La administración del presidente Donald Trump se dispone a cancelar todos los contratos restantes del Gobierno federal con la Universidad de Harvard, por un valor estimado de US$100 millones, según una carta que será enviada este martes 27 de mayo a las agencias federales, citada por medios locales.

El comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, Josh Gruenbaum, ordena en la misiva a las agencias revisar sus contratos, rescindir aquellos que consideren no cruciales y, si fuera necesario, transferirlos a otros proveedores.

“La Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA) está ayudando a todas las agencias federales en la revisión para la rescisión o transición de sus contratos del Gobierno federal con la Universidad de Harvard y sus filiales”, dice un borrador de la carta, publicado por The New York Times.

“Esta revisión se alinea con la directiva de la administración de que todos los servicios federales contratados defiendan y promuevan firmemente las prioridades estratégicas de la agencia”, añade la carta.

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De acuerdo con el rotativo, la misiva, fechada este 27 de mayo, será entregada a las agencias federales. Estas deben responder antes del 6 de junio con una lista de contratos cancelados.

No obstante, los contratos de servicios considerados críticos no se cancelarían de inmediato, sino que serían transferidos a otros proveedores.

La carta constituye el último ejemplo del plan del presidente de EE. UU. para reforzar el control sobre una de las universidades más prestigiosas del país, atacando su salud financiera.

Desde abril, la administración Trump ha congelado cerca de US$3 mil 200 millones en subvenciones y contratos con Harvard. Además, le ha prohibido matricular a estudiantes internacionales, aunque esta última orden ha sido, de momento, suspendida por un juez.

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El Gobierno estadounidense presenta sus acciones contra Harvard como una lucha por los derechos civiles, alegando que la universidad tiene un sesgo progresista, aplica criterios raciales en sus políticas de admisión y tolera comportamientos antisemitas en el campus.

La carta de Gruenbaum afirma que Harvard ha continuado con “la discriminación racial (es decir, contra la población blanca), incluso en su proceso de admisión y en otras áreas de la vida estudiantil” y señala que el Gobierno está “al tanto de los recientes eventos en la Universidad de Harvard que incluyen acciones antisemitas que sugieren que la institución tiene una preocupante falta de consideración por la seguridad y el bienestar de los estudiantes judíos”.

Por su parte, Harvard ha optado por acudir a la vía legal: el mes pasado presentó una demanda para restaurar los fondos federales, y la semana pasada solicitó a un tribunal federal que restablezca su derecho a matricular a estudiantes internacionales.

La jueza Allison D. Burroughs restableció temporalmente dicho derecho y una audiencia, programada para el jueves, determinará si esa orden debe extenderse.

La universidad cuenta con unos 6 mil 800 estudiantes internacionales, lo que representa el 27% de su matrícula total. El presidente de Harvard, Alan M. Garber, calificó la cancelación de su capacidad para matricular a estudiantes internacionales como un golpe potencialmente devastador.