En todo el año 2024, la portuaria Quetzal manejó 15 millones 826 mil 339 toneladas métricas de carga, entre importaciones y exportaciones: un incremento del 10 por ciento respecto del 2023, cuando fueron 14 millones 341 mil toneladas métricas. Y este 2025 apunta a un nuevo récord, lo cual, a su vez, refleja el dinamismo de la actividad económica guatemalteca, que demanda una capacidad creciente de manejo logístico en dicha instalación. En efecto, el 23 de mayo último se firmó el convenio para la ampliación del muelle, proyecto que estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.

Sin embargo, hace un año, predominaba la incertidumbre por el riesgo de una interrupción súbita de las tareas de carga y descarga de buques a causa de la declarada nulidad del contrato de usufructo a la compañía APM Terminals. El fallo de la Corte de Constitucionalidad del 10 de junio del 2024 apuntaba a una suspensión que habría llevado a un colapso operativo en su principal terminal marítima, pues por sí sola EPQ no podía manejar ambas terminales. Los sectores exportador y comercial hicieron el llamado a la búsqueda de un acuerdo de transición sin interrumpir las actividades y con apego a la resolución legal.

En ese sentido, resultan un alivio los acuerdos logrados entre EPQ y APM Terminals. Tras una negociación de casi 11 meses, se implementa el arrendamiento temporal del área que ocupa APM y el traslado de servicios de gestión aduanal y facturación a la portuaria, para asegurar la continuidad. Ello sin perjuicio de la necesaria y estratégica licitación internacional de servicios de operación, que ahora dispone de un plazo de 36 meses para efectuarse de manera transparente y apegada a derecho. Se trata de un oportuno puente administrativo temporal.

La continuidad y seguridad de operaciones de la portuaria coadyuva a estratégicos sectores como agroexportación, importación de combustibles y bienes de consumo masivo. En repetidas ocasiones se han señalado tardanzas en los tiempos de carga o descarga, pero por ello se trabaja en la ampliación. En todo caso, el rezago proviene de previas miopías gubernamentales y de opacas distorsiones que generaron la objeción que llevó a la anulación del contrato de APM el año pasado.

Al asumir EPQ el proceso de facturación y cobranza, el Estado recupera una función clave, en la cual también se contará con el apoyo de la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP) del Departamento de Seguridad Interior de EE. UU. para reducir toda amenaza de trasiegos. Existen algunos puntos pendientes de afinar para dar inicio a la etapa interina, pero las acciones conjuntas con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la actualización del código portuario internacional y la comunicación del acuerdo demuestran una hoja de ruta técnica, con procedimientos claros e institucionales, a fin de evitar que se repitan abyectas perversiones como La Línea, en el período del nefasto y extinto Partido Patriota y su gavilla.

El período de transición de 36 meses le da margen al Estado para preparar una licitación internacional seria, transparente y competitiva, con estudios técnicos, marco jurídico sólido, garantías institucionales y gestión transparente. Urge la discusión seria de la Ley General del Sistema Portuario, cuya iniciativa fue presentada en junio al Congreso, en donde no debería quedar encallada. Aunque los puertos parezcan una operación costera distante de la rutina de muchos guatemaltecos, son un factor tan cercano a la vida diaria como disponer de combustible para el transporte personal o público.