La captura del líder indígena Luis Pacheco, viceministro de Energía, es una nueva acción llena de dudas, pero también, vista de una perspectiva diferente, una comprobación adicional de haberse convertido el Ministerio Público en un arma de venganzas políticas de todo tipo. Se trata de un dirigente de los 48 cantones de Totonicapán, grupo indígena que al principio había logrado el apoyo popular, aunque se interrumpiera el paso en calles y carreteras, para exigir el respeto a los resultados electorales del 2023. Sin embargo, lo perdió cuando los muchos días de las protestas causaron millonarias pérdidas, convirtiéndose además en un aliado del partido Semilla. Por esta razón fue premiado con ese puesto, para el cual no parece tener las cualidades necesarias.

A mi juicio, este error fue el primero de Bernardo Arévalo en el territorio nacional además de los cometidos afuera. Otro fue la decisión de negociar. El mayor, cometido al principio del gobierno, fue mantener en su puesto a Consuelo Porras, instalada ilegalmente en ese cargo porque su antecesora también lo fue. No lo hizo como consecuencia de haber sido convencido por su cuerpo de abogados y no haberse mantenido firme. En resumen, la señora no cumple con las condiciones para ese puesto, y por eso la respuesta presidencial del miércoles no cabe, al ser efecto de su error. La reacción del miércoles está fuera de tiempo y no tendrá efecto porque el Congreso no lo hará. El golpe artero lo cometió él también, por pasividad, aunque tiene razón al hablar de hostilidad.

El papel de “verduga” de Porras se comprueba con el tiempo pasado desde el supuesto o real delito. Las capturas son malintencionadas porque pudieron haberlas hecho hace más de un año y entonces se comprueba la intención politiquera y la venganza. Por supuesto, a quien se le desea causar daño con la burla de la ley y se le imputan delitos. A Pacheco, de terrorismo, o sea violencia indiscriminada para crear alarma social y terror con fines políticos; sedición (alzamiento colectivo y violento, pero menor a la rebelión, consistente en sublevar a un grupo para derrocar a un gobierno). Obstaculización a la acción penal y a la justicia, y levantamiento público, un conjunto de personas o bandas organizadas para crear alarma social con fines políticos.

Otra razón para ver una venganza detrás de todo esto surge con el gran número de delitos. Los acusados pasarán presos todo el tiempo faltante de Consuelo Porras porque habrá formas de encontrar nuevos juzgados para juzgarlos y entonces, si se libran de un delito no podrán salir porque les faltarán otros por resolver, y para mientras estarán encarcelados en condiciones nefastas. Quienes consideran estas acciones como cumplimiento de la tarea del MP están de acuerdo con ese burdo ardid y, por tanto, son cómplices de hecho o simplemente se alegrarán debido a ignorancia de la ley, aunque también es posible sostener un criterio de maldad personal. Eso se comprobará conforme se vayan desarrollando los acontecimientos relacionados con este caso.

La explicación del significado de las palabras es importante porque según las leyes guatemaltecas, en caso de duda entre la definición legal y la del Diccionario de la Lengua Española, esta última es la superior. Para saber si el significado de las acusaciones coincide. En este caso, y muchos otros, hay dudas y según la justicia guatemalteca debe revisarse. Si no las hubiera, tampoco habría necesidad. La Academia Guatemalteca de la Lengua puede ser consultada para dar veredictos lingüísticos y ponerlos a disposición de jueces y magistrados, así como los defensores o acusadores en un determinado caso y facilitar la correcta aplicación de la justicia, tarea ajena a la AGLE. En una ocasión la dirigía y me tocó escribir una explicación de este tipo, a petición expresa de una de las partes.