Por tercera ocasión, el juez Fredy Orellana confirmó el delito de homicidio a Carlos García Rubio, exviceministro de Gobernación, señalado del crimen contra Hansel Szarata, trabajador del Congreso.

García Rubio buscaba el cambio de delito a homicidio en estado de emoción violenta, pero el juez emitió su resolución este jueves 31 de julio en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal.

Sin embargo, a diferencia de las dos ocasiones anteriores, el señalado ya no solicitó el cambio de homicidio a homicidio culposo, sino que pidió ser procesado por homicidio en estado de emoción violenta.

En su argumentación, el juez Orellana indicó que la emoción violenta excluye la responsabilidad penal, pero no el homicidio, por lo que la pena a imponer es mínima en comparación con el delito de homicidio.

Agregó que la emoción violenta es difícil de argumentar y demostrar.

Afirmó que la emoción violenta la determina únicamente un juez, porque se trata de un tema jurídico.

Dijo que en el caso de García Rubio no existe dictamen psicológico o psiquiátrico que haga pensar que el señalado tenga algún trastorno conductual o enfermedad mental.

Explicó que tampoco se argumentó la emoción violenta, ya que el sindicado y el agraviado eran amigos, y falta conocer más sobre las circunstancias del hecho.

Indicó que, por lo anterior, no procede la reforma del delito solicitada por la defensa del señalado.

En declaraciones a la prensa, García Rubio externó que es “preocupante” y que no comparte la forma en que se maneja la investigación.

Agregó que han presentado varias pruebas a su favor, las cuales, según él, no han sido admitidas.

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Afirmó que no comparte la decisión del juzgado y que seguirá demostrando jurídicamente que existen suficientes elementos para, según él, mostrar su inocencia.

El 28 de abril recién pasado, el exviceministro de Gobernación fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva, señalado del homicidio de un trabajador del Congreso.

En 2021, García Rubio fue viceministro de Prevención de la Violencia durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

Al año siguiente, recibió Q306 mil del Ministerio de Ambiente, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones, por concepto de consultorías y capacitaciones. Sin embargo, ahora el Ministerio Público lo señala como responsable de la muerte de Hansel Szarata, quien era jefe del Departamento de Gestión Legal del Congreso de la República.

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