El nombramiento de nuevas autoridades en el Ministerio de Gobernación abre una oportunidad para abordar una de las áreas más frágiles de la seguridad nacional: el Sistema Penitenciario. Más que recuperar el control —que nunca se ha tenido del todo—, el desafío es fortalecer una estructura débil, sobrepoblada y sin dirección clara. Lo ocurrido en Fraijanes 2 recordó que las cárceles no privan a los criminales de libertad y, con los perfiles de muchos de los presos de hoy, terminan controlando los centros y convirtiéndolos en universidad del crimen, de donde salen la mayoría de las extorsiones del país.

A junio de 2025, Guatemala registraba 23 mil 382 personas privadas de libertad, con una capacidad real de seis mil 842 en 22 centros. Eso significa un 342% de ocupación, la más alta de América Latina. Cerca del 45% de los reclusos no contaba con sentencia, lo que agrava el hacinamiento y evidencia fallas estructurales en la justicia penal. Es claro que con el hacinamiento se pierde la autoridad, se viven condiciones inhumanas y difícilmente se logra la rehabilitación.

Durante la administración anterior se impulsó el Proyecto Renovación Penitenciaria, una estrategia que buscaba modernizar el sistema en cuatro frentes: infraestructura, tecnología, formación y control interno. Su mayor logro fue la puesta en marcha del centro Renovación 1, un espacio más seguro para reos de alta peligrosidad. Tuvo al principio sus desafíos, aunque fue un avance aislado.

No basta con construir más cárceles. Es urgente ampliar el número de centros y mejorar los existentes, pero con planificación y propósito. Por ejemplo, destrabar los recursos del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la cárcel de máxima seguridad debería ser una prioridad. Ese proyecto tiene fondos aprobados desde 2020 y estudios concluidos desde 2023, pero sigue detenido.

Las nuevas cárceles deben construirse bajo la modalidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, administrado por una unidad técnica del Mingob. Este modelo separa a quienes buscan rehabilitarse de los de alta peligrosidad y promueve disciplina, educación y trabajo. En Fraijanes 1, cárcel de mujeres, los resultados son evidentes: la reincidencia bajó del 60% al 4% debido a programas de formación, empleo y acompañamiento. Replicar este modelo permitiría avanzar del caos actual hacia un sistema más humano y seguro.

El mayor reto es la profesionalización del personal. Iniciando con el nombramiento de un director y subdirector comprometidos con la transformación. A junio de 2025, el sistema contaba con tres mil 134 guardias penitenciarios; trabajan turnos de ocho días seguidos, con un salario líquido mensual de aproximadamente Q5 mil y sin una carrera. En esas condiciones, el control es imposible y no hay motivación. Crear una carrera penitenciaria con ingreso, ascensos, jerarquías y salarios dignos es indispensable para construir autoridad y profesionalismo.

Se requiere una gestión moderna, basada en tecnología y control interno. Sistemas de cámaras, monitoreo electrónico y mejores procedimientos pueden prevenir delitos y evitar que las cárceles sigan operando como centros del crimen organizado.

Fortalecer el Sistema Penitenciario exige constancia, liderazgo y visión de Estado. Es el momento de retomar lo que ha dado resultados, dar continuidad a proyectos como Renovación y el Nuevo Modelo de Gestión y avanzar con la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Todo debe enmarcarse en un plan estratégico integral, con planificación, recursos suficientes para la infraestructura y una verdadera carrera para los guardias penitenciarios. Solo así podremos detener el crimen que hoy se organiza desde las cárceles y recuperar la autoridad del Estado.