Es llamativa la celeridad de la Corte de Constitucionalidad para emitir ciertas resoluciones y sus contrastes con largos limbos en que quedan otros recursos, a pesar de su fuerte impacto público, económico, social y, sobre todo, como precedentes que se tornan en arietes de potenciales deterioros institucionales. En unos casos se pone a darle órdenes a poderes del Estado, pero en otros rehúye enmendar la plana a procedimientos viciados. La semana recién pasada, este alto tribunal tuvo una oportunidad de oro para abrir una puerta a la transformación de la educación y de la negociación con sindicatos estatales, pero la dejó cerrada.

Con argumentos funambulistas alarga una situación que conculca el derecho ciudadano de acceso a la información pública, pese a que involucra dinero público, instalaciones públicas y potestades públicas: el secretismo del pacto colectivo magisterial, exigido por un sindicato convenenciero que ha pactado apoyos con sucesivos mandatarios devenidos en mandaderos de un bravucón que les paga con lisonjas o “manifestaciones” bajo demanda. El precio es impagable: mantener la intromisión ilícita en decisiones ministeriales, maniatar a los ministros y, sobre todo, dejar de rehén el futuro de la niñez y juventud.

El jueves 17 de julio último, la CC denegó, por unanimidad, la solicitud del Movimiento Cívico Nacional (MCN) de hacer público el pacto colectivo exigido por el Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG). En realidad, lo que se pedía era revocar una denegatoria previa de la Corte Suprema de Justicia. Están a la vista los efectos nefastos de las prebendas, las resistencias a la evaluación y las intromisiones administrativas. La calidad educativa continúa amarrada a las exigencias de un corro despótico.

Ocho meses se tomó la CC para resolver, o más bien lavarse las manos, la petición de MCN, como si la educación no fuera una prioridad tan largamente relegada, como si la ley no fuera siempre la ley. En una suerte de relativismo coyuntural, sus integrantes fallan al son de las fidelidades: es la delación de la dilación o de la oficiosidad, según el caso. El 3 de julio, la CC también rechazó la suspensión provisional de siete artículos de dicho pacto, impugnados por la Procuraduría General de la Nación. No fue por unanimidad, pero el voto disidente no fue tan vehemente.

El error nunca es fuente de derecho, reza una máxima jurídica, y ya existen precedentes de fallos de la CC que han sido expulsados del ámbito jurídico por su obvia contravención al bien común y a los principios que sustentan el Estado de derecho guatemalteco, uno de los cuales es la obligada publicidad de todos los actos gubernamentales, exceptuándose asuntos de seguridad nacional —por obvios riesgos— y en materia diplomática —por entrañar relación con otros Estados—.

El STEG asume como respaldo las dos denegatorias, pero evade cumplir otro fallo, también de la CC, que ordena el fin de la huelga y el retorno de los maestros a las aulas. El Ministerio Público aún no certifica lo conducente contra los responsables, por acción u omisión, de tal incumplimiento en marcha; la CC no se preocupa de la debida ejecutoria de su orden, pese a que esa tardanza socava la formación escolar de cientos de miles de niños y jóvenes. Tal dilación amenaza su futuro educativo —garantizado por la Constitución— y los deja a merced de un cacique magisterial que no pisa un aula desde hace 17 años o quizá más, según él mismo dijo en un incidente, el viernes último, durante una citación legislativa con el mismo partido que, en el 2008, cuando era oficialismo, revirtió su inminente destitución firmada por juez.