Uno de los mejores expertos en seguridad y rehabilitación carcelaria a nivel mundial es guatemalteco y desde el año 2007 ha intentado aportar sus conocimientos a sucesivos gobiernos —y a titulares de Gobernación—, sin que nadie lo haya escuchado hasta la fecha. Es el ingeniero y sociólogo Byron Titus y ha brindado su asesoría penitenciaria en países como España, Argentina y Colombia. A través de su metodología, logró reducir a la mitad la población carcelaria de un condado de Massachusetts, modelo que fue replicado en otros lugares de Estados Unidos. No faltan los reincidentes y los reos irredentos, pero para estos sí están las cárceles de máxima seguridad, a un costo mucho menor que tener a miles encerrados. Nadie lo ha tomado en cuenta, según refirió en entrevistas con Prensa Libre en 2016 y 2020.

¿Por qué? El sistema carcelario guatemalteco permanece varado en el siglo XIX, con conteos de individuos a dedo, sin verificaciones de identidad, sin sistemas biométricos —hoy bastaría la colocación de una mano, dos veces al día, para tener un conteo en segundos—, con cadenas de privilegios discrecionales y estructuras de poder paralelo e ilícito de reos, con descontrol de visitas, prevalencia de trasiegos de todo tipo y, por supuesto, cohechos con guardias y directores penales. La fuga de 20 pandilleros —tres ya recapturados— solo es el más reciente síntoma de un mal crónico.

Las dictaduras y las medidas contrainsurgentes del conflicto armado anquilosaron el Sistema Penitenciario. Los expedientes perdidizos, los archivos confusos y la prolongación de encierros confluían de manera utilitaria para obvios fines. Con la llegada la era democrática —hace 40 años— no tuvo ni ha tenido prioridad. Si otros servicios estatales siguen rezagados, ¡cómo no iba a estar en abandono este!

Pero esta no es una declaración de conformismo ni de derrota. Porque la repetitiva negligencia, engrasada con soberbias, ambiciones, agendas ocultas y hasta convenencierismos ha tocado fondo y esto representa un peligro nacional intolerable. Pero no solo basta que un ministro apruebe un plan carcelario publicitable: es necesario el concurso de todo el Estado en conjunto. El Ejecutivo está a cargo de los centros penitenciarios, pero es el Organismo Judicial el que remite presos y el que ordena el regreso de peligrosos asesinos a prisiones de mediana seguridad. Es el Organismo Legislativo el que crea leyes oportunistas y miopes, para dar el efecto politiquero. Es el Ministerio Público el que pide cárcel preventiva incluso para procesados que han respetado las condiciones de libertad bajo caución.

Se necesita un consenso serio, institucional y de nación para transformar el modelo penitenciario, por grados de peligrosidad y potencial de rehabilitación. Las reformas a la Ley Penitenciaria se aprobaron hace una década y muy poco de ellas se ha implementado. Han faltado recursos para la infraestructura física, pero, sobre todo, humana. Se sigue viendo al Sistema Penitenciario como un botadero y no como un espacio para distinguir a quien quiere salir del delito y castigar sin miramientos a quien reincide.

Existe una opción inicua: la de seguir repitiendo el mismo fracaso que acarrea fugas, motines y también continuidad de extorsiones desde los centros carcelarios. Abundan en este momento politiqueros que, con enjundia preelectorera, quieren revivir la fracasada mano dura como vía unívoca. Son merolicos de la necedad, heraldos de una caduca y putrefacta negligencia que ofrece resultados distintos haciendo las mismas cosas. Y el costo histórico de tan perversas pretensiones está a la vista.