Hace diez años, el 27 de agosto de 2015, como superintendente de Bancos atendí la llamada telefónica del presidente ejecutivo y gerente general de uno de los grupos bancarios y financieros más importantes del país, quien me informó que su banco, como la mayoría de empresas del sector privado organizado, habían decidido suspender actividades y acuerpar el movimiento de empleadores y empleados que, desde una Plaza Central rebosante de manifestantes, solicitaban la renuncia del presidente de la República.

Era más que evidente que el rechazo popular de los distintos sectores en contra del régimen era generalizado y los días estaban contados para el presidente, electo cuatro años antes. Estando próxima la primera vuelta de las elecciones a realizarse el 6 de septiembre, todo apuntaba a que el vicepresidente, recién electo por el Congreso de la República para sustituir a la vicepresidenta que había renunciado, estaba destinado a asumir la primera magistratura de la nación. Y ante la decisión del Parlamento de quitarle la inmunidad, el presidente terminó renunciando cuatro días antes de las elecciones y al día siguiente compareció ante la justicia.

Leyendo El patio trasero, de José Carlos Móvil, recordamos los acontecimientos que llevaron a las emblemáticas manifestaciones en contra del Gobierno, ante la sorpresa de la mayoría de guatemaltecos que descubrimos que desde lo más alto de la cúpula gubernamental se dirigía un entramado de corrupción y latrocinio del erario nacional, que tal vez nunca hubiese salido a luz si no hubiese sido por la investigación y denuncia de la CICIG (Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala) y el MP (Ministerio Público), lo que levantó apasionadas expresiones de repudio y exigencia de una justicia pronta y cumplida. Quizás en algún otro caso el papel de estas entidades pudiera ser cuestionado, pero definitivamente no en este. Y fue una lástima que, habiendo recibido la confianza del pueblo, los gobernantes hayan caído tan bajo.

Si bien es cierto que estas estructuras criminales fueron propiciadas por la ausencia de principios y valores de quienes detentaban el poder, la falta de controles, instituciones y funcionarios incorruptibles, pesos y contrapesos independientes, así como la suposición de los perpetradores de que podrían burlar la ley y la justicia porque creían que mantendrían por siempre el poder, también es cierto que transcurridos diez años se desvaneció la repulsa pública manifestada en aquella oportunidad.

A estas alturas, después de haber experimentado tres administraciones gubernamentales electas por los ciudadanos, se pone en duda si realmente existe la voluntad política de terminar con este destructivo fenómeno, cuyos protagonistas medran tanto en el sector público como en el privado; teniéndose la percepción de que en lugar de avanzar hemos retrocedido; o tal vez, apenas nos hemos estancado.

En lugar de aprender de lo sucedido, pareciera que la sociedad se ha vuelto más tolerante y las prácticas corruptas se han venido diseminando, encontrándose en muchas instancias. No habiendo una persecución y castigo de los corruptos después de cumplir con el debido proceso, entonces proliferan la opacidad, el engaño, el encubrimiento, los entramados criminales y el insolente descaro, cada vez más ostentoso, del enriquecimiento ilícito.

Pareciera que lo que salió a luz pública y empezó a perseguirse en 2015, terminó siendo una simple “llamarada de tusa” como decimos en buen chapín ya que, hasta hoy, todo sigue igual o peor, porque la impunidad continúa imperando a diestra y siniestra.