Este texto también pudo titularse, parafraseando el viejo, conocido y comprobado refrán, “Tanto va el cántaro a la huelga hasta que se rompe”, en el contexto de la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad que dejó sin materia amparos del sindicato magisterial de Joviel Acevedo y da vía libre a direcciones departamentales de Educación para que impongan sanciones a los maestros que llevan tres meses en huelga, sin dar clases sin fundamento y sin obedecer órdenes de juzgados, bajo pretextos vacuos.

Los derechos de libre expresión, de petición, de manifestación pacífica son garantías constitucionales, pero pierden sentido ético y legal cuando son invocados como ariete de un jerarca bravucón, intransigente y desfasado que solo busca prolongar oxidados privilegios. Dicho en otras palabras, el injustificable paro magisterial del STEG conculca el mayoritario derecho de acceso a la educación de miles de niños y jóvenes. Al dirigente sindical Joviel Acevedo parece no importarle convertir en carne de cañón a sus seguidores, sobre quienes ya pesa una millonaria multa colectiva por el desacato a las órdenes judiciales de retomar clases. Cabe cuestionar si estos subordinados se dan cuenta de las consecuencias que les acarreará su sometimiento.

El tardío desalojo de las champas de la Plaza de la Constitución fue una finta y muy mal hecha. La publicitada caminata magisterial careció de cualquier efecto. En su despotismo egolátrico, dicho dirigente y su combo de pretorianos simularon obedecer la orden judicial, pero con un subrepticio acicateo a la continuidad del paro. No se dieron cuenta de que tal escamoteo socava su supuesta autoridad en dos formas: exhibe una desobediencia de sus seguidores y a la vez se nota que fue un sainete constitutivo de fraude de ley.

El paro se acerca ya a los 80 días perdidos de clases, con el consiguiente daño a la continuidad educativa de los estudiantes. No obstante, el combo de obedientes se rehúsa anticipadamente a extender el ciclo lectivo para reponer los días inactivos. En todo caso, para más evidencia, prosigue la huelga injustificada, en reclamo de un pacto colectivo totalmente inviable, por lesivo, amañado y hermético.

En un juego sucio de fragmentación, las filiales departamentales del STEG solicitaron amparos a salas judiciales de provincia para proseguir en su empecinamiento. Diez de ellas se los otorgaron. Pero el jueves 30 de julio, en inusitado fallo, ante un ocurso de las direcciones departamentales, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto los amparos ya mencionados. Eso quiere decir que puede continuar la evaluación de medidas en contra de los faltistas. Ya se impusieron multas, pero sin mayor efecto. El siguiente paso en los expedientes debe ser la destitución por incumplimiento de labores o abandono del cargo.

Midieron mal las fuerzas los acevedistas o se dejaron convencer de que persistía el contexto de los períodos de Colom (+), Pérez Molina, Morales o Giammattei. Querían regresar a los mismos convenios bajo la mesa. Durante los anodinos discursos de la plaza, en mantas —bajo la efigie de un sudamericano alborotador fracasado—, que su “lucha” era “por la niñez”. Tres meses privándola de clases, de aprendizaje y, por ende, de futuro, es un elocuente mentís cuyas consecuencias tendrán que afrontar. Padres de familia de planteles afectados por la necedad de un fantoche han empezado a cambiar chapas de aulas y a decir que no aceptarán de vuelta a los holgantes. El plan del Mineduc de contratar tutores llega tarde, pero aún es viable de implementar. Es peor seguir esperando a quien no quiere trabajar.