Congreso revisará cambios a Ley de Contrataciones Públicas; analistas insisten en debilidades en los controles
La Comisión de Economía del Congreso tiene previsto reunirse esta tarde con autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para conocer las modificaciones solicitadas por diputados a la iniciativa 6688, Ley de Contrataciones Públicas, una propuesta que busca sustituir la normativa vigente, pero que todavía genera cuestionamientos por sus mecanismos de control, fiscalización y transparencia. […]
La Comisión de Economía del Congreso tiene previsto reunirse esta tarde con autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para conocer las modificaciones solicitadas por diputados a la iniciativa 6688, Ley de Contrataciones Públicas, una propuesta que busca sustituir la normativa vigente, pero que todavía genera cuestionamientos por sus mecanismos de control, fiscalización y transparencia.
Los analistas Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), coinciden en que la iniciativa incorpora herramientas que pueden contribuir a modernizar las compras públicas, pero advierten que persisten vacíos que podrían ampliar la discrecionalidad en las contrataciones si no se corrigen antes de su aprobación.
Entre sus principales preocupaciones figuran la falta de una instancia independiente para resolver impugnaciones, la capacidad disuasiva de las sanciones y el aumento de los montos para algunas modalidades de compra.
Diputados negocian modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas para su aprobación inmediata
Según explicó Ayala, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, entre los cambios solicitados se encuentra la exclusión de entre 33 y 34 artículos del texto original y una modificación al mecanismo para resolver las inconformidades contra las adjudicaciones de contratos públicos.
La iniciativa 6688, presentada por el Organismo Ejecutivo en noviembre de 2025, consta de 278 artículos.
Ayala explicó que la reunión tiene por objetivo que las autoridades de Finanzas presenten sus observaciones y propuestas ante todos los integrantes de la sala legislativa.
RECURSOS POR INCONFORMIDADES
Uno de los cambios expuestos, refirió el presidente de la comisión se refiere al mecanismo para resolver los recursos que presentan las personas o empresas inconformes con la adjudicación de un contrato.
La propuesta original contempla que estos fueran conocidos por un tribunal especializado en adquisiciones públicas, con una estructura similar a la de los tribunales tributarios.
Ayala consideró que esta alternativa debe ser una de las que hay que reconsiderar debido a la complejidad que implicaría crear salas especializadas.
Esto propone la iniciativa de Ley de Contrataciones Públicas presentada al Congreso
Según el congresista, el planteamiento que se encuentra en discusión es que los recursos sean atendidos dentro de la institucionalidad de cada entidad contratante, de manera que cada institución conozca y resuelva las inconformidades contra las adjudicaciones que ella misma realiza.
Este cambio, agregó, plantea interrogantes sobre la independencia e imparcialidad en la revisión de las adjudicaciones, pues la entidad que toma la decisión de contratar también tendría a su cargo resolver los recursos presentados contra ella.
Será necesario conocer qué mecanismos de separación de funciones y garantías contempla la propuesta para atender esas impugnaciones, afirmó.
MONTOS DE CONTRATACIÓN
Entre los aspectos que se pidió revisar figuran los umbrales económicos para las distintas modalidades de contratación, incluidos los montos aplicables a la compra simplificada, cotización y licitación.
Ayala indicó que estos cambios forman parte de los planteamientos que se discutirán con el Ministerio de Finanzas, aunque no detalló cuáles serían los nuevos montos ni los criterios técnicos que los respaldarían.
La modificación de esos límites incide en los procedimientos que deben seguir las instituciones para adquirir bienes, servicios y obras públicas. Por ello, será relevante conocer qué estudios sustentan los nuevos umbrales y cómo se prevé evitar que los cambios amplíen la discrecionalidad, reduzcan la competencia o faciliten el fraccionamiento de contratos.
El presidente de la comisión también señaló que se recibirán aportes de centros de pensamiento que han manifestado inquietudes ante la posibilidad de que la iniciativa sea aprobada de urgencia nacional. Según indicó, la intención es abrir espacios para reuniones técnicas y discutir el contenido de la propuesta.
El objetivo planteado, añadió, es incorporar elementos innovadores de la legislación internacional sobre contrataciones públicas, sin perder la transparencia que debe caracterizar los procesos de adquisición del Estado.
La discusión se produce mientras persisten cuestionamientos sobre el alcance de las modificaciones.
¿QUÉ PROPONE LA INICIATIVA?
La propuesta busca sustituir de manera integral a la actual Ley de Contrataciones del Estado y establecer nuevas reglas para que las instituciones públicas compren bienes, contraten servicios y ejecuten obras.
Entre sus principales aspectos establece:
Creación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas: Integra normas, procedimientos, plataformas digitales y órganos especializados para ordenar las adquisiciones públicas.
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas: Propone crear este órgano para resolver recursos de apelación, inconformidades y quejas de manera imparcial.
Nuevos umbrales para las compras del Estado:
Compra menor: Hasta Q35 mil
Compra simplificada: De Q35 mil a Q300 mil
Cotización: De Q300 mil a Q2 millones
Licitación: A partir de Q2,000,000
Uso de herramientas electrónicas: Fortalece el uso de plataformas como Guatecompras para agilizar los procesos y fomentar la participación y fiscalización ciudadana.
Profesionalización del comprador público: Busca capacitar al personal encargado de las compras para reducir la discrecionalidad y prevenir la corrupción.
ANALISTAS ADVIERTEN VACÍOS
Consultados por La Hora, Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) coinciden en que la propuesta incorpora herramientas que pueden contribuir a modernizar las compras públicas, pero advierten que esos avances no serán suficientes si no se fortalecen los mecanismos de fiscalización y se garantiza que las instituciones tengan capacidad para aplicar la normativa.
Para Barrientos, el primer problema es la falta de certeza sobre cuál es el texto que finalmente se pretende aprobar, no la iniciativa como tal.
Barrientos dijo que a pesar de que la iniciativa 6688 fue presentada por el Organismo Ejecutivo en noviembre de 2025, se ha tenido conocimiento de un documento en el que se plantearon algunas modificaciones por lo que existen dudas de que sería lo que se intentaría aprobar de urgencia nacional.
El analista consideró que el Congreso debe ampliar la discusión ya que la normativa regulará los procedimientos de compra de las entidades centralizadas y descentralizadas del Estado, incluidas las municipalidades, por lo que incluso modificaciones aparentemente pequeñas pueden generar problemas de interpretación o afectar el funcionamiento de las instituciones.
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Barrientos reconoció que la propuesta original contiene elementos positivos, como la incorporación de herramientas tecnológicas y mecanismos utilizados en otros sistemas de contratación pública sin embargo, cuestiona si las instituciones están preparadas para implementarlos en un plazo de 18 meses, cuando todavía existen dificultades para aplicar mecanismos incorporados en reformas anteriores, como la subasta electrónica inversa.
Zapata también reconoció avances en el diseño de la iniciativa, entre ellos la incorporación de información sobre beneficiarios finales, estándares de datos abiertos, mecanismos de transparencia promovidos por CoST, subasta inversa y convenios marco.
No obstante, consideró que la propuesta cumple con estándares internacionales más en su estructura que en la solidez de sus controles.
A su juicio, varios aspectos fundamentales quedan sujetos a lo que establezca el reglamento, en lugar de estar desarrollados directamente en la ley. Esto, señaló, reduce la certeza sobre cómo se aplicarán las obligaciones de transparencia, los plazos de publicación y las sanciones por incumplimiento.
IMPUGNACIONES Y SANCIONES, LO MÁS CUESTIONADO
Uno de los puntos que genera preocupación es la independencia para resolver las inconformidades contra las adjudicaciones de contratos públicos.
Zapata señaló que la versión original contemplaba un tribunal especializado para conocer apelaciones, inconformidades y quejas, pero que, según tiene conocimiento ese mecanismo fue eliminado.
En su lugar, se mantendrían recursos como la revocatoria y la reposición, que se resuelven dentro de la propia entidad contratante, punto en el que también hizo énfasis el presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso.
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Para Zapata, la ausencia de una instancia independiente constituye una debilidad del sistema, porque no garantiza una revisión externa de las decisiones de contratación.
También cuestionó el alcance disuasivo de las sanciones. Según su análisis, la multa general establecida en el proyecto equivale a 0.2 por millar del valor del contrato, mientras que la normativa contempla que una entidad pueda abstenerse de sancionar cuando la multa no supera los Q500.
Barrientos, por su parte, advirtió que la modernización de los mecanismos de adquisición no garantiza por sí sola mayor transparencia. Consideró que, si durante la discusión se debilitan las prohibiciones y sanciones o se mantienen vulnerabilidades en la elaboración de las bases de contratación, los riesgos de corrupción pueden persistir.
AUMENTO DE MONTOS TAMBIÉN GENERA DUDAS
Otro de los puntos que requiere una justificación técnica es el aumento de los montos establecidos para las distintas modalidades de contratación.
Zapata señaló que la propuesta eleva el límite de compra directa de Q90 mil a Q300 mil y el de cotización de Q900 mil a Q2 millones.
A su criterio, ambos incrementos superan lo que justificaría la inflación y podrían dejar una mayor proporción de las adquisiciones bajo procedimientos con controles menos exigentes.
Entre los riesgos que identifica está que la compra menor continúe siendo una adjudicación directa, que pueda darse por realizada con el registro de la factura y que no se requiera contrato para adquisiciones por debajo de Q100 mil.
También adviertió que, en la contratación simplificada, la decisión recae en la propia unidad ejecutora y puede intervenir un solo evaluador, sin un mecanismo de precalificación de proveedores.
El analista consideró que estos cambios deben acompañarse de medidas para prevenir el fraccionamiento de compras, una práctica que permite dividir adquisiciones para evitar procedimientos de mayor competencia.
Entre sus propuestas está que los límites se calculen por ejercicio fiscal y por familia de bienes, que Guatecompras genere alertas cuando las adquisiciones se aproximen a los umbrales y que se exija un número mínimo de ofertas en la modalidad simplificada.
También plantea fortalecer las multas por fraccionamiento y establecer límites a los montos que un mismo proveedor puede recibir de una entidad durante el año.
Barrientos coincidió en que los nuevos umbrales deben contar con una justificación técnica y que no basta con elevar los montos sin evaluar sus efectos sobre la competencia y la transparencia.
Aunque consideró razonable revisar algunos límites de cotización y licitación, advierte que el cambio puede ampliar los espacios de discrecionalidad si no se acompaña de controles adecuados.
LA DISCUSIÓN Y LA CAPACITACIÓN SON NECESARIAS
Zapata señalÓ que la iniciativa mantiene posibilidades de contratación directa de servicios técnicos y profesionales sin límite de monto, así como excepciones para acuerdos de Estado a Estado y regímenes especiales.
Además, cuestionó que en determinados contratos de obra se permitan incrementos de hasta 40% sin convocar un nuevo concurso.
En materia de fiscalización, plantea que la Contraloría General de Cuentas debería contar con mecanismos de auditoría basados en riesgos para las compras menores y la contratación simplificada.
También propone que la ley establezca obligaciones concretas de publicación, sanciones proporcionales y mecanismos para cruzar la información de beneficiarios finales con las declaraciones de conflicto de interés.
Barrientos consideró por su parte que la discusión debe abarcar la totalidad de la normativa y no centrarse únicamente en los mecanismos de adquisición.
También cuestionó la posibilidad de aprobar la reforma de urgencia nacional o vincularla con la discusión del Presupuesto 2027, debido a que se trata de una legislación estructural que regulará las compras públicas durante varios años.
Zapata agregó que una reforma de esta naturaleza también depende de la capacidad del servicio civil para implementarla. Aunque considera razonable el plazo de 18 meses previsto para la entrada en vigor de la mayor parte de la ley, adviertió que el cambio normativo por sí solo no garantiza mejores resultados si no se fortalecen las instituciones y el personal responsable de aplicarlo.
En conjunto, los cuestionamientos no se dirigen a la necesidad de modernizar las contrataciones públicas, sino a las condiciones en que se pretende aprobar la reforma.
«Es clave que esta ley no se apruebe de urgencia nacional porque tiene muchos temas técnicos que hace falta discutir y por como está redactada podría limitar al próximo Gobierno de ejecutar recursos», argumentó Zapata.
CACIF TAMBIÉN VE FALENCIAS
Por su parte, entre los mayores riesgos que CACIF identificó y por los cuales se pronunció el martes recién pasado está la posibilidad de que el Minfin aumente los montos permitidos para realizar compras sin licitación, sin que la iniciativa establezca un límite para esos incrementos.
Esto, según el sector empresarial, podría ampliar las adquisiciones que se realizan sin un proceso competitivo.
Asimismo, cuestiona que un ministerio pueda declarar una emergencia y seleccionar directamente a un proveedor, sin comparar precios ni solicitar otras cotizaciones, incluso cuando existan condiciones para hacerlo.
El CACIF explicó que esta disposición podría dejar decisiones importantes en manos de las autoridades de cada institución.
Otro de los puntos señalados es la contratación de técnicos y profesionales. El sector empresarial advierte que las instituciones podrían contratar personal sin evaluar a otros candidatos ni demostrar que seleccionaron a la persona con mayor preparación para el trabajo requerido.
De igual manera, se refiere a las modificaciones en contratos de obra pública, que permitirían que una obra aumente hasta un 40% de su valor original mediante ampliaciones al contrato con el mismo proveedor, sin convocar una nueva licitación.
Señaló también que la justificación de esos incrementos no tendría que pasar por una revisión técnica.
Ante esto, CACIF considera que la iniciativa debe corregirse antes de su aprobación.