El proceso disciplinario en contra de cuatro jueces de Primera Instancia de Alta Verapaz está llamado a convertirse en paradigmático, por sus implicaciones para todo el sistema de administración de justicia. La Supervisión de Tribunales documentó y reunió testimonios que exhiben la irresponsabilidad, indolencia y afán de ocultación de la verdad de los togados. Las audiencias de la Junta Disciplinaria tuvieron dilaciones, incluso por supuestos quebrantos de salud de uno de los señalados, pero por fin se cerró esta fase ayer, con una vehemente solicitud de destitución de tales figurones.

Los hasta ahora jueces José Quiñónez, Arturo Chen y Luis Paniagua son señalados de conducta impropia por el consumo de alcohol en horas laborales, a veces dentro de las mismas instalaciones de trabajo del Organismo Judicial, en Alta Verapaz. Personal de seguridad, bajo juramento, testimonió la continuidad de tales acciones que riñen contra el buen desempeño de las judicaturas y constituyen una afrenta contra la ciudadanía que acude a esas instancias en busca de amparo legal.

Pero, sin duda alguna, el caso más abyecto es el del juez Walter Fabricio Rosales, señalado de trasladar y mantener asiduamente en su despacho a una menor de edad cuya identidad se mantiene bajo confidencialidad, por motivos legales y ante posibles causas penales ulteriores. La sola sospecha de una relación con implicaciones de pederastia —que ya lleva buen tiempo de ser un secreto a voces entre personal judicial— debió ser suficiente para apartarlo del cargo hace mucho. De hecho, existe una solicitud de antejuicio contra este juzgador desde 2024. Sin embargo, el juzgado que recibió dicho oficio se inhibió y supuestamente elevó el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde hace un año.

Hasta la fecha se desconoce cuál ha sido el procedimiento para resolver esta solicitud, que permitiría una investigación por parte del Ministerio Público. Al parecer, el registro digital de tribunales no tiene reporte de que tal gestión haya llegado a la CSJ. Sin embargo, con los ya más de siete meses que llevan los actuales magistrados en funciones, incluyendo integrantes de la Cámara de Antejuicios, y ante el carácter público de las denuncias contra el juez, ya deberían haber inquirido de oficio sobre el caso.

La propia supervisora de tribunales declaró haber visto a la menor aludida en el despacho de Rosales; así también, se entrevistó a personal que confirmó la continua ebriedad de los jueces en horas laborales. Si la Junta Disciplinaria está comprometida con el Pueblo de Guatemala y no con nexos, amistades o conflictos de interés, deberá dictaminar la separación inmediata de los cargos: para cumplir con su misión, para resguardar su propia honorabilidad y para mostrar hacia quién está dirigida su fidelidad.

Cuando se convoca a optar a cargos de jueces y magistrados, por mandato constitucional se ordena evaluar el requisito de “idoneidad” y “reconocida honorabilidad”. No pocos leguleyos y tinterillos inescrupulosos intentan colarse alegando que al evaluar su honorabilidad se atenta contra su “presunción de inocencia”, sin darse cuenta de que tal garantía aplica al momento de un juicio y que solo denotan mediocridad —así como aviesas intenciones— al querer rebajar los requisitos. Hay más jueces así, ebrios de ego que hasta se exhiben como juez y acusador, que retuercen artículos para atentar contra la democracia misma, q ue declaran casos en reserva para poder dejar en libertad a señalados de gruesos casos de corrupción. La destitución de los juzgadores torcidos y retorcidos será un paso decisivo.