Un compromiso para salvar vidas
La seguridad ciudadana exige un esfuerzo compartido y un compromiso que perdure en el tiempo.
En el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2026, titulado “A paso seguro”, realizado el pasado jueves, seis instituciones públicas de seguridad y justicia y tres organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta de entendimiento para mejorar la justicia penal. El compromiso acompaña una meta que debe unir al país: reducir la tasa de homicidios a ocho por cada cien mil habitantes en la próxima década. Para alcanzarla habrá que trabajar en equipo, sostener el esfuerzo y evaluar los resultados.
La firma tiene una historia. En noviembre de 2014 se conformó la Coalición por la Seguridad Ciudadana, con participación del sector público, el sector empresarial y la sociedad civil. En abril de 2016, autoridades de seguridad y justicia y representantes empresariales suscribieron un acuerdo para apoyar la elaboración de una Estrategia Nacional de Seguridad y Justicia. Se plantearon dos etapas: conocer el funcionamiento del sistema y desarrollar proyectos para mejorarlo.
La primera se cumplió con la construcción del Flujograma de la Justicia Criminal. Con apoyo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), una firma especializada y los equipos técnicos institucionales, se elaboró una radiografía del recorrido de los casos. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) acompañó el proceso y luego asumió la continuidad de las mediciones.
El flujograma permite conocer los ingresos, las salidas y los casos pendientes e identificar dónde se detienen. Una investigación puede estar bien realizada, pero si el expediente no avanza, la respuesta queda incompleta. La demora judicial también mantiene abiertos los casos de la defensa pública. Cada institución tiene sus funciones, pero sus resultados dependen de las demás.
Reducir los homicidios exige instituciones que funcionen y oportunidades para la población.
Mantener esta colaboración durante más de una década merece reconocimiento. Han cambiado las autoridades y ha sido difícil obtener recursos, pero el trabajo con los equipos técnicos continuó. Alianzas entre el sector público y la sociedad civil logran esa continuidad.
Quedó pendiente la segunda etapa, que debía definir indicadores, metas, recursos y proyectos a partir de los hallazgos. La nueva carta abre la oportunidad de cumplir esa tarea. Conocer los problemas ayuda, pero corresponde corregirlos. Las instituciones deben acordar prioridades, establecer responsables y dar seguimiento a los compromisos, sin perder su independencia.
La Coalición presentó cuatro propuestas en Enade: fomentar la denuncia anónima y protegida, con recompensas para quienes contribuyan; digitalizar e interconectar las instituciones de seguridad y justicia; fortalecer la Policía Nacional Civil y ampliar los programas integrales o zonas seguras por todo el país, y lograr el control penitenciario y construir cárceles de máxima seguridad.
También hace falta una estrategia contra el crimen organizado, tema abordado en Enade. Reducir los homicidios exige capacidad para investigar, perseguir y sancionar a quienes los cometen. El gobierno debe funcionar y ejecutar lo acordado. La meta necesita una línea base oficial, metas intermedias y seguimiento para conocer los avances y corregir lo que no funcione.
A ese esfuerzo debe sumarse una estrategia de desarrollo económico y social. La seguridad requiere ciudadanos saludables, oportunidades de educación y empleo, comunidades donde sea posible prosperar y servicios públicos que funcionen. Llegar a ocho homicidios por cada cien mil habitantes debe formar parte de un proyecto de nación. Entre 2014 y 2024, la tasa bajó de 32.7 a 16.1, cerca de la mitad. La primera etapa dejó un diagnóstico y una cultura de trabajo en equipo. La segunda debe convertirlos en resultados que salven vidas y fortalezcan el Estado de derecho.