Los partidos UNE, Unionista, Vamos, Todos y Valor buscan quitarle dientes a la ley contra el lavado de dinero.
¿Qué se entiende por lavado de dinero? En términos sencillos, consiste en legalizar recursos obtenidos de forma ilegal para aparentar un origen legítimo. Por ejemplo, fondos provenientes del narcotráfico invertidos en empresas, como esa desmedida construcción de edificios de apartamentos, financiamiento ilícito de partidos políticos, fondos provenientes de la corrupción usados para comprar propiedades, utilización de cuentas bancarias para ocultar sobornos o la creación de empresas fantasma para justificar ingresos inexistentes.
Los diputados quieren maniatar al próximo fiscal general y volver irrelevante la Ley de Extinción de Dominio.
Desde esa perspectiva, es fácil entender por qué los diputados de los partidos UNE, Unionista, Vamos, Todos y Valor tratan de bloquear o quitarle dientes a la Ley contra el Lavado de Dinero que se discute en el Congreso. Por supuesto, si usted les pregunta si están de acuerdo con su aprobación, le dirán que sí. En la práctica la obstaculizan, quieren mediatizarla o tomarla como moneda de cambio para maniatar al próximo fiscal general o volver irrelevante la Ley de Extinción de Dominio.
Sandra Torres, la eterna candidata presidencial de la UNE, es quizá la figura emblemática detrás de las trabas a la Ley contra el Lavado de Dinero. Es lógico entender su rechazo porque durante sus tres campañas electorales fallidas ha recibido fondos de dudosa procedencia. En 2019, Prensa Libre dio a conocer el audio de una conversación de ella con el empresario Gustavo Alejos, en la que este aseguraba que Gabriel Guerra (aparentemente un contratista del Estado) le daría Q40 millones para sus actividades proselitistas.
La iniciativa 6593, presentada por el Ejecutivo en 2025, contiene la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Su objetivo principal es fortalecer el sistema financiero y evitar que Guatemala sea incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en la que están los países con deficiencias en la prevención del lavado. Esa situación supondría fuertes sanciones como aislamiento financiero internacional, una mayor supervisión, altos costos para transacciones, como el envío de remesas, y daño significativo a la reputación del país.
La iniciativa de ley fue desarrollada con la colaboración del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual garantiza que cumple con los estándares globales. En un país con controles laxos, que benefician las transacciones criminales, esa norma permitiría mayores niveles de transparencia y control sobre quienes manejan recursos financieros, además de fiscalizar a los proveedores del Estado. Esa rigurosidad es lo que hace temblar a los diputados que tendrían vínculos con el lavado de dinero.
Alan Rodríguez, el principal operador del expresidente Giammattei y jefe de la bancada Vamos, dice que no se opone a la aprobación de la ley, pero en realidad maniobra para debilitarla. Además de tratar de quitarle dientes a esa norma, insiste en modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público, para que el presidente pueda remover al fiscal general, con el objeto de debilitar su autonomía y someterlo al poder político. De igual manera, quiere modificar la Ley de Extinción de Dominio para paralizar la recuperación de ilícitos activos. Eso permitiría a los sindicados ocultar, vender o transferir los bienes mal habidos.
La discusión de esta iniciativa ha desnudado los intereses de quienes están involucrados en el lavado de dinero. Lo que presentan como “modificaciones técnicas” son intentos para desnaturalizar la lucha contra el lavado, sin entender que eso nos acercaría más a las sanciones del Gafi.