Dentro de las urgentes necesidades de Guatemala está la de reformar al sector justicia para sacarlo del atolladero armado por las mafias para garantizarse la más absoluta impunidad que les permita seguir robando a manos llenas, aún después de haberse dado un cambio de gobierno que fue producto de un mandato popular para sanear al país. En los últimos días se han visto acciones que pretenden modificar la forma en que, vía postuladoras amañadas, se conforma la estructura judicial y de todo lo que tiene que ver con la investigación y denuncia de actos de corrupción, tema que ha captado la atención de diversos sectores de la ciudadanía.

Tanto así que el tema es uno de los que se abordan en el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo que realiza periódicamente Fundesa, entidad fundada para contribuir al desarrollo nacional, escenario en el que destacó la participación de Alejandra Carrillo, quien es Secretaria Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Justicia. En teoría, toda reforma tiene que ser para destrabar la justicia y liberarla del control que ejercen las mafias y suponemos que ese es el interés de Fundesa y del Enade, aunque las formalidades hicieran que dieran espacio a figuras que han sido y siguen siendo piezas clave de la cooptación de nuestro Estado de Derecho.

Pocas realidades nacionales demandan con tanta urgencia una reforma profunda como todo lo que tiene que ver con la administración de justicia, la investigación criminal y la fiscalización del manejo de los fondos públicos. Ahora mismo estamos en el proceso para elegir Contralor de Cuentas y resulta que uno de los bandos que operan con total descaro es el que dirige nada más y nada menos que el “Rector” de la Universidad de San Carlos, quien cabalmente ha sido denunciado por la Contraloría por malos manejos de los recursos del Estado.

Debemos, todos en el país, actuar con seriedad para entender la dramática realidad que se vive por el papel de los mafiosos de la corrupción que controlan la justicia para tener impunidad, beneficio que, desde luego, puede lograr también el mejor postor y es obvio que al narcotráfico y al crimen organizado no les hacen falta recursos para poder pagar por ese extraordinario privilegio que ha convertido a Guatemala en paraíso de los peores grupos, incluyendo esos que Estados Unidos ahora señala como objetivo principal para garantizar la estabilidad en la región.

Discutir las reformas es saludable, pero hay que hacerlo en un contexto en el que no se abran espacios a los que, precisamente, han sido piezas clave de la creación del modelo actual. Reformas que vengan de esos grupos simplemente serán para impedir el accionar ciudadano en busca de un mejor futuro.