Este 18 de marzo, diputados de la bancada oficial presentaron un paquete de iniciativas denominado apoyo familiar, que incluye subsidios a la gasolina y al gas (propano) —nombre con el que se conoce en Guatemala al Gas Licuado de Petróleo (GLP)— como medida para aliviar el gasto de los hogares guatemaltecos.

El diputado José Carlos Sanabria explicó que una de las propuestas contempla un subsidio de Q10 por galón de diésel durante un período de seis meses, dirigido al consumidor final.

Asimismo, se plantea un apoyo de Q20 al cilindro de gas propano de 25 libras, financiado mediante una asignación de Q240 millones, con el objetivo de reducir el impacto económico en las familias.

Según fuentes del Congreso, se prevé que la iniciativa sea presentada en la sesión ordinaria de la próxima semana, leída en el Pleno y posteriormente remitida a la comisión correspondiente para su análisis y dictamen.

Otras iniciativas para mitigar el alza de combustibles

En paralelo, el pasado 10 de marzo, el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, confirmó que se trabaja en una iniciativa de ley para subsidiar la gasolina y el diésel, similar a la implementada en 2022.

El 16 de marzo, el bloque Todos, presentó una propuesta para una exención temporal de impuestos a los combustibles durante tres meses.

La iniciativa 6726, Ley de Fondo de compensación y estabilización de precios de la gasolina. contempla eliminar el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la gasolina superior, regular y diésel a nivel nacional.

Esta iniciativa se leyó en la sesión ordinario del 17 de marzo y según informaron las autoridades del Congreso, esta ya se remitió a la Comisión de Finanzas Públicas y Comisión de Energía y Minas para que ambas comisiones realizan el estudio y den el dictamen correspondiente.

Conflicto Estados Unidos-Irán presiona al alza los combustibles

El aumento en los precios de los combustibles se da en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. Esta situación ocurre tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, conflicto que ya suma 18 días. Durante este período, buques petroleros han enfrentado restricciones para transitar por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca de una quinta parte del crudo mundial.

Este escenario ha generado presiones al alza en el mercado internacional del petróleo, elevando los precios del combustible a nivel global.

Por su parte, la Agencia Internacional de Energía Atómica informó el 16 de marzo que liberaría 400 millones de barriles de reservas estratégicas para evitar un desabastecimiento internacional; sin embargo, la medida no ha sido suficiente para frenar el incremento en el precio del barril de petróleo.

Gasolineras aumentan precios sin justificación clara

Aunque autoridades guatemaltecas han señalado que por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 21% del petróleo mundial, los precios internacionales comenzaron a subir tras la interrupción en esa ruta.

En Guatemala, desde el 2 de marzo, varias gasolineras empezaron a incrementar los precios de los combustibles, pese a que en ese momento aún se comercializaban reservas adquiridas antes del conflicto internacional.

Durante una citación en el Congreso, autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) explicaron que el último ingreso de importación de gasolina se registró entre el 6 y 8 de marzo, ya iniciado el conflicto.

Además, indicaron que nuevos cargamentos arribarían al país entre el 18 y 22 de marzo, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) está previsto para el 23 de marzo.

Plan Centinela

Ante el incremento en los precios, el Gobierno anunció el fortalecimiento del Plan Centinela, un mecanismo para supervisar el comportamiento del mercado de combustibles y detectar posibles prácticas de especulación o acaparamiento.

Según datos presentados al 18 de marzo por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), se han trasladado 79 denuncias al Ministerio Público (MP) relacionadas con irregularidades en precios, tanto en la capital como en sedes departamentales.