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La prisa que tienen con la nueva Ley de Contrataciones contrasta con mesas técnicas que facilitaron acuerdos para dos leyes

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La prisa que tienen con la nueva Ley de Contrataciones contrasta con mesas técnicas que facilitaron acuerdos para dos leyes
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La discusión sobre una nueva Ley de Contrataciones Públicas vuelve a poner sobre la mesa el papel de los espacios técnicos y la participación de distintos sectores en la elaboración de cambios a la normativa. Con iniciativas presentadas en el pasado, los centros de pensamiento y la sociedad, han participado en mesas técnicas que han […]
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La discusión sobre una nueva Ley de Contrataciones Públicas vuelve a poner sobre la mesa el papel de los espacios técnicos y la participación de distintos sectores en la elaboración de cambios a la normativa.

Con iniciativas presentadas en el pasado, los centros de pensamiento y la sociedad, han participado en mesas técnicas que han logrado consensos que han permitido la aprobación final de leyes que aun están vigentes.

LEY DE CONTRATACIONES: EL ANTECEDENTE, 2015

El antecedente es uno de los referentes para la discusión actual de la iniciativa 6688, que plantea sustituir la Ley de Contrataciones del Estado, contenida en el Decreto 57-92, por una nueva normativa.

En junio de ese año, el Congreso convocó a representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para participar en mesas técnicas enfocadas en reformas relacionadas con transparencia y combate a la corrupción. Una de ellas se dedicó a revisar la Ley de Contrataciones.

La mesa fue presidida por la entonces diputada Nineth Montenegro y contó con la participación de entidades como el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Salud, la Contraloría General de Cuentas, el Instituto Nacional de Estadística, el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad de San Carlos.

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Los hechos constan en el diario de sesiones del Congreso de la Republica para el período legislativo 2015-2016.

En esa ocasión, también participaron organizaciones como Acción Ciudadana, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Fundación 20/20 y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

La Asociación para el Desarrollo Legislativo y la Democracia (Legis) fungió como secretaría técnica.

El proceso incluyó audiencias públicas para conocer propuestas y observaciones sobre los problemas que enfrentaba el Estado en sus procesos de compras y contrataciones. El trabajo derivó en un proyecto de reformas que posteriormente fue aprobado mediante el Decreto 9-2015, publicado en diciembre de ese año.

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Entre los cambios incorporados estuvieron disposiciones para fortalecer los procedimientos de cotización y licitación, limitar el uso de modalidades de excepción y compra directa, regular las prohibiciones para contratar con el Estado y precisar las restricciones al fraccionamiento de compras.

Un año después, nuevas reformas se aprobaron de urgencia.

Las reformas de 2015, aprobadas mediante el Decreto 9-2015, introdujeron cambios en las modalidades de adquisición pública.

En ese momento se estableció la compra de baja cuantía para montos de hasta Q10 mil y la compra directa para adquisiciones superiores a esa cantidad, sin exceder Q90 mil.

Posteriormente, el Decreto 46-2016 elevó el límite de la baja cuantía a Q25 mil, mientras que la compra directa quedó establecida para adquisiciones superiores a ese monto y hasta Q90 mil.

Esta última debía realizarse mediante una oferta electrónica en GUATECOMPRAS. El decreto también incorporó disposiciones sobre conflictos de interés en las juntas de licitación y cotización, el pacto colusorio entre proveedores y el fortalecimiento de GUATECOMPRAS como herramienta de transparencia.

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OTRA MESA TÉCNICA, PERO PARA SAT

Un año después, en 2016, el Congreso desarrolló otro proceso de discusión para revisar la Ley Orgánica de la SAT. En esa ocasión participaron diputados, el Ministerio de Finanzas Públicas, el ICEFI, centros de investigación y otros actores sociales.

La discusión incluyó propuestas sobre el modelo de dirección de la SAT, los controles internos, las funciones de la institución y el acceso a información bancaria de los contribuyentes para fines de fiscalización.

El ICEFI, por ejemplo, planteó inicialmente eliminar el Directorio de la SAT y sustituirlo por un Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, además de incorporar mecanismos para fortalecer los derechos de los contribuyentes.

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No todas las propuestas alcanzaron consenso. En junio de 2016, el ICEFI señaló que el dictamen favorable de la iniciativa 5056 recogía el máximo grado de acuerdo alcanzado por la mesa técnica, aunque algunas de sus recomendaciones no fueron incorporadas.

Entre los puntos que sí quedaron en la propuesta figuraban cambios al modelo de gobernanza de la SAT y disposiciones para permitir el acceso a información bancaria mediante autorización judicial y exclusivamente para fines de control y fiscalización tributaria.

La iniciativa 5056 fue aprobada el 19 de julio de 2016 y se convirtió en el Decreto 37-2016, Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria.

¿POR QUÉ MESAS TÉCNICAS?

Las mesas técnicas de 2015 y 2016, como lo indicó el analista y director ejecutivo de ICEFI, Ricardo Barrientos, permiten identificar el aporte que puede tener una mesa técnica en la discusión de una reforma legal.

Además, muestran que el Congreso ya ha utilizado mesas técnicas para discutir reformas de alcance nacional y que esos procesos contribuyeron a la elaboración de iniciativas que posteriormente fueron aprobadas.

Según criterio de Barrientos, con este tipo de instrumentos, se abre un espacio para revisar los artículos, contrastar propuestas, recibir observaciones de quienes conocen el funcionamiento de las instituciones y dejar constancia de los acuerdos y desacuerdos antes de que el Congreso tome una decisión.

La propia guía de buenas prácticas para el funcionamiento de las comisiones de trabajo del Congreso contempla la posibilidad de instalar mesas técnicas cuando se estudian iniciativas complejas.

Según el documento, estos espacios pueden integrar a expertos e instituciones públicas o privadas relacionadas con la propuesta, con el objetivo de revisar los artículos, validarlos o plantear modificaciones. También contempla la realización de audiencias públicas para escuchar a personas y organizaciones interesadas.

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