En los meses recientes ha sido noticia la amenaza que representa para la ganadería de varios países el llamado gusano barrenador, que en realidad es la fase larvaria de una especie de mosca. Su combate debe ser una cruzada nacional e internacional para asegurar el abasto cárnico, tanto por razones de productividad como de seguridad alimentaria. Esta plaga sirve como una analogía de otra calamidad más antigua, más dañina y más extendida, que ha impactado largamente a países como Guatemala. No se le ha podido combatir porque esta especie de barrenador suele tener defensas subrepticias y alfiles institucionales que entorpecen su persecución.

El barrenador del ganado infecta el tejido muscular de las reses y hace inservible la carne; de manera similar, la especie parasitaria humana corrompe el tejido institucional, retuerce procesos y se aprovecha de limbos legales, secretismos y potestades para amañar procesos, distorsionar adquisiciones o cobrar sobornos a cambio de otorgar contratos, emitir permisos o agilizar trámites estatales. Los efectos de esta carcoma se pueden observar a lo largo y ancho de Guatemala: proyectos abandonados o a medias, y el caso más podrido es la ruta CA-2 Sur, cuya reconstrucción fue adjudicada a la nefanda constructora brasileña Odebrecht. Ni exfuncionarios ni exdiputados señalados de coimas han sido juzgados, menos aún condenados.

Son barrenadores del erario, de la competitividad, de la infraestructura y de la generación de oportunidades. Hay múltiples casos y denuncias, pero esta corrupción estructural afecta no solo el desarrollo económico, sino también la confianza pública y la credibilidad de los organismos del Estado. Es obvio que no se puede continuar así, pero los intentos por transparentar procesos enfrentan sabotajes ocultos y presiones fácticas.

En este contexto calamitoso, resulta importante la reactivación, por parte del Gobierno de Estados Unidos, de la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). En su reciente visita, el exsubsecretario de Estado Christopher Landau fue enfático al decir que “nadie desea un futuro donde las inversiones se basen en la corrupción”. Su rápido periplo por cuatro países denota una estrategia más amplia para proteger a las empresas estadounidenses de verse sometidas a chantajes, pagos de sobornos o presiones para obtener permisos.

Resuenan aún los nombres de diputados y funcionarios que en previos gobiernos exigían comisiones ilícitas a contratistas para el pago de adeudos. En algunos casos, tales gestiones llegaron a favorecer a empresas fantasmas o fachadas de oscuro financiamiento. Incluso hubo intermediarios de intereses chinos, mas el relevo gubernamental truncó la continuidad de sus propósitos. Pero se necesitan precedentes legales para frenar fechorías.

El proyecto de ampliación de Puerto Quetzal, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., es una obvia punta de lanza para crear mayor certeza para las inversiones estadounidenses en infraestructura pública, productividad y manufacturas. Estados Unidos se ha dado cuenta de la importancia geoestratégica de Guatemala y por eso, junto con el combate de estructuras de narcotráfico, se pondrá énfasis en pesquisas contra aquellos personajes responsables de exigir sobornos, obstruir la justicia o amenazar la seguridad regional de la superpotencia. La corrupción ocasiona pobreza y migración forzada. Los corruptos barrenan el desarrollo y las oportunidades; por lo tanto, se les debe cortar todo espacio de acción. La reactivación de la FCPA puede ser el empujón que faltaba para derribar las estructuras paralelas que siguen vendiendo lo ajeno al mejor postor.