Los operativos de captura de migrantes indocumentados se han incrementado en ciudades de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, aunque con cifras que aún no llegan a las reportadas en el período de Joe Biden. Sin embargo, las tensiones y protestas suscitadas en California, especialmente en el área de Los Ángeles, que llevaron a una inusual convocatoria federal de dos mil efectivos de la Guardia Nacional estatal —por encima de la autoridad del gobernador Gavin Newsom—, elevan la tensión, no solo entre migrantes irregulares, sino entre la población legal local, funcionarios y estamentos políticos. Los casos de ciudadanos —de ascendencia hispana— que han sido detenidos e incluso deportados, como si no existieran garantías constitucionales, originan preocupaciones sobre los límites legales, que algunos jueces han empezado a firmar.

Se reportan capturas de personas en trámite de asilo o al salir de audiencias en cortes de Migración, lo cual contraviene el proverbial régimen de Derecho estadounidense. Organizaciones de derechos civiles y defensa legal de migrantes denuncian la violación de medidas cautelares transitorias mediante acciones de fuerzas federales. La militarización de las calles parece un mensaje para intimidar a otras ciudades santuario y estados que se resisten a plegarse a la cruzada antimigrantes prometida en campaña, bajo argumentos estigmatizantes y orwellianos.

En este contexto predominan la zozobra y la cautela entre guatemaltecos indocumentados en Estados Unidos. Se calcula que la mitad de los 3.2 millones de connacionales radicados en ese país se encuentran en situación irregular, lo cual incluye a quienes están en proceso de solicitud y trámite de legalización, lo cual, en la actualidad, se torna cada vez más incierto.

A la lentitud burocrática se suma el temor a redadas en eventos públicos o edificios oficiales, o allanamientos a domicilios, iglesias o instalaciones laborales. Del otro lado de la ecuación se hallan empresas de diversos rubros: construcción, mantenimiento, producción agropecuaria, manufactura, alimentos o servicios, cuya fuerza laboral —sobre todo en estados como California— incluye a migrantes sin documentos pero con muchos deseos de trabajar para ayudar a sus familias en sus comunidades de origen. Muchas de ellas han perdido empleados eficientes y con capacidades formadas. No es novedad que muchos de esos trabajos no les interesan a ciudadanos locales.

La multiplicación de operativos y órdenes de deportación les pone un cronómetro incierto a las previsiones de migrantes sin estatus legal, que viven una agónica situación límite: seguir trabajando y ganando recursos mientras se pueda. A ello se adiciona la amenaza de un polémico impuesto a las remesas, y es en esta vorágine de factores, presiones e inminencias que se produce el monto de envío de dólares migrantes al país durante mayo: US$2 mil 200 millones. El mes más alto de la historia.

Los operativos federales son onerosos, más aún si generan desgaste y cifras insuficientes. Los recursos están en vilo a causa del paquete fiscal en discusión en el Senado. Pero si de dinero hablamos, en el 2022 los migrantes indocumentados aportaron US$96 mil millones en impuestos. Quizá sea difícil para Trump retractarse de promesas de campaña, pero, tal vez, en aras de la productividad, la estabilidad económica y las prioridades geopolíticas, sería mejor reconsiderar vías a la legalización bajo exigentes requisitos que seguir fomentando la incertidumbre y la polarización, a menos que este fuera el verdadero objetivo.