El proceso de discusión y análisis de la iniciativa 6593, denominada “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, entrará en una etapa de dictamen por parte de diputados que integran las comisiones de Economía y Finanzas, que discuten por separado el proyecto de ley.

El avance hacia su aprobación entra en una fase crucial, ya que en febrero del 2026 Guatemala será evaluada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) respecto del cumplimiento de una norma actualizada en materia de prevención del lavado de dinero.

Mientras tanto, representantes del sector bancario y financiero —por medio de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG)—, así como autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB), urgieron la aprobación de la ley, debido a los riesgos que implica no contar con un marco actualizado y el peligro de que el país sea incluido en una lista “gris”, es decir, entre los países poco cooperantes.

La iniciativa 6593 busca modernizar las disposiciones legales vigentes para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y actualmente se encuentra en análisis dentro del Organismo Legislativo.

El diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, brindó un panorama sobre el estatus de la iniciativa y su posible dictamen esta semana.

¿Cómo está visualizando la iniciativa de ley en su fase de dictamen y aprobación?

Estamos trabajando en conjunto con la Comisión de Economía. Hemos trabajado con un grupo similar de asesores, gente que nos ha ayudado tanto interna como externamente.

Entonces, lo que acordemos allá (Comisión de Economía), lo vamos a traer como acuerdo aquí.

Lo hemos presentado de manera preliminar a algunos diputados, pero no sabemos cómo va a quedar la configuración. Estamos pendientes a cómo quede la elección de comisiones, si se da entre esta o la próxima semana a más tardar. Entonces, ya no da tiempo, digamos, de hacer el trabajo de gestión para esos temas tan clave.

¿Qué meta tienen?

En que sí hay un compromiso de avanzar la iniciativa de ley, por lo menos de aprobarla parcialmente.

Hay una propuesta, y también tengo un borrador de dictamen listo en la Comisión de Finanzas.

Los votos en la comisión, en su configuración actual, son complicados. En su nueva configuración veremos. Pero sí es la intención de dictaminar, es sacar un dictamen específico junto con la de Economía. Y, de repente, alcanza con una o dos que salgamos en la misma dirección.

En cuanto a tiempos, ¿qué han analizado?

Sí, y para que se pueda entrar a discutir en el Pleno del Congreso, es en febrero. Febrero, para que avance.

Hay que aclarar que, con los tiempos, vino algo tarde la iniciativa. Realmente, fue en agosto del año pasado, con un tema tan complejo, de 150 artículos con temas legales, penales, financieros y de supervisión, que son muy complejos de entender.

Todo en medio de una Comisión de Finanzas que se entretenía ya con el tema del presupuesto 2026 y todo eso. Y la iniciativa está lista desde febrero. No sé por qué, creo que por unos detalles se quedaron seis meses atrasados.

Entonces, creo que está saliendo en un tiempo razonable.

Reitero que es un compromiso de que el país tiene que modernizar ese tema, pero es una ley que genera un poco de preocupación.

¿Sí hay consenso?

No sé si hay consenso en el pleno todavía. Hay que ver cómo queda el dictamen.

Si sale el dictamen, creo que sí va a salir, y luego el tiempo y la prioridad que le dé el pleno al tema de esa ley, que va a depender del cabildeo que tiene que hacer el Ejecutivo y los jefes de bloque.