El 2026 es un año clave para Guatemala. En pocos meses se elegirán las próximas autoridades de cinco instituciones centrales que definirán el rumbo político del país: Ministerio Público (MP), Corte de Constitucionalidad (CC), Tribunal Supremo Electoral (TSE), Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y Contraloría General de Cuentas (CGC).

Con sus diferencias y grados de impacto, de los resultados de estas elecciones va a depender en buena medida lo que suceda con la democracia guatemalteca. Pero no hay que esperar a que cambie el calendario, en este momento ya se está jugando el partido. La elección del próximo presidente/a de la Corte Suprema de Justicia, que participa de forma determinante en las comisiones de Postulación, es un punto de inflexión y por eso estamos viendo las aguas turbulentas alrededor de su designación.

En la Usac también hay vientos huracanados. A pesar de las dificultades que supone un cambio en la rectoría en las actuales circunstancias, hay grupos de estudiantes y docentes que buscan rescatar a la universidad pública de las manos de las mafias y están dando la pelea en las elecciones de los representantes ante el Consejo Superior Universitario (CSU).

Como nos recuerda el medio Plaza Pública, en 1996 fue la última vez que coincidieron tres elecciones cruciales (TSE, CC y MP). Tres décadas después, el escenario es aún más complejo, no solamente porque aumenta el número de instituciones que elegirán nuevas autoridades casi de forma simultánea, sino por el actual contexto de disputa democrática que afrontamos en el país y que impacta directamente en estos procesos de elección.

Sin lugar a dudas, la conformación de la nueva CC (abril de 2026) es decisiva. Ya hemos visto a lo largo de estos años, cómo los asuntos políticos (casi de cualquier índole) se dirimen en el terreno jurídico y cómo las resoluciones del tribunal constitucional son definitorias en prácticamente todos los ámbitos. Por eso resultan tremendamente importantes las designaciones que cada poder del Estado, el Colegio de Abogados y la Usac realicen para elegir a las/los magistrados titulares y suplentes. Al final, como se ha repetido en numerosas ocasiones: “La Constitución dice lo que la CC dice que dice”.

No alcanzaría el espacio en esta columna para nombrar cómo los fallos constitucionales han zanjado (para bien y para mal) el rumbo de procesos judiciales en casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos (el caso Genocidio contra Ríos Montt, por ejemplo), disputas en el Congreso de la República, candidaturas presidenciales, nombramiento y destitución de funcionarios y un largo etcétera.

¿Y qué decir del nuevo TSE? Para nadie es un secreto que la autoridad electoral atraviesa la que podría ser la crisis más severa de su historia. Con los antecedentes de lo ocurrido en el 2023 (vetos de candidaturas y una elección presidencial que por poco no se consuma) sobran razones para subrayar la imperiosa necesidad de integrar un pleno que esté dispuesto y sea capaz de defender y organizar un proceso electoral justo y transparente. Y en esto juega un papel trascendente la capacidad que tengan diferentes actores que participan en la elección de llegar a acuerdos políticos para garantizar respeto a nuestra democracia.

La otra designación crucial es la del nuevo jefe/a del MP. El presidente Arévalo debe jugar fuerte esta partida. Elegir a un fiscal general idóneo que rescate la institución, termine con la persecución indebida, se enfrente a las redes de corrupción y criminalidad organizada (en vez de cerrar los procesos) y deje de ser una amenaza golpista es un imperativo. No hay lugar para tibiezas.