La cárcel Renovación 1, en Escuintla, fue remodelada y presentada en noviembre del 2024. Se le publicitó como el prototipo de un modelo penitenciario de alta seguridad. Reos trasladados allí empezaron a demandar, por medio de recursos legales interpuestos por sus abogados, ser regresados a los penales donde estaban previamente. Requisas recientes evidenciaron la continuidad de la vulnerabilidad, el trasiego de artículos ilícitos y la connivencia de ciertos elementos del personal penitenciario.

Sin embargo, el 11 de junio último, se hizo evidente que ese buque insignia navegaba con viejas grietas y vulnerabilidades que ponen en entredicho el rumbo o que obligan a un golpe de timón. El Ministerio Público anunció varias capturas: la de un reo, un guardia penitenciario y un agente investigador de la Policía Nacional Civil, señalados de haber recibido sobornos por permitir el acceso de un celular a dicho preso, quien coordina una red de extorsiones. Gobernación adujo que habían detectado indicios previos y que habían hecho la denuncia al MP. Pero el MP refutó la versión y aseveró que el caso es resultado de sus propios métodos especiales de investigación y que no recibió ninguna alerta previa por parte de la cartera de seguridad.

Para nadie es un secreto las fricciones entre el MP y el Ejecutivo. Por otro lado, son notorias las ausencias de la fiscal general, Consuelo Porras, a varias actividades públicas y conferencias de prensa. Funcionarios cercanos se hacen cargo de la comunicación. Por eso mismo es llamativo que, a través de un hilo de X, la Fiscal General, desde su perfil, anunció el operativo así: “Hoy, bajo mi dirección, el @MPguatemala ejecutó un operativo estratégico dentro del centro carcelario Renovación 1”. ¿De qué otra manera iba a ser, sino bajo su dirección?

En todo caso, el cruce de declaraciones denota una posible falta de coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad pública. El combate de la criminalidad, sobre todo en el mortífero fenómeno de las extorsiones, es un tema de interés público y no un caballito de batalla discursiva para ningún funcionario o entidad. Esta consideración no le resta gravedad a esta vulnerabilidad detectada en Renovación 1. Quizás es un caso aislado, pero un solo hecho pone en tela de juicio todos los procesos, las capacidades y la gestión de la seguridad de dicho centro penitenciario.

A partir de la toma del Centro de Detención Preventiva de la zona 18, la semana anterior, se han sucedido varias requisas en otras prisiones. No hay sorpresas, porque se siguen encontrando los mismos objetos que no deberían estar allí: celulares, terminales de internet, electrodomésticos, habitaciones amuebladas y otras comodidades que distan mucho del carácter punitivo o cuando menos de rehabilitación de estos lugares. Renovación 1 se encuentra de nuevo en una línea roja y al borde de ser un nuevo fiasco. Lo más triste de todo es que deberán pasar meses para saber si la rotación de personal será una medida suficiente, eficiente y terminante.

Por otro lado, es alentador que el Ministerio Público tenga métodos de investigación tan eficientes que le permitan detectar indicios muy complicados de detectar por tratarse de penales y de personal que está recibiendo cohechos criminales. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, insistió ayer en que sí hubo pesquisa policial. En todo caso, el destape de esta corrupción “renovada” abre grandes expectativas en el combate de las extorsiones, que en los siete años anteriores han proseguido de diversas maneras. La ciudadanía exige una respuesta contundente contra este flagelo.