El juicio contra siete presuntos integrantes de una banda de sicarios que operaba con violencia extrema contra adultos mayores, se desarrolla en el Tribunal de Mayor Riesgo “E”. La organización está vinculada con asesinatos y robos ocurridos entre 2017 y 2018, en los que las víctimas fueron atacadas tras retirar dinero de bancos.

Según el Ministerio Público (MP), la estructura criminal tenía como blanco a mujeres y hombres de la tercera edad. Eran identificados dentro de las agencias bancarias, seguidos y posteriormente interceptados en la vía pública, donde los despojaban del efectivo. En al menos dos casos, las víctimas fueron asesinadas. El debate se centra en los crímenes de Gladys Angélica Rodríguez y Joseline Rompich.

“Esto ya no es solo robo, es violencia extrema”

Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión, expertos analizaron el caso y coincidieron en que este tipo de crímenes son reflejo de una grave crisis de seguridad. “A los delincuentes no les basta con despojar a las personas de sus pertenencias. También recurren a la violencia extrema que termina por quitarles la vida”, afirmó uno de los analistas, al referirse al perfil de las víctimas.

Los panelistas destacaron que el perfil de los adultos mayores los convierte en un blanco vulnerable: muchos no usan tarjetas por desconfianza, manejan efectivo y no cuentan con recursos físicos ni mentales para responder a un asalto. “Si yo quiero ir al cajero, también tengo derecho y debería poder hacerlo sin miedo”, se comentó.

Además, señalaron que la red criminal podría haber recibido apoyo desde dentro de las agencias bancarias.

Esta práctica permitió identificar a las víctimas y planear los ataques con premeditación y ventaja.

Acusaciones y condenas previas

Entre los procesados se encuentra Jorge Daniel López Villalta, quien ya cumple una condena de 25 años de prisión por el asesinato del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra, ocurrido en el 2018. Ahora enfrenta nuevos cargos por su presunta participación en otros dos asesinatos.

Los demás acusados son Rubén Darío de León González, Ricardo Francisco Pérez y Pérez, Joshua Josué Morales Santos, José Rogelio Chin Monroy, José Luis Palma Montes de Oca y Antonio Raúl Tocay Yuman. Todos están señalados por delitos que incluyen asociación ilícita, robo agravado y asesinato.

En la audiencia de apertura a juicio, ninguno de los acusados quiso declarar ante el tribunal. Se prevé que en las próximas sesiones testifiquen peritos y testigos para respaldar las pruebas recolectadas durante la investigación.

“Estos no son hechos aislados”

Los analistas del programa enfatizaron que esta estructura actuaba de forma sistemática y no por oportunidad.

Sobre el perfil psicológico de los acusados, indicaron que se trata de personas sin empatía, con rasgos impulsivos y frialdad emocional: “Ven esto como un trabajo. No hay remordimiento. Planifican y ejecutan”.

Aunque algunos expertos señalaron que el tipo de delitos cometidos justificaría penas más severas, recordaron que la pena de muerte no puede aplicarse en Guatemala por los tratados internacionales firmados, como el Pacto de San José.