El castigo popular al presidente de la república Bernardo Arévalo

Guatemala atraviesa un momento político que merece una reflexión profunda. El presidente Bernardo Arévalo llegó al poder en enero de 2024 respaldado por una parte importante de la ciudadanía que depositó en su figura la esperanza de combatir la corrupción, renovar la administración pública y construir un país con instituciones más transparentes, con amplió margen de aceptación sobre todo en el occidente del país y en las áreas urbanas sobre todo en la población más joven que requiere una reforma profunda del Estado.

Sin embargo, menos de tres años después de su llegada al Palacio Nacional, aquella expectativa de transformación enfrenta una realidad incómoda: el creciente descontento ciudadano y una caída pronunciada de su popularidad.

Los resultados de la encuesta de opinión pública presentada en octubre de 2026 por la Fundación Libertad y Desarrollo, en alianza con CID Gallup, revelan la magnitud del desgaste presidencial. Según la publicación de La Hora, el 74 % de los encuestados evaluó negativamente la gestión de Arévalo, mientras que solamente el 15 % la calificó positivamente. La desaprobación formal de la gestión llegó al 78 %, según la información reportada por otros medios sobre el mismo estudio.

Estas cifras no deben interpretarse únicamente como una derrota de imagen. Representan una señal de alarma sobre la relación entre el Gobierno y la ciudadanía, y plantean una pregunta fundamental: ¿por qué un presidente que despertó tantas expectativas terminó enfrentando semejante deterioro en la percepción pública? Es necesario examinar la distancia entre las promesas y los resultados percibidos, las preocupaciones económicas de los hogares, la inseguridad, las dificultades de la gestión pública y las expectativas que acompañaron el triunfo electoral.

1. El primer problema: gobernar no es lo mismo que ganar las elecciones

Bernardo Arévalo llegó a la Presidencia con un capital político construido en buena medida, alrededor de la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia, pero sobre todo a que no había un líder o estadista que promueva una reforma del Estado, aunado al rechazo de la otra candidata en Segunda Vuelta Sandra Torres. Su victoria representó para muchos guatemaltecos una oportunidad de romper con las prácticas tradicionales del poder y renovar la conducción del Estado.

Pero ganar las elecciones con un discurso de cambio no garantiza la capacidad de transformar la administración pública. Una cosa es construir una narrativa de renovación política y otra, mucho más compleja, es convertirla en resultados concretos. Gobernar implica coordinar ministerios, ejecutar presupuestos, mejorar los servicios públicos, desarrollar infraestructura, enfrentar intereses contrapuestos y demostrar que las decisiones del Ejecutivo producen cambios verificables en la vida de las personas, y seamos honesto el partido del presidente no esperaba contar con la victoria electoral.

Aquí aparece una de las explicaciones centrales del desgaste presidencial: la distancia entre las expectativas ciudadanas y los resultados que una parte de la población considera insuficientes, además de romper con un grupo parlamentario ahora identificado como Raíces liderado por Samuel Pérez.

El ciudadano no evalúa un gobierno únicamente por sus principios, hay que recordar que las evaluaciones son de percepciones, por sus discursos o sus enfrentamientos con los adversarios políticos. También lo juzga por la posibilidad de conseguir empleo, pagar la canasta básica, trasladarse por carreteras transitables, recibir atención médica y vivir sin temor a ser víctima de la delincuencia.

Cuando las mejoras prometidas no se perciben en la vida cotidiana, la confianza comienza a deteriorarse.

Uno de los factores es el costo de la vida que es un golpe directo al bolsillo de los guatemaltecos. Si existe un factor capaz de convertir rápidamente el descontento social en rechazo político, es la economía familiar.La encuesta de octubre de 2026 ofrece un dato particularmente revelador: el 52 % de los entrevistados identificó el costo de la vida como el problema que más afecta a su familia. En enero de ese mismo año, esa proporción era del 29 %. Además, el 76 % afirmó que los precios habían aumentado considerablemente durante los cuatro meses anteriores y el 58 % señaló que su situación económica familiar había empeorado durante el último año.Estas cifras ayudan a comprender el cambio en el ánimo de la población.Para miles de familias, la discusión política puede parecer distante cuando deben resolver necesidades inmediatas. El precio de los alimentos, el transporte, la energía eléctrica, la vivienda y los medicamentos tiene consecuencias concretas sobre el presupuesto doméstico.Una familia que trabaja, pero cuyo ingreso pierde capacidad adquisitiva, difícilmente percibe estabilidad. Si, además, no encuentra oportunidades laborales que le permitan mejorar sus condiciones, la frustración aumenta.El problema para el Gobierno es que, aunque el Ejecutivo no controla todos los factores que determinan los precios, sí es responsable de formular políticas públicas, coordinar respuestas institucionales y explicar con claridad qué medidas puede adoptar para aliviar la presión económica.No sería correcto atribuir automáticamente toda la inflación al Presidente. Los precios también dependen de factores internacionales, costos de importación, condiciones de mercado y problemas estructurales internos. Sin embargo, tampoco resulta suficiente invocar factores externos sin presentar una respuesta gubernamental comprensible, medible y orientada a proteger a los sectores más vulnerables.En política, las explicaciones económicas pueden ser técnicamente válidas, pero pierden eficacia cuando no van acompañadas de soluciones que la población pueda reconocer.

Otro importante factor es la inseguridad, el Estado se mide por su capacidad de proteger. La seguridad constituye otro de los grandes desafíos del Gobierno de Arévalo.La percepción de inseguridad no se construye únicamente a partir de las estadísticas de homicidios. También intervienen las extorsiones, los asaltos, la violencia contra los comerciantes, el temor en el transporte público y la sensación de que la delincuencia puede afectar a cualquier familia.Según la medición publicada en octubre de 2026, solamente el 19 % de los encuestados evaluó positivamente la gestión presidencial en materia de seguridad, frente al 38 % registrado en mayo de 2024.Este deterioro merece atención porque la seguridad es una de las obligaciones fundamentales del Estado.El Gobierno ha defendido sus acciones contra las estructuras criminales y ha destacado operativos y medidas extraordinarias para enfrentar la violencia. En su segundo informe de labores, presentado en enero de 2026, también informó sobre capturas, desarticulación de estructuras criminales e incautaciones de drogas.Sin embargo, existe una diferencia entre anunciar operativos y conseguir que la ciudadanía se sienta efectivamente protegida.La política de seguridad necesita resultados sostenidos, investigaciones eficaces, fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, coordinación con el Ministerio Público dentro de sus respectivas competencias y una estrategia capaz de prevenir el delito, no solamente reaccionar ante sus consecuencias.El desafío consiste en transformar las acciones institucionales en una reducción verificable de la violencia y en una recuperación de la confianza ciudadana.Cuando la población considera que la inseguridad continúa siendo parte de su vida cotidiana, los anuncios oficiales pierden fuerza. En estas circunstancias, la percepción de fracaso puede crecer incluso cuando las autoridades presentan determinados indicadores favorables.La seguridad, por tanto, no puede evaluarse exclusivamente desde los despachos gubernamentales. Debe examinarse también desde los barrios, los comercios, las comunidades y el transporte público.

El siguiente factor es la lucha contra la corrupción, quefue uno de los principales componentes de la expectativa política que acompañó a Arévalo.Una parte de su respaldo electoral surgió de la aspiración ciudadana de contar con instituciones públicas transparentes, reducir la impunidad y terminar con el uso del Estado en beneficio de intereses particulares.No obstante, combatir la corrupción es una tarea que exige mucho más que denunciar irregularidades o mantener enfrentamientos con sectores políticos adversos.Requiere controles efectivos sobre el gasto público, procesos de contratación transparentes, auditorías oportunas, investigación de posibles ilícitos, sanciones cuando corresponda y mecanismos que permitan determinar si los recursos estatales se utilizan correctamente.La encuesta de octubre de 2026 muestra que solamente el 16 % valoró positivamente la gestión presidencial en materia de corrupción, según los datos publicados por La Hora. Este indicador fue incorporado a la medición en mayo de 2026, por lo que no permite realizar una comparación equivalente con mayo de 2024.

El resultado refleja una dificultad política importante: la lucha contra la corrupción puede constituir una de las mayores fortalezas discursivas de un gobierno y, al mismo tiempo, convertirse en una de sus principales fuentes de frustración si la ciudadanía no percibe cambios institucionales suficientes. Debe hacerse una distinción necesaria: una evaluación negativa en una encuesta no demuestra que exista corrupción dentro del Gobierno ni establece la responsabilidad de funcionarios específicos. Lo que revela es una percepción ciudadana desfavorable sobre el desempeño presidencial en ese ámbito. Precisamente por eso, la respuesta no puede limitarse a cuestionar a los encuestadores o atribuir todas las críticas a los adversarios políticos. El camino más sólido consiste en ofrecer información verificable, explicar los avances y reconocer los asuntos pendientes. La transparencia debe ser una práctica cotidiana, no solamente una bandera electoral.

Otro factor es la dificultad para convertir su agenda en resultados, sería incompleto explicar la caída de la popularidad presidencial sin considerar el contexto político en el que Arévalo ha ejercido el poder. Desde su llegada a la Presidencia, el mandatario ha enfrentado conflictos institucionales y una relación difícil con sectores que cuestionaron su proyecto político. La defensa de la legitimidad de su victoria electoral y las tensiones con actores del sistema de justicia ocuparon un espacio importante en la discusión pública. Ese contexto ha limitado el margen político del Gobierno y ha contribuido a mantener un ambiente de confrontación. Por ejemplo, prometer que la nefasta fiscal general iba salir con una narrativa que al final no se dio, eso hace que la población le reste credibilidad a sus discursos con las acciones. Sin embargo, las dificultades heredadas o los obstáculos externos no eliminan la responsabilidad del Ejecutivo de administrar eficazmente las instituciones bajo su dirección.

La ciudadanía puede reconocer que un presidente enfrenta resistencias y, al mismo tiempo, exigirle que demuestre capacidad para gobernar. Aquí aparece una de las tensiones más importantes de la administración de Arévalo: la necesidad de defender la institucionalidad democrática sin permitir que el conflicto político absorba la atención y los recursos que también deben destinarse a resolver los problemas cotidianos del país.

La defensa de la democracia es indispensable, pero no sustituye la obligación de ofrecer resultados en infraestructura, salud, educación, empleo y seguridad.

La gestión pública: los resultados también dependen de la capacidad de ejecutar, la administración pública no se transforma únicamente mediante cambios de discurso, nuevas prioridades o nombramientos.Transformar el Estado exige planificación, coordinación entre ministerios, capacidad técnica, ejecución presupuestaria, supervisión y evaluación de resultados, y por lo menos eso no se ve. Un gobierno puede tener objetivos legítimos y, aun así, enfrentar problemas para convertirlos en políticas eficaces.

Las carreteras que no se reparan oportunamente, los servicios de salud que no responden a las necesidades de la población, las dificultades para ampliar las oportunidades de empleo y los proyectos de infraestructura que no producen resultados visibles pueden alimentar la percepción de una gestión insuficiente.

La encuesta de octubre de 2026 muestra un deterioro en la evaluación de varias áreas gubernamentales respecto de mayo de 2024: la valoración positiva del empleo pasó del 34 % al 23 %; la de salud, del 44 % al 22 %; y la de educación, del 53 % al 39 %. La evaluación positiva del costo de la vida descendió del 32 % al 17 %. Estos datos no permiten concluir, por sí solos, que todos los servicios hayan empeorado objetivamente en la misma proporción. Sí muestran que la percepción ciudadana sobre el desempeño presidencial en esas áreas se ha deteriorado. La diferencia es importante: para establecer el desempeño real de cada sector también deben analizarse indicadores administrativos, presupuestarios y de resultados. Pero, desde la perspectiva política, el problema es evidente. Si los ciudadanos no identifican mejoras en los servicios públicos, la narrativa de transformación pierde credibilidad. El Ejecutivo necesita comunicar sus resultados y de eso carece mucho la comunicación estatal es pésima. Luego encontramos que el desgaste de la esperanza: cuando las expectativas se convierten en decepción, existe una dimensión menos visible, pero igualmente importante, en la caída de popularidad de Arévalo: la naturaleza de las expectativas que acompañaron su elección. Quienes votaron por una opción de cambio no necesariamente esperaban que todos los problemas históricos de Guatemala se resolvieran en dos o tres años. Sin embargo, sí podían esperar señales claras de transformación, avances institucionales y una mejora progresiva en la gestión pública. Cuando esas señales parecen insuficientes, la decepción puede ser más intensa que la experimentada frente a un gobierno que nunca generó grandes expectativas.

La reforma se ve truncada, se observa una serie de decisiones que afectan la gobernabilidad, y la confianza en la población. Por ejemplo, no socializa decisiones políticas que se le revierten como el nombramiento del presidente de Banco de Guatemala, lo que crea ingobernabilidad

¿Qué necesita hacer el Gobierno para recuperar la confianza?

La caída de popularidad no significa que el Gobierno carezca de posibilidades de mejorar su relación con la ciudadanía. Sin embargo, una recuperación sostenible requiere cambios verificables y prioridades claras. En primer lugar, debe colocar la economía familiar en el centro de su agenda. Esto implica identificar las causas de las presiones sobre los precios, mejorar la coordinación económica, promover la competencia, facilitar la actividad productiva y fortalecer las oportunidades de empleo formal. En segundo lugar, necesita presentar resultados medibles en seguridad. La población requiere una estrategia sostenida contra las extorsiones, el crimen organizado y la violencia, acompañada de instituciones policiales y judiciales que puedan cumplir sus respectivas funciones. En tercer lugar, debe fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. La información sobre contratos, ejecución presupuestaria, obras públicas y resultados institucionales debe ser accesible, comprensible y verificable. En cuarto lugar, tiene que mejorar la ejecución de los programas y proyectos públicos. La planificación debe traducirse en obras concluidas, servicios que funcionen y presupuestos utilizados de manera eficiente. En quinto lugar, necesita recuperar la confianza mediante una comunicación más realista y sobre todo eficiente. Reconocer errores, explicar retrasos y presentar plazos verificables no necesariamente debilita a un gobierno. Por el contrario, puede demostrar responsabilidad política. Finalmente, el presidente debe evitar que la confrontación permanente se convierta en el eje de su administración. La defensa de la democracia y el combate a la corrupción deben acompañarse de una gestión pública que responda a las necesidades materiales de la población. La confianza no se recupera únicamente mediante discursos. Se reconstruye cuando las personas comienzan a reconocer cambios concretos en sus condiciones de vida.