Así como la iniciativa antilavado, comentada ayer en este espacio, marcará las fidelidades de los diputados de la legislatura X, el traslado de 10 mortíferos cabecillas pandilleros —convictos, reincidentes e incontritos— a la cárcel de alta seguridad Renovación 1 demostrará a quién sirven los jueces y en general el Organismo Judicial: si a los ciudadanos o a los criminales. Se espera que en este penal, remodelado en noviembre último, estos reos estarán en aislamiento, entre sí y del exterior, sin acceso a trasiegos ni privilegios.

Tal como ya ha ocurrido con otros reclusos de tal centro, son predecibles los recursos legales —que irónicamente suelen invocar argumentos humanitarios— para tratar de regresarlos a Pavón o a cualquier otra cárcel porosa, en donde disponían de comodidades, electrodomésticos, celulares y, sobre todo, la posibilidad de ordenar o coordinar operaciones de trasiego, exacciones y ataques armados. Los argumentos suelen contrastar con los prontuarios de estos pájaros de cuentas, responsables de múltiples delitos contra la vida, la integridad, la dignidad, el trabajo y la libertad de acción de sus víctimas.

Ningún juez ni magistrado probo debería tolerar más estas estratagemas, puesto que, con sus tropelías y sus reincidentes gestos corporales gregarios, estos individuos tácitamente abdican reiteradamente de garantías que no valoran, excepto cuando les conviene, lo cual es un insulto total a las familias que han enlutado. Ahora bien, la prisión de Renovación 1 ya mostró vulnerabilidades cuando, en junio, se detectó a un guardia que alquilaba su celular a reos, caso que también involucró a un agente de la PNC. La clave de cualquier centro de alta seguridad es mantener el monitoreo de conducta del personal, de sus patrimonios y el de sus familiares, para detectar amenazas o cohechos.

Resulta preocupante la revelación de que, durante el traslado de estos jefes pandilleros, el masivo operativo policial haya sido seguido por una treintena de pandilleros a bordo de vehículos utilizados ilegalmente como taxis. Las razones por las cuales no hubo detenciones por tal asedio no quedan del todo claras, pero sí constituyen un buen indicio para empezar a atajar este mecanismo de lavado de activos y potencial trasiego de ilícitos. Las municipalidades se han hecho de la vista gorda respecto de la exigencia de registros, revisión del estado mecánico y del interior de las unidades.

A decir de Gobernación, el movimiento se efectuó con el mayor sigilo, para evitar cualquier tipo de resistencia o motín. Y es que a varios de estos individuos se les vincula con el brutal ataque armado perpetrado la noche del 29 de julio en una funeraria de la avenida Centro América, zona 1 capitalina, en donde eran velados los restos de un presunto pandillero. Ocho fallecidos y 12 heridos fue el resultado de dicha barbarie, que exhibe la total ausencia de cualquier norma de respeto a la humanidad, ni siquiera al luto ajeno.

La llegada de esos jefes pandilleros será una prueba de agua regia para la instalación y sus sistemas institucionales, pero también este seguimiento podría convertirse en la metodología a seguir para reforzar la seguridad de un próximo centro penal. Es evidente que solo Renovación 1 es insuficiente para la alta carga de sentenciados por delitos de alto impacto y se necesita otra instalación en la cual también se bloquee cualquier comunicación con el exterior, incluyendo la instalación de cabinas con auriculares para las visitas de familiares o abogados, a fin de monitorear conversaciones. Entretanto, Renacer 1 es la única esperanza, y esta es su última oportunidad de consolidarse.