A pocas semanas de vencerse el contrato 2-85 de explotación petrolera en el campo Xan, en el Congreso se presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Hidrocarburos que obligaría a las empresas a establecer y cumplir con un plan de cierre técnico y recuperación ambiental, pero también abriría la posibilidad de prorrogar el contrato por hasta ocho años.

Otro de los artículos de reforma establece que, para la prórroga de contratos de operaciones petroleras de explotación y exploración, deberá aumentarse la regalía originalmente pactada, la cual no podrá ser menor del 10%.

El contrato 2-85 del campo petrolero Xan, ubicado en San Andrés, Petén, es operado actualmente por la compañía francesa Perenco Guatemala Limited y vence el próximo 12 de agosto, tras finalizar 25 años de plazo original y 15 de prórroga. Con la ley vigente, no puede ser prorrogado nuevamente.

El Gobierno informó que dicho contrato no contiene un plan de cierre técnico y ambiental, por lo que el Estado deberá asumir ese costo, estimado en unos US$50 millones.

¿Qué se propone?

La iniciativa de ley, que consta de siete artículos, fue presentada a la Dirección Legislativa del Congreso de la República el 14 de julio último por los diputados Mirna Victoria Godoy Palala y José Carlos Sanabria Arias, del Movimiento Semilla.

Según la propuesta, se adicionaría el artículo 12 bis a la Ley de Hidrocarburos (Decreto Ley número 109-83), el cual establecería que todo contrato de operaciones petroleras debe incluir un plan de cierre, desmantelamiento y abandono del área de operaciones para la restauración ambiental. Este plan deberá ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Se especifica que el plan debe contemplar las actividades que el contratista debe ejecutar para cerrar administrativa, financiera, técnica, jurídica y ambientalmente las operaciones, con el objetivo de devolver a su estado natural las zonas intervenidas.

De aprobarse, las reformas serían aplicables a todo contrato vigente al momento de la entrada en vigor de la ley. En los contratos cuyo plazo venza en los próximos tres años, el contratista deberá presentar el plan en un plazo máximo de seis meses, junto con una fianza de cumplimiento que garantice su ejecución.

Los contratos que hayan sido prorrogados y cuyo vencimiento ocurra en menos de 18 meses, y que carezcan de un plan de cierre, desmantelamiento y abandono, podrían obtener una última prórroga de hasta ocho años, si el MEM lo considera adecuado, con base en la opinión del órgano técnico y en resguardo de los intereses del Estado. El fin es asegurar la recuperación ambiental del área.

En otro artículo se plantea que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) podría emitir opinión favorable al plan, aun cuando no esté contemplado en los planes maestros, siempre que cumpla requisitos técnicos.

Las condiciones para la prórroga incluyen un aumento en la regalía, que no podrá ser menor del 10%. Se propone la siguiente distribución:

• 10% para los Consejos Departamentales de Desarrollo, según el número de población.
• 30% para los Consejos Departamentales de Desarrollo de los departamentos con producción petrolera, distribuidos entre sus municipios.
• Las asignaciones anteriores deberán destinarse a infraestructura, desarrollo rural, energías renovables, espacios culturales, turismo sostenible e inversión social.
• 40% para programas ejecutados en los departamentos con actividad petrolera, a través de los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Agricultura, Ambiente, Energía y Minas, Defensa Nacional y Gobernación.
• 20% para entidades encargadas de vigilar y recuperar áreas protegidas.

Posturas

Se buscó la opinión del diputado Sanabria, pero no respondió. Samuel Pérez, del mismo bloque, expresó su apoyo a la iniciativa y señaló que responde al objetivo del Ejecutivo de garantizar un cierre responsable de la actividad petrolera en Petén. Dijo que la propuesta busca permitir el cierre adecuado de los pozos, evitando consecuencias ambientales graves. De aprobarse, la empresa deberá asumir dicha tarea.

Sobre si hay tiempo para aprobar la ley antes del 12 de agosto, Pérez considera que sí, y que el trámite deberá acelerarse en las primeras sesiones ordinarias tras el receso parlamentario, el 1 de agosto.

Consultado sobre si las reformas permitirían continuar la explotación de los pozos que aún tienen reservas, respondió que sí, hasta permitir el cierre responsable.

Se solicitó la postura del MEM y del Gobierno sobre una posible prórroga a Perenco, pero no respondieron.

Propuesta oficialista, inviable

Orlando Blanco, de la bancada VOS, indicó que a inicios del año hubo interés —especialmente de diputados de Petén— en presentar una iniciativa para ampliar el contrato con visión de cierre del campo. Señaló que el Ejecutivo, a través del MEM, elaboró una propuesta que nunca fue presentada al Congreso y consideró que el Gobierno actual no prorrogará contratos.

Recordó que en 2023 hubo un intento de avanzar con la iniciativa 6120, que data del 2022, pero no prosperó.

Respecto de la iniciativa actual, Blanco la calificó como inviable y como una maniobra de justificación para el cierre de operaciones. Consideró que no tiene posibilidad de aplicación.

Agregó que el presidente Arévalo debería aprovechar su reunión con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, en agosto, para solicitar cooperación técnica para el cierre del campo en Petén.

Jorge García Chiu, exviceministro de Energía y Minas, señaló que lo establecido en el artículo 5 —sobre que las nuevas condiciones apliquen a contratos vigentes— no es legalmente viable, ya que la ley solo es retroactiva cuando beneficia al reo, en materia penal. Además, consideró irrelevante el resto de la iniciativa, ya que con el vencimiento del contrato 2-85 prácticamente finalizaría la explotación petrolera en el país. Ese campo representa el 85% de la producción nacional. Según García, el gobierno anterior debió licitar internacionalmente la administración del campo, que es propiedad del Estado, no de Perenco.