Una jueza federal bloqueó este viernes el uso de la deportación acelerada invocada por el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para agilizar la expulsión de inmigrantes que estaban en libertad condicional dentro de EE. UU.

La magistrada Jia M. Cobs, del Tribunal del Distrito de Columbia, ordenó a la Casa Blanca detener la deportación sumaria de cientos de miles de inmigrantes que habían ingresado al país huyendo de la persecución en sus naciones de origen.

El fallo responde a una demanda presentada por la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), la Red UndocuBlack (UBN) y CASA, que alegaron que el Ejecutivo utiliza un proceso de deportación “profundamente defectuoso”, tras anular en marzo pasado un programa de la era del expresidente Joe Biden (2021-2025) destinado a reducir el ingreso irregular por la frontera sur.

La querella, presentada en nombre de inmigrantes admitidos en EE. UU. bajo la Operación Aliados Bienvenidos o el programa patrocinado para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), solicitaba al tribunal detener las expulsiones sin acceso a audiencia ni representación legal.

En su orden, la jueza Cobs opinó que el caso plantea “una cuestión de equidad”, pues los inmigrantes expuestos a la deportación acelerada ingresaron al país conforme a las reglas establecidas, pero ahora “el Gobierno las ha cambiado”, pese a que la ley “prohíbe” hacerlo al Ejecutivo.

La magistrada también cuestionó las tácticas de la actual Administración para expulsar a los inmigrantes, que —dijo— se asemejan cada vez más a las prácticas de los países de los que huyeron:

“¿Serán expulsados sumariamente de un país al ser detenidos en puestos de control y a la salida de los tribunales, a menudo por agentes vestidos de civil, sin explicaciones ni cargos? Esto puede parecerse cada vez más a los países de los que intentaron escapar”, escribió Cobs.

El bloqueo de las deportaciones aceleradas representa otro revés para el Gobierno Trump, que ha elevado su meta de arrestos y deportaciones a 800 por día.

Angélica Salas, directora de Chirla, aplaudió en un comunicado el fallo y destacó que los inmigrantes demandantes “hicieron absolutamente todo lo que el Gobierno les pidió” para iniciar una nueva etapa en Estados Unidos.

“Merecen la dignidad de un día en la corte y esta demanda busca asegurar que la reciban”, indicó.

En marzo pasado, la Casa Blanca anunció la derogación del beneficio migratorio conocido como CHNV, que permitió a unos 530,000 inmigrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua residir y trabajar temporalmente en el país, tras ser avalados por un patrocinador.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que el programa “no aporta un beneficio público significativo, no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal, no cumple sus propósitos previstos y es incompatible con los objetivos de política exterior” de la Casa Blanca.

Los amparados tenían hasta el 24 de abril para obtener otro beneficio o quedaban expuestos a la deportación.

Ama Frimpong, directora legal de CASA, advirtió en un comunicado que la lucha “está lejos de terminar” y que seguirán en los tribunales para lograr que la orden temporal sea permanente.