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Q21 mil 100 millones: el dinero que ha tenido el MP de Consuelo Porras al frente; ¿ha mejorado?
El Ministerio Público (MP) se ha convertido en los últimos años en la institución del sector justicia más poderosa del país, al extremo que, en el último trienio, su presupuesto asignado ha superado al del propio Organismo Judicial (OJ). Con Consuelo Porras al frente, de 2018 al 2024, el MP ha contado con presupuestos asignados […]
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Resumen Automático
El Ministerio Público (MP) se ha convertido en los últimos años en la institución del sector justicia más poderosa del país, al extremo que, en el último trienio, su presupuesto asignado ha superado al del propio Organismo Judicial (OJ).
Con Consuelo Porras al frente, de 2018 al 2024, el MP ha contado con presupuestos asignados que suman Q21 mil 152 millones. Por si eso fuera poco, a estas asignaciones se le hicieron modificaciones por Q352 millones adicionales, según una revisión que hizo La Hora en el Sistema de Contabilidad Integrada de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado (Sicoindes).
Estos datos contrastan, según analistas, con los escasos resultados en cuanto a la persecución penal, lucha contra la impunidad y averiguación de la verdad, funciones esenciales del MP, así como del abuso de la desestimación de casos, figura que se emplea cuando no hay suficientes pruebas para iniciar una investigación y esta se cierra.
En 2017, el presupuesto asignado de la institución alcanzó los Q1 mil 842 millones. Para 2024 —siete años después— este ya superaba los Q4 mil 316 millones, un incremento del 134 por ciento. Para este año el presupuesto de la Fiscalía llega a Q4 mil 828 millones, el del OJ tiene Q628 millones menos.
Históricamente, el presupuesto del MP siempre fue inferior al del OJ. Por ejemplo, a inicios de la década pasada, los recursos del primero representaban el 46% del los del segundo.
Ya en 2018, los fondos asignados al ente persecutor eran el equivalente al 62%. En 2022, prácticamente se igualaron, y ya para 2025, el presupuesto asignado al MP es 15% superior al del OJ.
¿RESULTADOS?
A decir de analistas, el generoso incremento presupuestario que le ha sido asignado al Ministerio Público contrasta con los resultados en cuanto al combate a la impunidad.
El pasado 3 de mayo, este medio publicó un artículo el cual da a conocer que el 94 por ciento (%) de las denuncias por extorsión quedan en nada. La nota revela que la institución, de 2018 hasta febrero de 2025, ha obtenido apenas seis sentencias condenatorias por cada 100 denuncias que presenta la ciudadanía por el referido delito.
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Además, en otro trabajo periodístico publicado el 12 de mayo, se muestra que en cuanto al robo de celulares la impunidad es del 99%.
Desde que Porras fue nombrada fiscal general, el MP ha recibido más de 167 mil denuncias por robo celulares y solo en el 0.74 por ciento de los casos se ha alcanzado una sentencia condenatoria.
Puntualmente, del total de denuncias, 1 mil 246 concluyeron con una condena. El resto de casos se encuentra en otras fases procesales, fue desestimado, archivado o resultó en sentencias absolutorias.
En cuanto a homicidios y asesinatos, de acuerdo con datos proporcionados por el MP, de mayo 2018 a febrero de 2025, se recibieron 29 mil 79 denuncias, frente a 3 mil 274 condenas, lo que da como resultado una efectividad del 11.26% y una impunidad del 88.74%.
MÁS RECURSOS, IGUALES RESULTADOS
El promedio anual del presupuesto asignado al MP desde el año en que Porras fue nombrada supera por mucho al que le fue dado a las anteriores fiscales generales, Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz.
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Un análisis que publicó recientemente el Observatorio de la Violencia de la organización Diálogos recopila los presupuestos asignados de 2010 a 2013, según los cuales el promedio anual fue de Q781.2 millones.
En el siguiente cuatrienio, este llegó a Q1 mil 336 millones, mientras que en los ocho años de la actual fiscal general el promedio anual de recursos asignados es de Q3 mil 247 millones.
Pero los resultados no han mejorado en los ocho años de Porras al frente del MP. «Si asignamos más recursos debería verse, en la misma proporción, más efectividad, y este no ha sido el caso», expuso Sergio Texaj, investigador de Diálogos y uno de los coautores del análisis.
El analista cuestionó el desbalance presupuestario que hay entre las otras instituciones del sistema justicia que reciben muchos menos recursos que los que son asignados a la Fiscalía General. Estas son: el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el Instituto de Atención a la Víctima.

Paradójicamente, explicó que los fondos para el MP fueron aumentando en mayor medida desde 2022, año en que Consuelo Porras empezó a ser incluida en listas de corrupción o de actores antidemocráticos. Hoy en día tiene vetado el ingreso a más de 40 países. «Había un mensaje político de respaldo y protección a Porras», considera Texaj.
Añadió que los indicadores de impunidad aumentaron con Porras al frente del MP y que la «supuesta eficacia» de la que hablan se debe a que gran parte de las denuncias son desestimadas. «La impunidad fue alta en tiempos de Claudia Paz y Thelma Aldana, pero con Consuelo Porras, en su segundo periodo, sube incluso a niveles del 2005 y 2007. A pesar de que hay mayores recursos asignados, hay peores resultados», señaló.
AGENDA POLÍTICA
A criterio de Manfredo Marroquín, analista político y fundador de Acción Ciudadana, los aumentos presupuestarios reflejan que los gobiernos anteriores premiaron al MP a cambio de que no accionara para investigarlos.
Dijo que el dinero se asignó sin que existiera una medición de los resultados de la Fiscalía General. «Era evidente que se trató de un arreglo de gobiernos a manera de quitarle la independencia que debía tener el Ministerio Público. Por eso vemos que los resultados en cuanto a delitos graves de corrupción se tapan», puntualizó.
Sin embargo, subrayó, en términos de delitos que impactan a los ciudadanos de a pie, como robos, extorsiones u homicidios, «estamos igual o peor».
«El MP no es neutral. Investiga a unos por delitos o temas que son administrativos y los vuelve penales y obvia los grandes delitos que ocurren a la vista de todos. Es evidente que tiene una agenda política y que su prioridad es atacar al actual gobierno porque estaba muy cómodo con los anteriores que hasta la felicitaban —a la fiscal general— por el trabajo no realizado», manifestó Marroquín.
ENFRENTAMIENTO DESGASTANTE
Texaj y Marroquín coinciden en que el enfrentamiento que el MP mantiene con el actual gobierno, incluso desde antes que tomara posesión —la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), afirma que hubo fraude electoral—, lo ha desgastado, y peor aún, ha impactado negativamente en el resto de investigaciones.

«Definitivamente», aseveró el investigador de Diálogos, «porque el presupuesto asignado el MP gran parte se va para el montaje de todos estos casos y en la criminalización que han sufrido operadores de justicia». La investigación del supuesto fraude electoral, por ejemplo, hace que los recursos no se utilicen para el fin primordial del MP que es la persecución penal y la averiguación de la verdad, añadió.
Marroquín subrayó que esto también afecta al estado de Derecho porque le resta credibilidad a una institución vital para la aplicación de la ley. Todas las acciones del MP se ven como parte de una «agenda de persecución política. No hay credibilidad de que se persigue a delincuentes, sino según el color político», resaltó.
«NARRATIVAS DE MENTIRAS»
La oficina de Comunicación del MP respondió a La Hora que opiniones y publicaciones como la de la organización Diálogos parten desde un «punto de vista sesgado y con la intencionalidad de continuar alimentando una narrativa llena de mentiras y señalamientos sin fundamento».
Dijo que el presupuesto del MP entre el primero y el último año de gestión de la exfiscal Paz y Paz aumentó 63.53%, y entre el primero y último de la exfiscal Aldana el incremento fue de 84.65%.
Estos porcentajes, subrayó, son mayores que los aumentos ocurridos en el primer y segundo periodo de Porras, que fue de 45% y 35%, respectivamente.
En cuanto a los resultados o avances, la oficina aseguró que entre los años 2019, 2020 y 2021 la asignación disminuyó y que pese a ello lograron contratar personal y comprar equipo para alcanzar la cobertura al 100% en el país.
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Asimismo, enumeró 26 «acciones estratégicas» que se han implementado en estos siete años de gestión, entre estas, creación de agencias fiscales en 340 municipios, más fiscalías de sección, así como agencias y unidades fiscales especializadas, coordinación y participación en modelos de atención especializados y la implementación del Centro interinstitucional contra la Narcoactividad.
Además, la creación e implementación de áreas lúdicas, unidades de asistencia, de análisis criminal del nuevo modelo de gestión de casos o del sistema informático para la atención a víctimas.
También, entre otros logros, citó el haber obtenido la certificación ISO 9001-2015, en cuanto a sistemas de gestión de calidad, el fortalecimiento de diversas unidades, la adquisición de 708 vehículos y 249 motocicletas para diferentes áreas y la promoción de 84 convenios interinstitucionales de cooperación.
Porras, añadió la oficina de Comunicación, «se ha caracterizado por liderar una de las gestiones más eficientes de los últimos 30 años en el Ministerio Público, logrando que la justicia esté al alcance de todos los ciudadanos y que llegue de forma objetiva, accesible y eficaz».