno de magistrados en el 2026 allanarán el camino hacia las elecciones generales del 2027 y la consolidación de la institucionalidad democrática de Guatemala. Las instituciones importan: su estabilidad construye el Estado de derecho y la aplicación de reglas claras para todos los guatemaltecos otorga certeza y credibilidad a las autoridades.