Departamento de Justicia de Trump intensifica acciones contra sus adversarios antes de las elecciones en EE. UU.
A días de las elecciones legislativas, el Departamento de Justicia impulsa procesos contra críticos de Trump y enfrenta cuestionamientos por posibles motivaciones políticas.
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, ha tenido semanas de intensa actividad.
En vísperas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, el máximo responsable del Departamento de Justicia ha participado en actos de campaña, incluida la convención republicana en Texas y mítines de candidatos aliados del presidente Donald Trump en Nueva York y Carolina del Norte.
Bajo la dirección de Blanche, el Departamento de Justicia ha presentado demandas amplias y controvertidas relacionadas con las elecciones. Entre ellas figura una acción judicial contra el estado de Alaska, presentada la semana pasada, para impedir de manera preventiva la certificación de los resultados de una reñida contienda por el Senado si el candidato republicano pierde.
La institución también ha ejecutado órdenes de registro y presentado cargos penales contra algunos adversarios políticos de Trump. Estas acciones coinciden con las promesas hechas a la base conservadora del presidente de que funcionarios actuales y anteriores, a quienes consideran corruptos o contrarios al mandatario, enfrentarían consecuencias legales.
Tradicionalmente, el Departamento de Justicia ha mantenido un perfil discreto en los meses previos a las elecciones, para evitar que sus actuaciones se perciban como intentos de influir en los comicios.
Sin embargo, Blanche ha tenido algunas de sus semanas más activas como fiscal general antes de las elecciones legislativas de la próxima semana, al involucrarse en casos políticamente delicados mientras recibe el respaldo del presidente.
Entre los investigados recientemente se encuentra James B. Comey, exdirector del FBI y crítico de Trump, quien este mes fue acusado por tercera vez en 13 meses en un proceso federal.
Esta semana, el Departamento de Justicia también intentó, sin éxito, obtener una acusación formal contra Cassidy Hutchinson, exasesora de Trump, por presuntamente mentir al Congreso durante su testimonio sobre las acciones del presidente durante el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021.
Días antes, la institución acusó a dos exfuncionarios del FBI, criticados durante años por sectores de derecha, de mentir al Congreso.
Los partidarios más firmes de Trump han aplaudido a Blanche. Sostienen que el Departamento de Justicia ha sido utilizado durante mucho tiempo como instrumento político contra el presidente y que ahora presenta casos legítimos contra personas que, según ellos, infringieron la ley.
“Este departamento se rige por los hechos y la ley, no por el calendario político de nadie”, declaró el Departamento de Justicia en un comunicado.
Pero los críticos y exabogados de la institución afirman que el fiscal general permite que se presenten casos débiles que, a su juicio, parecen responder al deseo de venganza del presidente, en lugar de basarse en motivos legítimos para aplicar la ley, justo antes de que los votantes acudan a las urnas.
“Lo que estamos viendo en el Departamento de Justicia es profundamente preocupante, no por un caso en particular, sino por el patrón acumulativo”, dijo Perry Carbone, exfiscal federal del Distrito Sur de Nueva York que dejó la institución el año pasado.
“Un Departamento de Justicia no puede mantener la confianza pública si sus decisiones parecen depender de a quién le agrada o le desagrada al presidente, o a quién quiere castigar”.
Registros y acusaciones contra figuras demócratas
Ante la proximidad de las elecciones legislativas, el Departamento de Justicia ha emprendido una serie de acciones contra adversarios políticos de Trump y sobre asuntos en los que el presidente y sus aliados han insistido durante años.
Hace dos semanas, las autoridades federales registraron la vivienda de la representante demócrata Ilhan Omar, de Minnesota, en Washington D. C., por acusaciones de que la primera congresista estadounidense de origen somalí mintió en documentos migratorios.
Los abogados de Omar, quien busca la reelección en noviembre, calificaron el registro de políticamente motivado. Señalaron que la congresista es una crítica de Trump contra quien los republicanos han difundido acusaciones infundadas durante años.
Blanche y el Departamento de Justicia defendieron tanto el registro como el momento en que se llevó a cabo.
Afirmaron que la llamada política de los 60 días —una directriz no escrita según la cual el Departamento de Justicia debe evitar actuaciones públicas de las fuerzas del orden durante los dos meses previos a una elección— es una práctica informal, no una norma escrita.
También aclararon que esta política no obliga a las autoridades a suspender su trabajo durante el período electoral.
“Nosotros no hacemos venganzas políticas”, dijo Todd Blanche en una conferencia de prensa la semana pasada.
Una semana después del registro de la vivienda de Omar, el Departamento de Justicia presentó cargos contra la senadora estatal de Virginia L. Louise Lucas, una de las demócratas más influyentes del estado, en el marco de una investigación de larga duración por corrupción relacionada con un negocio familiar de marihuana.
Su abogado afirmó que Lucas negó los cargos.
Blanche y el director del FBI, Kash Patel, comparecieron juntos en una inusual conferencia de prensa para anunciar los cargos contra la legisladora estatal.
Lucas, crítica declarada de Trump, y otros demócratas afirmaron que el caso tenía motivaciones políticas. Blanche defendió la acusación.
“Lo que estamos haciendo es muy coherente con las prácticas anteriores”, dijo Blanche en la conferencia de prensa donde anunció los cargos.
“La gente puede criticar todo lo que quiera”.
La investigación contra Lucas comenzó durante la administración de Joe Biden.
Su hija, Lisa Lucas-Burke, también fue acusada y se presenta como candidata en las elecciones de noviembre para un puesto en el Concejo Municipal de Portsmouth.
Al día siguiente, el Departamento de Justicia acusó a dos exfuncionarios del FBI de hacer declaraciones falsas ante el Congreso que supuestamente obstaculizaron el trabajo de un comité de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, que investigaba a Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, antes de las elecciones presidenciales del 2024.
A través de sus abogados, ambos exfuncionarios negaron haber cometido irregularidades.
Los dos habían recibido duras críticas en internet por parte de sectores de derecha durante años. Los conservadores sostenían que habían intentado obstaculizar deliberadamente las investigaciones de los legisladores republicanos sobre una computadora portátil vinculada a Hunter Biden.
Demanda electoral en Alaska
La intensa actividad judicial continuó esa misma noche, cuando el Departamento de Justicia presentó una demanda en Alaska para solicitar a un juez que impidiera al estado certificar los resultados de las elecciones al Senado.
La petición se aplicaría si el actual senador republicano Dan Sullivan pierde por un margen menor que el número de votos obtenidos por otro candidato con un nombre similar, Dan J. Sullivan.
En ese caso, según el Departamento de Justicia, el tribunal debería investigar si la confusión de los votantes afectó el resultado.
El Gobierno estatal de Alaska, encabezado por republicanos, busca que se desestime la demanda. En una declaración que puso de manifiesto la estrecha relación entre Blanche y Trump, el presidente afirmó que había ordenado al Departamento de Justicia demandar a Alaska.
“Yo fui quien dijo que lo hicieran”, declaró Trump antes de un mitin de campaña en Florida.
Desde entonces, Blanche ha afirmado que el Departamento de Justicia llevaba meses analizando el asunto y que decidió presentar la demanda.
Nueva acusación contra James Comey
El lunes, la actividad del Departamento de Justicia cobró mayor relevancia cuando se hicieron públicos documentos judiciales que revelaron que los fiscales habían presentado cargos contra Comey por tercera vez a principios de este mes.
En esta ocasión, la institución alegó que Comey filtró material gubernamental confidencial a los medios de comunicación en el 2016, cuando era director del FBI.
Trump despidió a Comey en el 2017, durante su primer mandato. En una medida extremadamente inusual, los fiscales no obtuvieron una acusación formal de un gran jurado, sino que presentaron una denuncia penal contra Comey en Washington D. C.
El Departamento de Justicia explicó que recurrió a ese procedimiento para evitar que el delito prescribiera al cumplirse 10 años. El plazo vencía el mismo día en que los fiscales presentaron los cargos.
Sin embargo, los críticos señalaron que esa maniobra cuestionable reflejaba, a su juicio, los intentos de la institución por impulsar rápidamente un caso que consideraban débil, sin pasar por un gran jurado que podría haber rechazado la acusación.
El Departamento de Justicia tendrá que obtener posteriormente una acusación formal mediante un gran jurado.
Un portavoz de la institución señaló que los funcionarios federales presentaron la documentación bajo secreto de sumario el 5 de octubre y que un juez decidió hacerla pública a principios de esta semana, a petición de los abogados de Comey.
Exabogados del Departamento de Justicia cuestionaron la solidez del caso.
Los fiscales alegan que Comey ordenó a su personal, en el 2016, hablar con un periodista para abordar lo que él consideraba información errónea en un artículo sobre la vigilancia de correos electrónicos publicado por otro medio el día anterior.
“Mi reacción ante esta información es que no tiene fundamento”, declaró Michael Bromwich, exinspector general del Departamento de Justicia que representa a personas acusadas e investigadas por la administración Trump.
“Me resulta sorprendente que hayan presentado tres casos tan graves contra el mismo hombre”, Michael Bromwich, exinspector general del Departamento de Justicia.
Comey ha negado las últimas acusaciones y ha prometido defenderse en el proceso judicial.