Lo que ocurre en Guatemala no es un hecho aislado. Es parte de un movimiento autoritario y cleptocrático que recorre el mundo, pero con una diferencia dolorosa: nosotros nunca hemos logrado estabilizar, mucho menos consolidar, una democracia verdadera. Este contraataque comenzó hace más de dos décadas, con mayor intensidad después de la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Es la cleptocracia aliada al narcotráfico la que financia, con generosidad obscena, a sus servidores dentro del propio Estado.

A nivel mundial y local, estos movimientos se distinguen por su cinismo y su incompetencia cultural. Ya no les importa que decenas de países los señalen. Aquí, naciones enteras han declarado persona non grata a la actual fiscal general, pero ella parece ignorar el significado profundo de esa expresión. Quizá porque en su paso por la universidad optaron por el “copy- paste” en lugar de entender.

Esa misma deshonestidad intelectual los hace incapaces de construir argumentos lógicos. No logran hilvanar una oración coherente, confunden sintaxis con semántica y llegan a sus cargos con un mandato único: permitir que los corruptos tomen las decisiones del sistema de justicia y defenderlos a capa y espada. Son sirvientes fieles del pactum, del pacto.

Los corruptos niegan la existencia de ese pacto. Es un convenio para que el sistema de justicia obedezca al pie de la letra las órdenes de quienes no quieren democratizar el país: los dueños de siempre, incluyendo sectores del CACIF. Les aterra la democracia. Anhelan el regreso a los gobiernos militares, como lo hicieron durante el conflicto armado, sembrando un miedo que, poco a poco, los guatemaltecos hemos ido superando.

Prueba de ello fue el movimiento ciudadano de 2015, que llevó a la cárcel a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, la pareja que entonces encabezaba la corrupción. Ante eso surgió el Pacto de Corruptos, como lo llamó entonces Thelma Aldana, diseñado precisamente para expulsar a la CICIG y blindar a los intocables.

Esta semana hemos visto triunfos democráticos importantes. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), bajo la valiente presidencia de Patricia Gámez, defendió su autonomía. Las acciones del Ministerio Público —colocar cámaras, grabar videos, acercarse ilegalmente a las urnas y violentar a la misma presidenta Gámez— no solo rayaron en lo absurdo, sino que despertaron un repudio generalizado. Como dijo la propia presidenta del CANG: “Denuncias anónimas, reserva, limitación de la información y terror judicial son herramientas que niegan el derecho procesal democrático”. Y es aquí donde debemos poner atención, porque estas acciones irracionales del MP pueden ser los elementos para criminalizar la reciente elección del CANG para escoger sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad.

En el fondo, estamos librando una batalla histórica por recuperar nuestro país, nuestras
instituciones, nuestro sistema de justicia y nuestra dignidad. La fiscal general y sus allegados no solo perciben salarios e ingresos que podrían superar los de cualquier mandatario latinoamericano —lo que explica su lealtad férrea—, sino que preparan el terreno para que la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) cumpla su parte del pacto: la rectoría a cambio de inmunidad.

Este lunes 16 de febrero, el Consejo Superior Universitario (CSU) —un órgano cuestionado en su legitimidad, salvo por un puñado de consejeros honestos— se reunirá en un hotel privado y en Antigua Guatemala, como si la universidad no tuviera espacios propios. Es la venta de la USAC al mejor postor: el Pacto de Corruptos.

Estamos en medio de una batalla definitiva. No hay mayor odio en Guatemala que el que despierta quien defiende la impunidad, pero tampoco hay mayor esperanza que la que surge cuando el pueblo se organiza. Recuperemos el país de manos de la peor cleptocracia que nos ha cooptado. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.