El Sistema Penitenciario guatemalteco es uno de los mayores retos que enfrenta la sociedad. A junio de 2025, la tasa de ocupación superaba el 340%, muy por encima del promedio regional, que es alrededor del 130%. Esto ubica a Guatemala entre los países con más hacinamiento carcelario en América Latina.

En 2014, había alrededor de 18 mil personas privadas de libertad. Hoy son más de 23 mil, pero la infraestructura disponible sigue siendo la misma. Existen apenas 6,842 espacios en 22 centros penitenciarios en funcionamiento, la mayoría en condiciones precarias, sin separación de perfiles y con presencia de autogobiernos. En varios de ellos, las autoridades han perdido el control y terminan subordinadas a los privados de libertad.

Las consecuencias son múltiples: hacinamiento, violencia, carencia de servicios básicos y, lo más grave, continuidad delictiva desde el interior de los centros. La extorsión es una señal clara de que el sistema está fuera de control —se estima que aproximadamente el 80% tiene su origen en centros carcelarios—. Lejos de cortar el vínculo con el crimen, las cárceles se han convertido en centros de operaciones.

Aunque el uso de la prisión preventiva ha bajado de 42% en 2014 a 30% en 2025, aún es elevado. Esa cifra significa que miles de personas están encarceladas sin sentencia, muchas veces por largos períodos. Por otro lado, más del 60% de los privados de libertad tienen entre 18 y 35 años, jóvenes sin acceso a oportunidades reales de cambio ni herramientas para una futura reinserción.

También se cuenta con el control telemático que utiliza brazaletes electrónicos. En 2025, se han colocado 229 dispositivos, de los cuales 161 están activos. Esta herramienta busca sustituir la prisión preventiva cuando sea viable, sin comprometer la seguridad pública. Se han capacitado más de 650 jueces y se espera incluir pronto a defensores públicos.

Ante este panorama, el Ministerio de Gobernación presentó el Proyecto Renovación como una respuesta inmediata. Su propósito es recuperar el control estatal en centros de mediana y alta peligrosidad. Para lograrlo, propone una intervención técnica y operativa con cuatro pilares: remozamiento de infraestructura, incorporación de tecnología, nuevos protocolos de control y personal capacitado.

El primer centro ya está en operación. Se trata del antiguo “Infiernito”, ahora transformado en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación 1 (R1). Allí se aplican controles estrictos: visitas limitadas, eliminación de efectivo, sin acceso a conexiones eléctricas y vigilancia constante con cámaras y escáneres. Los internos están perfilados: condenados por delitos como homicidio, extorsión y secuestro.

A diferencia del sistema tradicional, donde reina el desorden, Renovación se centra en garantizar seguridad y control. No busca aún la reinserción. Es una medida de emergencia, pero también una oportunidad para restablecer la autoridad del Estado. El plan es extender este proyecto a más centros en los próximos años, siempre que se cuente con recursos y voluntad política.

Renovación, aunque necesario, es insuficiente. Transformar el Sistema Penitenciario requiere una política pública integral, con visión a largo plazo, financiamiento adecuado y articulación entre los organismos de la justicia penal.
Urge edificar por lo menos una cárcel de máxima seguridad, construir y ampliar más centros, profesionalizar al personal, continuar con la formación de guardias penitenciarios e institucionalizar una carrera penitenciaria basada en mérito y evaluación. Fraijanes 1 funciona con un nuevo modelo que puede expandirse a otros centros, ya que garantiza control, seguridad y oportunidades de rehabilitación.