La Junta Disciplinaria del Organismo Judicial acaba de encender una brasa y la deja en manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vivimos tiempos en los cuales se necesita de certeza jurídica y máxima exigencia de integridad, honorabilidad y decencia de los jueces. Sin embargo, en el caso de cuatro juzgadores de Alta Verapaz señalados de faltas graves, la resolución de dicha junta se torna tibia, laxa y condescendiente, pese a que los cuatro han exhibido su total falta de idoneidad para ejercer tal función y un obvio irrespeto a los cargos que ostentan.

De no haber existido denuncia e investigación, seguirían disfrutando de sus francachelas, abusando de su posición y de la autoridad con la cual fueron investidos y que juraron respetar. Tres de los jueces son señalados de haber ingerido bebidas alcohólicas en horario de trabajo, pero la Junta considera que solo eran dos los beodos, mientras que un tercero “solo” prestaba la oficina para convertirla en cantina. No escribimos “su” oficina porque no es suya; es del Pueblo de Guatemala.

La Junta recomienda la destitución de uno de los bebedores y una suspensión temporal para los otros dos, para que en un lapso de 20 a 30 días regresen a asumir sus judicaturas, así como si nada. Tal flojedad no debería ser consentida por la CSJ. De manera libre, estos jueces se pusieron ellos mismos en entredicho, pero también a todo el sistema disciplinario del Organismo Judicial, que ya de por sí arrastra casos impunes de juzgadores que ya parecen fiscales acusadores en unos casos o, en otros, ampliamente conocidos en el foro público, abogados defensores de exfuncionarios y políticos corruptos a quienes libran de procesos con laberínticas resoluciones que solo alientan la impunidad.

Uno de estos jueces bajo proceso disciplinario protagonizó una exhibición histriónica al ponerse de rodillas y suplicar perdón: un gesto innecesario e inútil, dada la instancia en la cual se encuentra y el nefasto precedente que deja su falta grave. Le tocará corregir su conducta, pero fuera del Sistema Judicial. En tiempos de asedio de mafias criminales y coqueteos de politiqueros sinvergüenzas u operadores venales, dejar en funciones a jueces notoriamente lábiles es abrir más grietas en el muro jurídico que debe proteger a la ciudadanía de las ilegalidades y de las sinvergüenzadas.

Durante el proceso disciplinario, estos jueces alegaron ser víctimas de falsos señalamientos e incluso querían que estas acciones se deliberaran bajo secretismo, como si no cobraran recursos públicos, como si su desempeño no tuviera impacto público, como si su mal ejemplo no fuera un precedente pernicioso.

Abyección aparte es la del juez Walter Fabricio Rosales, sobre quien pesan obvios indicios de una relación impropia e ilícita con una menor de edad, a quien solía mantener en su oficina. Tal situación fue constatada por la propia encargada de la pesquisa interna y que proveyó elocuentes detalles de sus observaciones ante la Junta Disciplinaria. Pero el asunto reviste otros agravantes. Durante el período de la anterior Corte Suprema de Justicia no se conoció el antejuicio solicitado en contra de este juzgador por esta situación ilegal para que enfrente proceso judicial. La actual CSJ no ha mostrado interés en efectuar la averiguación sobre la continuidad del caso, a pesar de sus implicaciones. La resolución de la Junta será enviada al Consejo de la Carrera Judicial, para que la traslade a la CSJ, que deberá decidir si solo destituye a dos de los jueces o si sienta por fin un precedente ejemplar.