El Gobierno mantiene en marcha un estudio para verificar la correcta asignación del recurso humano en las instituciones públicas, un proceso que busca ordenar tanto las funciones del personal como las escalas salariales dentro del Estado.

En conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo recordó el lunes 27 de enero del 2026 que actualmente se desarrolla un proceso de verificación y comparecencia en materia de recursos humanos, el cual no se limita al Organismo Ejecutivo, sino que responde a una problemática estructural del Estado guatemalteco.

“Aquí hay un problema mayor que nosotros ya estamos trabajando, y es el hecho de que el Estado guatemalteco —y aquí hablo no únicamente del Ejecutivo, sino del Estado en su conjunto— tiene un desorden absoluto en términos de escalas de remuneración por las funciones que se están cumpliendo”, afirmó el mandatario.

Según explicó, el objetivo es avanzar hacia una escala salarial razonable que permita la comparabilidad entre cargos de niveles similares y que, además, sea competitiva frente al sector privado.

“El Estado necesita tener salarios que sean atractivos también para los mejores profesionales”, sostuvo.

Arévalo reconoció que se trata de un trabajo complejo y de mediano plazo. “Esto no es nada sencillo, esto es complicado; es el objeto de un trabajo que se está haciendo y que esperamos poder, alrededor de este estudio, hacer propuestas en cuestión de meses”, indicó.

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¿Cómo avanza el proceso de verificación?

A finales del 2024, la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) informó que inició el acompañamiento a un proceso de verificación y comparecencia en materia de recursos humanos en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).

La ONSEC explicó que, por medio de su Unidad de Auditorías de Recursos Humanos, este mecanismo permite garantizar que los servidores públicos y contratistas estén debidamente asignados y cumplan las funciones que les corresponden.

Con este ejercicio, la SCEP se convirtió en la institución número 33 del Organismo Ejecutivo en la que se implementa el proceso, siendo ese el alcance del estudio.

Entonces, la ONSEC especificó que la revisión tiene como objetivo garantizar que el recurso humano sea acorde a los espacios administrativos y realiza las tareas que le corresponden.

El procedimiento consiste en citar a servidores públicos y contratistas para que se identifiquen y detallen las funciones que desempeñan.

Posteriormente, esa información es verificada en Guatenóminas y en el Sistema Informático de Administración de Recursos Humanos (SIARH), lo que permite comprobar la correcta asignación del personal en las entidades del Ejecutivo.

Salarios en la Superintendencia de Competencia

Las declaraciones del presidente surgieron tras ser consultado por el aumento salarial aprobado inicialmente por el directorio de la Superintendencia de Competencia, cuyos seis integrantes acordaron percibir Q75 mil mensuales, decisión de la que se retractaron el 23 de enero.

Arévalo recordó que la Superintendencia es una entidad autónoma y que, debido a esa condición, pudo fijar salarios que no habrían sido autorizados si se tratara de una dependencia del Organismo Ejecutivo. “Están fuera de proporción para lo que eso funciona”, afirmó.

El mandatario calificó como positiva la decisión de revertir el aumento y expresó su expectativa de que se adopten “decisiones razonables” en materia salarial, en coherencia con el estudio que actualmente se desarrolla para evaluar la asignación del personal y las remuneraciones en el Estado.

Último censo

El último antecedente de una medición general del recurso humano estatal se dio a conocer a finales de noviembre del 2019, cuando se presentó el Primer Censo Nacional del Recurso Humano del Estado.

Según ese estudio, Guatemala contaba con 292 mil 753 funcionarios públicos distribuidos en 85 instituciones. La información fue recabada en dos etapas censales, entre julio del 2017 y diciembre del 2018.

El censo reveló que el 64% de los trabajadores tenía plazas fijas, frente a un 32% con cargos temporales y un porcentaje menor bajo modalidades “a destajo” o “ad honorem”.

Además, aunque el 50.15% del personal eran mujeres y el 49.85% hombres, se evidenció una brecha salarial en los cargos con remuneraciones superiores a mil 500 dólares mensuales, donde la diferencia favorecía mayoritariamente a los hombres.

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