En el análisis de ALas845 conversamos sobre el tema, “Lavado de dinero y terrorismo: el reto de una ley integral”.

En el espacio se discutió sobre la propuesta de ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el
financiamiento del terrorismo presentada por el Ejecutivo, sus implicaciones para la institucionalidad financiera, el combate al crimen organizado y la transparencia nacional e internacional.

Ajustar la normativa a la actualidad

Julio Flores, director ejecutivo de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, indicó que la propuesta se elaboró con apoyo del BID, Banco Mundial y otras entidades internacionales financieras.

Señaló que se trata de una “norma robusta” y un nuevo proyecto de ley y no reformas a la normativa vigente del 2001.

“Sustituye totalmente a la ley anterior. Se da un periodo de 6 meses antes de que entre en vigencia. La ley tiene un enfoque integral porque se orienta a combatir el lavado de dinero, desde la represión, pero con énfasis en la prevención. Interesa mucho que el sistema financiero no sea utilizado para el lavado”, explicó.

Sobre su necesidad, Flores resaltó que “se estaba procurando combatir el lavado con una ley del 2001”, por lo que se estaba “desfasado de una realidad” en donde este delito es dinámico con el desarrollo de las tecnologías.

“El trabajo fue muy cuidadoso. En el proceso hay facultades de la IVE que se mantienen. El acceso a la información ya lo tiene por parte de la IVE con garantía de confidencialidad; no es una exposición y sobreexposición. Hay aspectos de intervención que por premura se hacen, pero hay procesos donde se busca de inmediato la autorización judicial”, dijo.

Enfocada a sectores más proclives al lavado

El funcionario aclaró que la normativa es explícita para “quienes está dirigida” y descartó su aplicación contra emprendedores, migrantes y otros. “Está más enfocado a áreas más proclives al lavado, como loterías, criptomonedas y el sector inmobiliario”, explicó.

Añadió que la normativa se basa en un “modelo de gestión de riesgo” en donde citó varias acciones para prevenir el delito.

En relación a proveedores del Estado, el comisionado dijo que la normativa incorpora medidas en la lucha contra la corrupción. “Se añaden los contratistas y las personas expuestas políticamente. Además, se mencionan beneficiarios finales que son importantes para la transparencia”, indicó.

Ante la duda porque se establece el registro de notarios, como sujetos de la norma para ser validados a ejercer, Flores reconoció que se trata de un “reto institucional” para el manejo de los datos de miles de profesionales. “La Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial se están preparando desde 2015, desde la última valuación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Como esto no es improvisado, se ha asumido de viabilizar lo que sea necesario”, resaltó.

El riesgo de la “lista gris” y la próxima evaluación

Sobre la denominada “lista gris” en la cual se ingresa si no se adaptan las normativas contra el lavado, Flores explicó que la GAFI es la entidad que realiza la evaluación que, de ser negativa, podría afectar las transferencias e incluso las remesas.

“Guatemala recibió en 2015 una evaluación y se dijo que hay brechas importantes y el deber es atender estas deficiencias. Aunque suene lejano, en febrero de 2027 viene GAFI a evaluar lo que hacemos desde 2015. Lo importante es que también requiere que la normativa se esté implementando, por eso adquiere una urgencia. Aprobar la norma es más sencillo y menos costoso que eventualmente ver cómo se sale de la lista gris”, finalizó.

Sobre la aprobación en el Congreso, Flores dijo que están anuentes a trabajar en conjunto para afinar la normativa de ser necesario. “Nos gustaría atender los acercamientos desde la mesa que se trabaja con Minfin, IVE y SIB. Hubo un grupo de personal técnico capacitado que desarrolló la iniciativa”, dijo.

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