Han pasado tres meses desde que el Ministerio de Gobernación anunció un déficit de armas y patrullas para la Policía Nacional Civil (PNC). En noviembre del 2025, Marco Antonio Villeda, titular de la cartera del Interior, indicó que estaban por iniciar las negociaciones y procesos para la adquisición de armamento mediante el mecanismo de gobierno a gobierno.

Este 11 de enero de 2026, Villeda afirmó que están reparando las bases de las licitaciones para adquirir aproximadamente mil patrullas para la Policía.

“Contamos con Q200 millones autorizados por la Ley Antipandilla para adquirir armamento y equipo tanto para la Policía como para el Sistema Penitenciario”, comentó el funcionario durante la conferencia de prensa denominada La Ronda.

David Custodio Boteo, director general de la PNC, indicó en noviembre del 2025 que la Policía solo tenía mil 500 armas disponibles y que no contaban con el equipo suficiente para dotar a más de 3 mil 400 nuevos agentes que se graduarían en mayo próximo.

Villeda reiteró este miércoles que los análisis para la compra de armas aún continúan, y que la adquisición podría realizarse de gobierno a gobierno.

“En estas negociaciones estamos evaluando qué necesita con precisión tanto la Policía como el Sistema Penitenciario, a fin de consolidar la información y verificar qué pueden vendernos ciertos países”, explicó.

Inicialmente, la institución mencionó que Estados Unidos e Israel serían los gobiernos con los que se negociaría la compra de armamento.

La compra de patrullas y armas fallida

En abril del 2025, el Ministerio de Gobernación (Mingob) publicó un concurso para la compra de 10 armas de fuego y adjudicó el contrato por Q84 millones a la empresa Mundo de las Armas, Sociedad Anónima, entidad cuyos representantes legales son los hermanos de la ministra de Cultura, Liwy Grazioso Sierra. En septiembre de ese año, la cartera del Interior frenó la compra debido a dos acciones administrativas que aún están pendientes de resolución por parte de la Contraloría General de Cuentas y a una denuncia presentada ante el Ministerio Público.

En julio del año pasado, el Mingob y la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron el proceso de licitación para adquirir mil patrullas, y un mes después recibieron tres propuestas. En septiembre, se adjudicó el contrato para adquirir vehículos modelo D-Max, marca Isuzu, a Changhe Motors por Q365 millones, pero se desistió de la compra. La Junta de Licitación revocó su decisión debido a una inconsistencia en el número del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) consignado por la empresa.

La situación se dio en el contexto de un reclamo por la distribución exclusiva de ese modelo de picop en Guatemala. Isuzu Panamá publicó un comunicado en el que asegura que Automóviles y Vehículos Comerciales, S. A. (Autocom) y Canella, S. A. son los únicos distribuidores autorizados en el país.