La exhaustiva requisa masiva en el Sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Hombres, de la zona 18, dejó al descubierto, una vez más, los privilegios ilícitos que disfrutan los reos, en su mayoría pandilleros. En el lugar se encontraron armas de fuego, electrodomésticos, celulares, videojuegos y habitaciones con comodidades impropias para un reclusorio. La violenta acción de los mareros para tratar de evitar el ingreso de las fuerzas de seguridad revela que, más que una cárcel, esta instalación opera como un perverso centro logístico clandestino desde el cual se coordinan extorsiones y crímenes.

El año pasado hubo casi un centenar de requisas a cárceles. Los hallazgos fueron similares. Eso quiere decir que el verdadero desafío no es solo incautar lo hallado, sino evitar que esos objetos prohibidos no vuelvan a ingresar. Combatir esta porosidad ha sido un reiterado fracaso de gobiernos, ministros y directores penitenciarios. La corrupción —por sobornos o amenazas— permite que personal del sistema facilite la entrada de ilícitos, ya sea por acceso directo, lanzamientos desde barrancos cercanos o por medio de familiares de los reclusos. Cabe recordar que se han dado condenas de directores de presidios por colusiones con grupos de internos.

La prisión de máxima seguridad Renacer 1, en Escuintla, inaugurada en noviembre, es un ejemplo de cómo debería funcionar el sistema. Sus instalaciones a prueba de motines, aislamiento estricto, bloqueo de señales y la instauración de protocolos que impiden la interacción entre reclusos y custodios tienen un impacto disuasivo evidente: reos peligrosos trasladados a Renacer 1 insisten en regresar a sus prisiones anteriores, desde las cuales operaban con influencias y libertad de acción. Usan abogados y recurren a jueces discrecionales que merecen ser inspeccionados.

Ante el agotamiento del modelo penitenciario y la vulnerabilidad de los centros de detención actuales, es de urgencia nacional trazar el remozamiento del Centro Preventivo de la zona 18, por tres razones: 1. Está dentro de la capital, por lo cual constituye un foco de riesgo ciudadano; 2. Tiene una alta población; y 3. Es una infraestructura crítica de seguridad que lleva demasiado tiempo en una inercia que se ha vuelto peligrosa. El Ejecutivo debería, a través de la Dirección de Obras Públicas, demoler y sustituir dicho presidio, aprovechando mejor el terreno y utilizando las más recientes tendencias de diseño de edificios penitenciarios. Se debe separar a los detenidos según nivel de riesgo y reincidencia; los capturados por faltas menores, como accidentes de tránsito, deben ser ubicados en áreas específicas y seguras, libres de coacción y abuso.

Asimismo, se debe construir una zona de máxima seguridad, con muros de concreto y acero, con diseño especializado y confidencial, exclusas y celdas que reduzcan el contacto entre internos. Es indispensable el bloqueo de señales de celular y radio, actualmente utilizadas incluso para coordinar redes de taxis piratas desde el interior.

Pero el esfuerzo no puede recaer solo en el Ministerio de Gobernación. Las municipalidades deben ejercer su responsabilidad y combatir la circulación de vehículos utilizados ilegalmente como taxis: sin permiso, sin luces, sin seguridad, sin pilotos capacitados. Estos transportes de fachada sirven como instrumentos de crimen: tráfico de drogas, armas, dinero ilícito y, en algunos casos, como medios para asaltos, secuestros y ejecuciones extorsivas. Desde el Congreso se debe legislar para endurecer penas contra reos reincidentes y para crear protocolos de reinserción, sí, pero también de aislamiento estricto para proteger a la ciudadanía.