Ciertamente, uno de los problemas más serios de las inversiones públicas y/o público privadas lo constituyen la serie de trabas de todo tipo antes de su inicio o cuando deben continuarse para evitar los efectos colaterales. La multiplicación de condiciones innecesarias se convierte muchas veces en gastos innecesarios o causados por la actividad despiadada y variada de los corruptos, individuales o integrados a empresas inexistentes o imposibilitadas de cubrir gastos, calificables además de vanos, prescindibles, excesivos, redundantes o destinados a beneficiar a gente inexperta. Nadie puede negar la urgencia de reducir las causas y efectos de estos atrasos, y por eso la propuesta del Ejecutivo tiene motivos, pero causa sospechas por la forma de presentarla.

Es imprescindible explicar cuál es realmente la idea y por qué se ha presentado como se hizo. Una ley de este tipo, cuando tiene un tiempo específico, esta vez con vigencia hasta el fin del período presidencial de Arévalo, despierta curiosidad, por decir lo mínimo. En resumen, está hecha con el fin de modernizar las normas (sin decir cuáles son) y borrar sanciones a contratistas, y a proveedores del Estado, una fuente de sospechas justificadas porque incluye a diputados convertidos en contratistas de la noche a la mañana, a contratistas relacionados familiarmente con funcionarios de cualquier nivel, electos o nombrados. Desde hace décadas este tipo de personas han creado una nueva generación de nuevos terneros mamadores de la vaca estatal.

Otra duda surge con la sugerencia de crear un nuevo “elefantito blanco” estatal, pronto convertido en adulto: el Fondo para la Ejecución de Inversiones Estratégicas (Foinves), posibilitado de decidir cuáles son los proyectos de inversión estratégica, un concepto vago porque no se sabe quién lo define. La tendencia actual va en sentido contrario: disminuir la cantidad de nuevos puestos burocráticos y tener claro exactamente el significado de esa tarea. Esta idea provoca la duda de por qué, si una entidad de ese tipo es necesaria, solo durará tres años. La lógica elemental señala: porque no dejan esa nueva puerta abierta al gobierno sustituto porque será presidido por alguien de otro partido, no por el desfalleciente y dividido en guerra interna Semilla.

A pocas horas de la sugerencia, diversos analistas han interpretado en forma severa otras motivaciones semiocultas dentro de la propuesta, relacionadas por ejemplo con la obligación de revelar el nombre de accionistas de empresas. Esto funciona en teoría para evitar utilizarlas como parte del narcotráfico, pero en la práctica, al ser una función de la Superintendencia de administración Tributaria (SAT), lo cual puede poner en peligro a estas personas y además de eliminar esos entes económicos locales, impide la llegada de inversiones extranjeras. En este caso, la discusión de cómo lograr esto último, por ser fundamental para el avance real socioeconómico del país y la recuperación interna de la confianza en colocar el dinero en nuestras fronteras.

Por todas estas razones, la anunciada discusión en el Congreso se debería realizar hasta cuando todas las dudas hayan sido aclaradas. Así como no es conveniente tomar una decisión bajo las presiones del tiempo inmediato o muy corto, tampoco conviene emitir leyes apresuradas. Recuerdo el caso de una ley emitida en pocas horas, por la cual quedaban libres de prisión los mareros, y luego anulada a los dos días. Semilla perdió por falta de materia su amparo en la Corte Suprema para evitar ser suspendido. Lo primero es averiguar si existe y, por tanto, no constituye pérdida de tiempo analizar la petición de la diputada Victoria Godoy Palala y de José Carlos Sanabria. Pensar en las propuestas e ideas de los políticos es la base, pues ya no merecen el beneficio de la duda.