La generación del posenfrentamiento
Un nuevo ciclo de violencia amenaza extenderse en el país
La paz ofreció a una nueva generación abandonar el sufrimiento de una guerra interna irregular. El enfrentamiento suponía utilizar medios letales y tácticas algunas veces de gran irresponsabilidad para avanzar planteos ideológicos. Todavía más, utilizando recursos públicos, se organizó un aparato delictivo para practicar la tortura y la desaparición de personas. De esa pesadilla, salió el país, a través de la firma de los acuerdos de paz, en un lejano 1996.
Después de 30 años, una nueva generación gozó de libertades y derechos políticos, importantes. La erradicación de cualquier abuso por los cuerpos armados del Estado, el respeto con altibajos de la Constitución y la protección para el emprendimiento con relativa seguridad legal administrativa generaron una sociedad llamada al trabajo honrado, aunque sin superar rezagos económicos causantes de la emigración masiva hacia EUA.
La libertad de la palabra se constituyó en un valor compartido. Se pudo opinar en esos 30 años sobre cualquier tema. Poner distancia sobre los criterios morales restrictivos de la libertad, sobre todo en materia sexual; criticar a prelados y pastores; utilizar ampliamente el derecho consignado en el artículo 35 constitucional sobre crítica y señalamientos contra funcionarios; exigir ampliación de los derechos sociales y asumir las más diversas posturas sobre los asuntos internacionales. No se había conseguido una sociedad de bienestar, pero al menos se podía vivir con relativa tranquilidad.
Sin embargo, cual gusano devorando una fruta, crecía la narcoactividad. Al inicio, simple trasiego; después, producción y almacenamiento, para terminar estableciendo áreas bajo control de pandillas. Operan a todo nivel. Penetran instituciones, especialmente aduanas, Policía y Ejército. Se acompaña del blanqueamiento de activos y, especialmente, lavado de dinero. Es un monstruo invadiendo las garantías y derechos sociales. Se advierte en el crimen de poca monta, operado por las llamadas maras, hasta control del transporte aéreo y marítimo.
El respeto a la ley en una sociedad pacífica tiene como garantía a fuerzas de seguridad honestas.
El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa tiene ese entorno. Un destacado miembro de la generación aludida. Servidor de la comunidad, probado por su actuación bomberil, universitario, fiscal, recaudador de impuestos, comentarista corrosivo de beneficiarios del crimen. Al igual que muchos de su generación, le daba valor a la libertad de la palabra. La crueldad de los sicarios, la planeación, busca asegurar la impunidad. Frente a tal sevicia, aparece una Policía degradada, acostumbrada a soportar a los malos elementos partícipes de exacciones y coacción ilegal. Cada vez aparece con mayor evidencia: se ha iniciado un nuevo ciclo de violencia en el país.
De nada sirven las declaraciones ejemplares del ministro de Gobernación, dignas de estudio por estudiantes de Derecho, o los sentimientos del presidente. Se trata de un período trágico, donde el ciudadano habrá de enfrentar a partidarios del negocio de las drogas, el peculado en las obras públicas, la entrega de la soberanía para constituirla en una nación subalterna, supeditada a funcionarios internacionales inexpertos de bajo nivel. Triste entorno para la nueva generación.
No se trata de nada excepcional, sino el cuadro problemático de los siguientes años. Este vil asesinato deja a una familia descabezada de su guía, un hombre bueno. Y una madre, Silvia, ejemplo de lucha por la dignidad humana, a favor de la paz y el bienestar para todos. Aceptó la reconciliación y ha tenido una participación política constructiva para el país y Centroamérica. Nuestro sentido pésame.