El abogado César Calderón confirmó este miércoles 11 de junio que el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, no efectuó el pago de la reparación digna impuesta al aceptar cargos en el caso Cooptación del Estado.

Agregó que el plazo venció el 31 de mayo recién pasado y que, por el incumplimiento, el exmandatario podría regresar a prisión.

Calderón explicó que el pago se efectuó parcialmente por el delito de lavado de dinero, aunque no se hicieron los demás pagos, ya que, desde que estuvo detenido, a Pérez Molina le embargaron cuentas bancarias, especialmente la de su salario, la cual no debió ser embargada.

“Entonces, sin recursos no se puede cumplir con la obligación de la sentencia”, indicó Calderón.

Señaló que la ley establece que deben revocarse los beneficios cuando no se efectúan los pagos, aunque falta que el juez resuelva.

Cuando le preguntaron si Pérez Molina podría regresar a prisión, el abogado respondió: “No creo que vuelva a prisión; lo que habría que aplicar, en todo caso, sería el cumplimiento de las condenas por las que corresponde, excepto la de lavado de dinero”.

En ese sentido, se tendría que pagar la conmuta por los años de cárcel que corresponden a cada uno de los delitos.

Según Calderón, si la reparación digna no se puede pagar, “no se puede pagar”, y ese extremo podría reclamarse en otra vía, por ejemplo, la civil, aun tratándose de un proceso de aceptación de cargos.

Afirmó que, después de que el juez reciba el pronunciamiento de cada una de las partes, tomará la decisión de lo que hará con el caso, si revoca o no revoca.

En el caso, el juez citó a las demás partes a audiencia y el plazo vence este miércoles 11 de junio a las 15.30 horas.

El 29 de enero de 2025, el expresidente Otto Pérez Molina acudió al Juzgado de Mayor Riesgo B a solicitar información sobre los pagos que debe efectuar como reparación digna en el caso Cooptación del Estado.

En esa ocasión indicó que la sentencia por este caso está en firme, por lo que debe realizar dichos pagos.

Calderón detalló entonces que, entre los pagos de reparación digna que debe efectuar el exmandatario, se encuentran Q2 millones a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y Q2 millones a la Empresa Portuaria.

El 6 de septiembre de 2023, el expresidente se declaró culpable de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en una trama de corrupción ocurrida durante su gobierno, conocida como caso Cooptación del Estado, y fue condenado a ocho años de prisión.

El exmandatario aceptó los cargos para obtener una reducción de penas por los delitos que se le imputan.

La extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señaló, en 2015, al expresidente de dirigir una estructura criminal que recibió Q500 millones (unos US$63 millones) en comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de contratos en diversas instituciones estatales.

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