En un mundo cada vez más pequeño e interconectado, la cuestión de la migración y la movilidad territorial debe pasar del frío ámbito administrativo y técnico al centro del debate humano; ético, político y filosófico. En este contexto, la visión liberal, la tradición de pensamiento contemporáneo que privilegia la libertad personal, la igualdad de todos ante la ley y la existencia del Estado de Derecho ofrece una propuesta coherente y compatible con las otras libertades políticas y económicas; el reconocimiento del derecho humano a la libre migración como una extensión lógica y necesaria de la libertad de todas las personas.

El principio liberal de libertad personal sin duda reconoce el derecho de todas las personas humanas a movilizarse y escoger libremente su lugar de residencia sin más impedimento que respetar los derechos adquiridos de los demás.

El liberalismo clásico, desde sus orígenes en el siglo XVII con pensadores como John Locke, hasta sus desarrollos modernos en autores como Friedrich Hayek o John Rawls, ha defendido la libertad del individuo para buscar su propia realización y florecimiento, siempre que no vulnere los derechos de otros. Esta libertad incluye, de forma implícita, la posibilidad de elegir dónde vivir, trabajar o formar una familia. El derecho a emigrar, a abandonar un país, ha sido aceptado por la mayoría de los Estados modernos; sin embargo, el derecho a inmigrar, a entrar y permanecer en otro país, sigue siendo obstaculizado por fronteras rígidas y muchas veces artificiales que han separado políticamente a pueblos y sociedades, así como sistemas migratorios sumamente restrictivos.

La visión liberal sostiene que, si reconocemos que los seres humanos tienen el derecho a moverse dentro de su propio país, la llamada “libertad de tránsito”, no hay una razón ética convincente para negar ese mismo derecho a escala global. Las fronteras estatales, desde esta óptica liberal, son construcciones políticas artificiales que no deben estar por encima de los derechos naturales inherentes de las personas.

El derecho a la libre movilidad internacional no es solamente una cuestión de coherencia filosófica, sino también de justicia. En un planeta caracterizado por la desigualdad estructural entre los casi doscientos países existentes, algunos con abundancia de recursos, instituciones estables y acceso y reconocimiento a los derechos humanos, y otros en cambio sumidos en la pobreza, la violencia o el colapso ambiental, negar el derecho a migrar libremente es perpetuar una lotería geográfica cruel y arbitraria.

Desde una perspectiva liberal igualitaria, como la que plantea John Rawls, permitir la migración podría ser una forma legítima de corregir desigualdades de origen. No se trata de imponer redistribución internacional mediante políticas fiscales, una propuesta polémica entre los grupos liberales, sino de permitir que las personas, mediante su propio esfuerzo y decisión individual o familiar, puedan mejorar su situación migrando a circunstancias más propicias.

Además, existen numerosos estudios que muestran que los migrantes no solo mejoran sus propias condiciones de vida, sino que contribuyen significativamente al crecimiento económico y al dinamismo cultural de las sociedades receptoras. La visión liberal abraza esta evidencia empírica como un poderoso argumento económico/cultural a favor de abrir las fronteras y entretanto se concientiza de estas ventajas a la población de las sociedades receptoras de los inmigrantes de flexibilizar significativamente los procesos de inmigración fronterizos.

Existen, por supuesto, objeciones comunes a la libre migración desde sectores conservadores, nacionalistas o incluso comunitaristas de la llamada izquierda. Algunos sostienen que una apertura migratoria desestabilizaría el mercado laboral, erosionaría la cultura nacional o debilitaría la cohesión social. Otros temen que el Estado de bienestar se vea sobrecargado por la llegada de migrantes pobres.

La tradición liberal responde a estas objeciones con varios argumentos. En primer lugar, enfatiza que los derechos individuales de las personas no deben subordinarse a consideraciones colectivas vagas o hipotéticas. La cultura, por ejemplo, no es una entidad estática que preservar, sino una realidad dinámica que se enriquece con el intercambio humano. En segundo lugar, se pueden diseñar políticas de integración que permitan a los migrantes contribuir de forma positiva a las sociedades receptoras, sin necesidad de discriminarlos ni convertirlos en chivos expiatorios a los que se les cargan los problemas de toda sociedad.

En cuanto al Estado de bienestar, algunos liberales proponen desacoplar temporalmente ciertos beneficios del estatus migratorio, sin que ello implique negar derechos fundamentales. Otros, más radicales, sostienen que la libre movilidad puede coexistir con redes de protección social sostenibles, siempre que se gestionen con inteligencia y voluntad política.

Proponer el derecho humano a la libre migración implica repensar el orden mundial actual. Significa afirmar que ningún Estado tiene el derecho absoluto de negar la entrada a un ser humano pacífico que busca una vida mejor. Significa reconocer que la pertenencia a una nación no puede seguir siendo una barrera infranqueable para el acceso a oportunidades, seguridad o dignidad.

Esta propuesta no niega los desafíos que implica tal visión, pero afirma que los principios liberales básicos, libertad, igualdad y autonomía personal, deben guiar el camino. En un siglo XXI marcado por crisis migratorias, desplazamientos forzados y nuevas formas de autoritarismo, defender la libre movilidad territorial de toda persona es, quizá, una de las últimas grandes causas liberales.

La historia de seguro juzgará a nuestra generación por cómo respondemos a esta cuestión. ¿Optaremos por muros y alambradas o bien por puentes y corredores humanitarios? La visión liberal nos llama a escoger lo segundo: un mundo donde todos, sin importar el lugar de nacimiento, puedan aspirar legítimamente a una vida más satisfactoria y libre.