El Congreso de la República aprobó este martes 21 de octubre una reforma que modifica la entrega de fondos del Programa de Alimentación Escolar, con el objetivo de garantizar que las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) —encargadas de administrar estos recursos en cada centro educativo— reciban el 100% del dinero asignado para la compra de alimentos.

¿Qué problema resolvieron los diputados?

Desde la entrada en vigor del Decreto 31-2024, conocido como Ley Ganadera, el Ministerio de Educación (Mineduc) debía retener el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las transferencias a las OPF. Esto redujo significativamente los fondos disponibles para la alimentación de los estudiantes.

Así se reflejaba el recorte:

• En preprimaria y primaria, de los Q6 diarios por niño, se restaban Q0.64.
• En los niveles inicial, básicos y diversificado, de los Q4 se descontaban Q0.43.

¿Cómo afectaba esta medida a las escuelas?

El impacto fue inmediato. En diversas escuelas se dio la orden de ajustar los menús, disminuir porciones, sustituir productos o incluso eliminarlos. En centros educativos donde no hay cocinas y se entrega una bolsa de alimentos por niño, también se reportaron reducciones. Por ejemplo, una escuela de Escuintla eliminó una libra de frijol y una de azúcar por cada estudiante.

¿Qué hizo el Congreso?

Los diputados aprobaron con 144 votos el Decreto 10-2025. Esta norma elimina dos artículos que se incluyeron en la Ley Ganadera y en la Ley del IVA, y que provocaban las retenciones fiscales en los fondos destinados a la alimentación escolar.

Esto significa que ahora el Mineduc podrá transferir el monto completo a las OPF, sin aplicar descuentos por impuestos.

¿Qué dice la SAT sobre esta reforma?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) respaldó la decisión del Congreso. Señaló que la eliminación de las retenciones reduce costos operativos y simplifica los procesos de adquisición de alimentos.

La SAT aclaró que, aunque el Estado sigue siendo el consumidor final —y por lo tanto no está exento del IVA—, el nuevo mecanismo evita que las OPF asuman directamente ese impuesto, como ocurría hasta ahora.

“El cambio normativo mantiene al Estado como consumidor final, pero busca evitar que las OPF paguen el IVA completo en sus compras”, indicó la SAT a Prensa Libre el pasado 14 de octubre.