Hace 40 años, el 31 de mayo de 1985, la Asamblea Constituyente decretó la actual Constitución de Guatemala (CG), cuya filosofía está plasmada en el preámbulo, que se resume en los siguientes principios: (i) La organización jurídica y política de un Estado humanista, sustentado en la dignidad humana y la vigencia de los derechos humanos; (ii) la consecución del bien común y la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz; (iii) el reconocimiento de las tradiciones y la herencia cultural; y (iv) la construcción de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego a derecho.

La normativa constitucional se distribuye en tres partes: dogmática, orgánica y procesal. En la dogmática se incorporan el carácter humanista del Estado y los derechos humanos (civiles, sociales y de los pueblos); la orgánica contiene el principio de separación de poderes y la descripción de los organismos del Estado y de otras instancias estatales (regímenes económico y social, administrativo, de excepción y de control y financiero, tribunal constitucional, fiscalía, asesoría y consultoría, fuerzas armadas, procuración de derechos humanos); y en la procesal se dispone lo relativo a la reforma constitucional y al procedimiento consultivo.

En lo que respecta a los derechos políticos (sufragio, elegir y ser electo), al igual que la descripción del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y sus instituciones, se relega a una ley. Se reconocen los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, los cuales prevalecen sobre el derecho interno, así como los principios, reglas y prácticas internacionales.

La promulgación de la CG fue recibida con entusiasmo y esperanza por la ciudadanía, a pesar de que: 1) El diseño de la representación legislativa no se basa en un genuino sistema de partidos ni responde a un sistema de elección uninominal o de lista abierta; 2) la legalidad de la autoridad electoral se entregó a una clase política codiciosa; 3) la justicia oficial no se sustenta en una auténtica meritocracia e independencia; y 4) existe un débil control de las finanzas públicas, así como se omitió incorporar los principios de equilibrio presupuestario y disciplina fiscal.

Empero, a lo largo de los últimos 40 años, advertimos un marcado retroceso institucional, que se manifiesta principalmente a través de: a) El asalto del Estado por las mafias, así como la consolidación de una economía brutal, del impune abuso de poder y de la insufrible corrupción; b) la politización de la justicia y la judicialización de la política; c) la desnaturalización del control de constitucionalidad; d) el desmontaje de la jurisdicción político electoral y la subordinación del TSE a la jurisdicción ordinaria; e) el socavamiento de la legítima postulación de candidatos a magistrados judiciales; f) la desprotección de los derechos y libertades, especialmente de la libertad de expresión de ideas, que fue en su día la mayor conquista libertaria del proceso democratizador; y g) la supresión del debate legislativo al establecerse la instancia de jefes de bloques y el castigo del transfuguismo.

Sin duda, los enemigos de la democracia, que se valen del temor y la criminalización, están al acecho, por lo que los ciudadanos deben cerrar filas en la protección de los derechos humanos y la democracia institucional. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que el miedo no vence al miedo, así como convencidos de que el Estado humanista no está a la venta ni se rendirá.